El Gobierno Nacional rechaza las actuaciones del Consejo de la Judicatura e instó al país mantenerse vigilante de la actuación del organismo «que no está a la altura de las necesidades de justicia que requiere el Ecuador».
Así lo advirtió este martes 29 de agosto u comunicado difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República.
El escrito manifiesta que el Gobierno «considera que la permanencia de los vocales involucrados ofende gravemente a la dignidad de la Función Judicial y afecta gravemente el convivir de la sociedad ecuatoriana».
Este comunicado se conoció poco después de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) informara su decisión de retirar la confianza a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Y advirtió que ya no representa al máximo órgano de justicia, como delegado de la Corte.
Así lo anunció la CNJ, a través de un comunicado difundido la noche de ayer, lunes 28 de agosto.
Mediante el escrito, la Corte Nacional manifestó que «los lamentables hechos» que involucran al titular del CJ, así como a los vocales de esa entidad, «lesionan la credibilidad institucional, la independencia judicial y la seguridad jurídica».
El comunicado informó además que se insta a los órganos nominadores de los demás vocales a rever la delegación otorgada, al estar involucrados en los actos que rechaza el artículo 179 de la Constitución, que habla sobre la designación de las principales autoridades del país.
El oficio también hace referencia al artículo 264.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual menciona que entre las funciones del Pleno del CJ, se encuentra velar por la transparencia de la Función Judicial. Sobre este punto, la Corte indicó que dicha atribución «se ha inobservado flagrantemente en sus últimas actuaciones».
Esta postura se conoció, luego de la polémica decisión de la Judicatura de destituir al juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías.
El juez llevaba la investigación en contra de Maribel Barreno, Juan Morillo, dos vocales del CJ, poco después la institución que lo removió del cargo. Lo particular de esta situación fue la forma en la que se destituyó al magistrado.
Una actuación cuestionada
La resolución se dio sin la mayoría de votos, con dos de cinco miembros: del presidente Wilman Terán y el vocal Xavier Muñoz, quien también se encuentra bajo investigación por supuesto lavado de activos. Se abstuvieron los vocales Fausto Murillo, Barreno y Morillo.
El audio del Pleno, que se realizó a través de enlace Zoom, se difundió a través de redes sociales y medios de comunicación. Ahí se advierte de otra irregularidad. Las intervenciones de Muñoz evidenciaron que se encontraba en estado etílico. Apenas y podía articular palabras y frases. Además, la cámara se mantuvo apagada.
Antes de que se difundieran las imágenes, la Fiscalía General del Estado, a través de un mensaje difundido en X (antes Twitter), rechazó la forma de actuar del CJ. Tras difundirse las grabaciones, la Fiscalía intervino las oficinas principales de la Judicatura, en Quito.
Además, el juez Macías presentó una acción de protección para que se le permita volver a sus funciones. La decisión sobre esta acción se resolverá en audiencia mañana, miércoles 30 de agosto.
El comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación se pronunció específicamente sobre el vocal Muñoz, quien ejerce como vocal delegado de la Función Ejecutiva propuesto, a última hora por el Gobierno anterior (Lenín Moreno). Según el documento, el presidente de la República, Guillermo Lasso, «le retiró su confianza en junio de 2022, por no sentirse representado por sus actuaciones».
Esa situación se vio asentada «con su bochornoso proceder» en la sesión en las que se destituyó a Macías.
Saquicela: «Se ha deslegitimado a la justicia»
En una entrevista a FM Mundo, Iván Saquicela, presidente de la CNJ, reiteró que el proceder de la Judicatura ha incurrido en actuaciones y decisiones que la «deslegitiman y ponen en entredicho a la justicia».
«Cuando la Judicatura impone una sanción o destituye a un juez debe hacerlo respetando la independencia judicial (…) Esto flagrantemente se ha inobservado», expresó Saquicela.
