Con 84 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 24 de junio de 2025 la Ley de Integridad Pública, enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa. La normativa, respaldada en la sesión 013 de la actual legislatura, provocó un intenso debate parlamentario por las reformas judiciales y penales que introduce.
El proyecto obtuvo también 62 votos en contra y dos abstenciones. Es la segunda ley urgente tramitada por el Ejecutivo en esta administración y busca fortalecer la lucha contra la corrupción, optimizar la contratación pública, modificar la gestión financiera estatal y endurecer el tratamiento penal para adolescentes infractores.
Uno de los temas más discutidos fue la disposición que permite juzgar a menores de edad como adultos en casos de delitos graves, con penas de hasta 15 años de cárcel. A cambio, se contempla una reducción del 50 % de la sentencia si el adolescente coopera delatando al reclutador.
Desde el oficialismo se defendió esta medida como una respuesta a la creciente participación de adolescentes en delitos violentos. Legisladores como Andrés Castillo (ADN) y Alfredo Serrano (PSC) sostuvieron que «los gatilleros adolescentes no se rehabilitan» y que la seguridad ciudadana debe priorizar a las víctimas.
En declaraciones emitidas el pasado 10 de junio, antes de ser analizado el proyecto de norma, Castillo explicó que, en la actualidad, la pena máxima para un adolescente que comete un delito grave es de ocho años. La propuesta busca que puedan enfrentar condenas de más de 20 años, similar a las de los adultos, especialmente en casos de delitos como el asesinato. La principal diferencia sería que cumplirían la condena en centros para adolescentes infractores hasta alcanzar la mayoría de edad, momento en el que serían trasladados a cárceles comunes para completar su pena.
El legislador argumentó que la inimputabilidad actual de los menores de edad ha llevado a las bandas criminales a reclutarlos para cometer delitos. Como evidencia, señaló que en lo que va de 2025 se han detenido 1.179 menores de 18 años por diversos delitos, y en 2024 la cifra fue de 2.277, con 73 de ellos involucrados en delitos contra la vida. Además, la propuesta de Castillo incluye la posibilidad de reducir la pena para aquellos adolescentes que colaboren con las autoridades judiciales, proporcionando información sobre quiénes los reclutaron y les ordenaron cometer los crímenes.
Reforma judicial y controversia política
La ley permite declarar en emergencia a la Función Judicial para acelerar procesos de evaluación y designación de jueces y fiscales. Según Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, esta figura busca “tener más jueces limpios” y corregir falencias estructurales en el sistema judicial.
En paralelo, se introdujeron reformas de última hora impulsadas por el legislador Andrés Castillo, entre ellas: nuevas reglas para la gestión del Banco Central, deportación inmediata de extranjeros condenados, endurecimiento de restricciones migratorias y cambios en la remoción de miembros de la Junta de Regulación Financiera.
Durante el debate, el correísmo presentó una moción para apelar la presidencia de Niels Olsen por supuestas irregularidades en la conducción de la sesión. La iniciativa, presentada por Luis Fernando Molina, fue rechazada por el Pleno con 83 votos en contra, 60 a favor y cuatro abstenciones.
Poco después, el presidente de la Asamblea difundió un comunicado sobre esta iniciativa. Olsen atribuyó estos intentos a su postura firme contra la corrupción, declarando que «se les acabó la fiesta a los corruptos y delincuentes». Reafirmó su compromiso de defender su cargo y recordó al país diversos casos de corrupción asociados con sus oponentes políticos. Además, Olsen citó artículos constitucionales y legislativos para demostrar la legalidad del procedimiento seguido en las modificaciones del proyecto de ley.
La norma también establece reformas al sistema de compras públicas
Con esta norma, se crea un Registro Único de Proveedores (RUP) obligatorio, se limita el número de modalidades de contratación y se implementa un catálogo electrónico de selección controlado por el SERCOP.
Otra innovación destacada es la evaluación obligatoria del desempeño de servidores públicos. Las calificaciones técnicas y vinculantes serán semestrales, y las malas evaluaciones consecutivas podrán ser causal de destitución. Las comisiones de servicios con sueldo quedarán supeditadas a estos resultados.
El texto modifica también el Código Orgánico Integral Penal (COIP), ampliando el delito de prevaricato hacia fiscales y prohibiendo el ejercicio profesional por el doble del tiempo de condena. Se habilitan evaluaciones extraordinarias de magistrados fuera de los ciclos regulares.
En el campo financiero, se plantea transformar algunas cooperativas de ahorro y crédito en bancos privados, y se crea una nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que reemplazará a las juntas anteriores.
También se autoriza al Ejecutivo a contratar seguros petroleros para proteger al país ante la caída de precios internacionales. Además, se aprueba una remisión tributaria total de intereses y multas por deudas generadas hasta diciembre de 2024, siempre que se paguen hasta el 31 de diciembre de 2025.
Entre otros cambios, se elimina la Secretaría de Inversiones Público-Privadas y se redistribuyen sus funciones entre distintas instituciones del Estado. También se incorporan reformas al Código de la Niñez y Adolescencia y disposiciones para aplicar medidas excepcionales ante conflictos armados internos.
La Ley de Integridad Pública ha sido calificada como una de las reformas más ambiciosas del periodo legislativo. Su aprobación marca una victoria política para el Ejecutivo, pero deja abierta la puerta a futuras controversias judiciales y constitucionales, especialmente por la forma en que se tramitó y por los temas sensibles que aborda. (I)