Con 82 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, permitiendo la posible instalación de bases militares extranjeras en el país. La propuesta fue impulsada por el presidente Daniel Noboa en el marco de su estrategia contra el crimen organizado.
La reforma recibió respaldo mayoritario del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), así como de asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik e independientes. En contraste, la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso tajantemente.
El siguiente paso será la revisión del texto por parte de la Corte Constitucional. Si el organismo lo aprueba, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a un referéndum para que la ciudadanía decida sobre la reforma.
La pregunta propuesta para la consulta dice: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras?
La votación se desarrolló en la sesión plenaria del 3 de junio de 2025, en medio de un debate que comenzó con la discusión de una nueva Ley de Inteligencia. La propuesta legislativa fue devuelta a la comisión para ajustes, pero la reforma constitucional sí fue tratada y aprobada en segundo debate.
Posturas divididas y efectos en la seguridad nacional
Durante el debate, Fernando Jaramillo, asambleísta de ADN, argumentó que la salida de la base militar de Manta en 2009 debilitó la lucha contra el narcotráfico. Según citó, mientras operaba dicha base, las incautaciones de cocaína aumentaron en un 498%.
Jaramillo también señaló que el Estado ecuatoriano no puede enfrentar por sí solo a las bandas delictivas transnacionales. En su criterio, es fundamental recibir apoyo de naciones aliadas para restaurar la paz en el país.
Del lado contrario, la asambleísta Nuria Butiñá, de la Revolución Ciudadana, advirtió que la reforma compromete la soberanía territorial y militar del Ecuador. Afirmó que decisiones políticas coyunturales pueden tener consecuencias irreversibles.
Butiñá también cuestionó que se omita en el debate público el riesgo de perder la neutralidad ecuatoriana en conflictos internacionales al permitir la instalación de tropas extranjeras.
La reforma sustituye el actual texto constitucional que prohíbe expresamente la presencia de bases militares extranjeras. En su lugar, se incluirá únicamente la frase “Ecuador es un territorio de paz”, dejando abierta la posibilidad de acuerdos militares con otros países.
Un cambio legal que marca la coyuntura política
La moción para aprobar la reforma fue presentada por la legisladora oficialista Nataly Morillo. En su intervención, advirtió que organizaciones delictivas como los Latin Kings han ganado poder político, infiltrando instituciones públicas y municipios.
Morillo argumentó que la presencia militar extranjera no solo es deseable, sino urgente, para combatir estas “multinacionales del crimen” que operan en el país.
Por su parte, Alfredo Serrano, del PSC, reconoció que la reforma no es una solución definitiva al problema de la inseguridad, pero aun así votó a favor del cambio constitucional.
Serrano subrayó que, por ahora, ningún país ha expresado oficialmente su interés en instalar tropas en territorio ecuatoriano. No obstante, consideró que es necesario dejar la puerta abierta a una futura cooperación internacional.
La propuesta fue enviada por Noboa el 17 de octubre de 2024 mediante el Decreto Ejecutivo No. 425. Desde entonces, generó controversias y movilizó a distintos sectores sociales y políticos del país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, lideró la sesión en la que se concretó el cambio constitucional. Se trató de un día clave en el cual también se discutió la creación de un sistema nacional de inteligencia.
Si el referéndum es aprobado por la ciudadanía, se consolidará un giro importante en la política de defensa y seguridad del país, con implicaciones tanto en el ámbito interno como internacional. (I)