domingo, abril 14, 2024
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Fiscalía desmantela red delictiva, integrada por jueces, policías y abogados

Agentes de la Policía durante el operativo ejecutado este miércoles. Fotos: Fiscalía

Catorce personas han sido detenidas dentro de una operación conjunta llevada a cabo en la madrugada del miércoles 3 de abril de 2024.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional desplegaron el operativo «Caso Plaga» en diversas ciudades de Ecuador, con el objetivo de desarticular una presunta red de delincuencia organizada. Reportes de Fiscalía dan cuenta de que entre los detenidos se encuentran funcionarios judiciales, exservidores y policías.

Las ciudades intervenidas incluyen Portoviejo, los cantones Rocafuerte y Flavio Alfaro en Manabí, así como Machala, Cuenca, Santo Domingo, la cárcel número 4 y Calderón en Quito, Chimborazo, Tungurahua y Guayas. Durante los allanamientos realizados en ocho provincias, se incautaron una serie de evidencias, entre ellas documentos, dispositivos de almacenamiento, terminales móviles y computadores portátiles.

La Fiscalía informó que la investigación se centra en el presunto otorgamiento ilegal de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad con sentencias penales, permitiendo así la impunidad a través de argucias jurídicas y abusos del derecho.

La fiscal Diana Salazar Méndez, este abuso de las acciones constitucionales se ha convertido en una plaga en el sistema de justicia, y se comprometió a continuar con la depuración de este tipo de prácticas.

El presidente Daniel Noboa reaccionó a la noticia en sus redes sociales, calificando la operación como otro golpe contra la delincuencia organizada y destacando la importancia de mantener la lucha contra este flagelo. Por su parte, la fiscal general Diana Salazar reafirmó el compromiso de la Fiscalía en la depuración del sistema judicial y la persecución de la corrupción, asegurando que no se detendrán en este empeño.

Miembros de la Fuerza Pública participaron

La supuesta organización delictiva, según el Ministerio Público, estaba compuesta por policías, exfuncionarios públicos, abogados en libre ejercicio, secretarios y jueces. Estos últimos habrían sido captados mediante sobornos para facilitar la liberación ilegal de reclusos. Los delitos relacionados incluyen tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El operativo se llevó a cabo de manera simultánea en varias provincias, con el objetivo de frenar las actividades de la organización delictiva que operaba en el sistema de justicia. Los allanamientos y detenciones se realizaron en una serie de sectores específicos, incluidas oficinas judiciales y domicilios particulares.

El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades trabajan en recabar más información y llevar a los responsables ante la justicia. (I)

Documentos incautados durante el operativo. Foto: Fiscalía

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