En Ecuador, cada dos horas, una persona pierde la vida en las vías, sumando un promedio de 11 fallecimientos diarios debido a siniestros de tránsito. Esta alarmante cifra no solo representa una tragedia personal para miles de familias, sino que ha elevado la seguridad vial a la categoría de crisis nacional de salud pública. El país ostenta, según la Organización Mundial de la Salud, la mayor tasa de mortalidad vial en Sudamérica, una realidad que exige atención inmediata y soluciones urgentes.
El pasado 19 de junio de 2025, expertos y autoridades se congregaron en Quito para el simposio “El derecho a llegar con vida: seguridad vial y reforma institucional”. Este encuentro multisectorial tuvo como objetivo primordial debatir y proponer cambios legales, institucionales y constitucionales que aseguren el derecho fundamental a una movilidad segura y sostenible para todos los ecuatorianos. La ciudadanía y diversas organizaciones de la sociedad civil impulsan esta iniciativa, conscientes de que la situación actual es insostenible.
Los datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan una situación crítica: entre enero y marzo de 2025, se registraron 4.610 víctimas por siniestros de tránsito en Ecuador. De este total, 565 personas fallecieron, considerando tanto las muertes en el lugar del hecho como las ocurridas hasta 30 días después, y 4.045 resultaron heridas. Esto significa que, lamentablemente, una de cada ocho víctimas involucradas en siniestros graves no logra sobrevivir.
A pesar de que el número total de siniestros ha disminuido en la última década (de 38.638 en 2014 a 20.994 en 2023), la cifra de fallecidos ha experimentado un preocupante aumento del 20% en el mismo período, pasando de 3.164 a 3.965 muertes. Esta paradoja subraya la mayor severidad de los incidentes y evidencia la insuficiencia de las medidas implementadas hasta ahora para proteger la vida de los ciudadanos.
El informe técnico “Vías seguras, usuarios seguros, vidas salvadas”, presentado durante el simposio, arroja luz sobre las causas de esta alta siniestralidad. Este documento, que combina datos estadísticos con un análisis de las deficiencias normativas e institucionales, confirma que hay factores de riesgo claramente identificados y que persisten en el tiempo. La falta de una respuesta integral y efectiva por parte del Estado agrava la problemática.
El exceso de velocidad se consolida como el principal asesino en las vías, siendo responsable del 35% de las muertes viales. A este factor se suman el consumo de alcohol y la omisión del uso de elementos de seguridad básicos como el cinturón, el casco y los sistemas de retención infantil. La irresponsabilidad al volante, sumada a la permisividad y falta de control, crea un caldo de cultivo para la tragedia.
La población joven y adulta, entre los 20 y 49 años, es la más afectada por estos siniestros. Sin embargo, la vulnerabilidad se extiende también a niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años, para quienes los siniestros de tránsito constituyen la segunda causa de muerte en el país. Resulta desgarrador constatar cómo la imprudencia y las fallas del sistema están cobrando las vidas de los más jóvenes.
En 2024, un dato alarmante: el 81% de los fallecidos en el lugar del siniestro fueron varones. Los adultos mayores también se encuentran entre los grupos más vulnerables, especialmente a causa de atropellamientos y arrollamientos. Esto resalta la necesidad de políticas diferenciadas y de infraestructura vial que garantice la seguridad de todos los usuarios, sin excepción.
Un llamado a la acción y la transformación
La directora ejecutiva de TANDEM, Daniela Chacón Arias, una de las organizaciones convocantes, enfatizó la urgencia de una reforma jurídica profunda.
«El país necesita una reforma jurídica profunda que reconozca a la movilidad segura como un derecho constitucional, respaldado por un marco normativo coherente y una institucionalidad capaz de salvar vidas», afirmó Chacón Arias. La ciudadanía, a través de estas voces, exige que se deje de ver la movilidad segura como un lujo y se convierta en una garantía fundamental.
El simposio destacó la experiencia de México, donde la incidencia ciudadana, liderada por la Red de Abogados por la Movilidad y la Seguridad Vial, logró una reforma constitucional que reconoce la movilidad segura como un derecho.
Paola Lara, líder de la Dirección Jurídica de POLEA y parte de la Coalición Movilidad Segura en México, compartió su experiencia en el proceso que llevó al reconocimiento de este derecho y a la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en su país. Su testimonio es un faro de esperanza para Ecuador.
«Es posible, pero se necesita decisión política y presión social», sentenció Daniela Chacón, haciendo un llamado a la acción conjunta entre el gobierno y la sociedad civil. La transformación de la seguridad vial no puede depender únicamente de la voluntad política; requiere de un compromiso férreo de toda la sociedad para exigir los cambios necesarios.
Juan Pablo Rosales, de la Asociación de Peatones de Quito, instó a iniciar el cambio reformando el Código Orgánico Penal (COIP) en lo relacionado con las contravenciones de tránsito, especialmente aquellas vinculadas al exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. Además, Rosales recalcó la necesidad de emitir el reglamento pendiente de la Ley de Tránsito, un paso fundamental para la aplicación efectiva de la normativa existente.
Durante el simposio se abordaron dos ejes de discusión clave: «¿Qué marco legal necesita Ecuador para garantizar la movilidad segura?» y «¿Puede la institucionalidad ecuatoriana garantizar la seguridad vial?». En estos paneles se analizaron las debilidades del marco jurídico actual y la capacidad técnica y operativa de las entidades competentes, identificando cuellos de botella y proponiendo mejoras a nivel local y nacional.
Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura, recordó que el 70% de los siniestros ocurren en zonas urbanas. Esto implica una gran responsabilidad para los gobiernos locales en la aplicación de las leyes y la prevención, quienes requieren de mayor apoyo y coordinación nacional.
«Llegar con vida no puede ser un privilegio ni una cuestión de suerte. Debe ser un derecho garantizado», sentenció Gordón, resumiendo el sentir de una ciudadanía que clama por seguridad en sus desplazamientos diarios.
El evento, organizado por TANDEM, Carishina en Bici, y la Asociación de Peatones de Quito, contó con el apoyo de la Coalición por la Movilidad Segura Ecuador. Contó con la participación de representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Municipio de Quito, académicos, gremios, sociedad civil y expertos internacionales, reflejando un esfuerzo conjunto para abordar esta problemática desde diversas perspectivas. La unión de fuerzas es clave para generar un cambio real y duradero.
La trágica realidad de las muertes en las vías ecuatorianas exige una respuesta contundente y coordinada de todas las instancias. Es tiempo de que la seguridad vial sea una prioridad real, con acciones concretas y un marco legal robusto que proteja la vida de cada ciudadano. La sociedad civil ha dado un paso al frente, y ahora es el turno de las autoridades para transformar esta crisis en una oportunidad para garantizar el derecho a llegar con vida. (I)