La Federación Médica Ecuatoriana (FME) anuncia movilizaciones a nivel nacional y una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, que entró en vigencia el 26 de junio de 2025. Los profesionales de la salud expresan una profunda preocupación por la falta de diálogo con el Gobierno y el impacto de la nueva normativa en la estabilidad laboral y la calidad de la atención sanitaria.
Santiago Carrasco, presidente de la FME, cuestiona que la Ley de Integridad Pública no fue socializada con los gremios de la salud, impidiendo la oportunidad de realizar observaciones. Califica la aprobación de la ley como un acto «entre gallos y medianoche», y la considera «totalmente condenatoria».
La principal objeción de la FME radica en la supresión del artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). Carrasco enfatiza que esta derogación elimina la garantía de estabilidad de los servidores públicos, lo que considera una vulneración de derechos.
El artículo 89 de la Losep, ahora derogado, establecía garantías adicionales para los servidores públicos de carrera, incluyendo la estabilidad en sus puestos y el derecho preferente a ser trasladados a puestos vacantes de naturaleza similar en caso de supresión de su cargo.
Además, la Ley de Integridad Pública reforma el artículo 80 de la Losep, haciendo la evaluación de desempeño obligatoria, semestral, técnica y vinculante para todos los servidores públicos. Sin embargo, Carrasco argumenta que el personal de salud ya es evaluado constantemente, tanto por los pacientes como en diversas etapas de su carrera.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería, Mariana Narváez, denuncia un desabastecimiento total en los hospitales públicos. Narváez revela que las enfermeras utilizan sus propios recursos y sueldos para comprar insumos y atender a los pacientes.
Narváez también señala que solo el 40% de los profesionales de la salud tienen estabilidad laboral, mientras que el 60% cuenta con contratos ocasionales y nombramientos provisionales. Critica que el gobierno les haya quitado la estabilidad laboral mediante «evaluaciones amañadas y sin bases científicas» bajo esta nueva ley.
El asambleísta Santiago Díaz, miembro de la Comisión de la Salud de la Asamblea, califica la situación como «inaceptable» a través de su cuenta de Twitter. Díaz cuestiona la ausencia del presupuesto que el Estado está obligado a garantizar para el sistema de salud.
Díaz también critica el abandono del régimen a una ciudadanía que sufre de numerosas enfermedades y la regresión de los derechos laborales del personal de la salud. Para el asambleísta, permanecer en silencio frente a esta situación sería complicidad con un «atentado a la dignidad del pueblo».
La Federación Médica Ecuatoriana afirma que actuará en dos frentes: la Corte Constitucional y las calles. Carrasco confirma que presentarán una demanda de inconstitucionalidad y comenzarán movilizaciones a nivel nacional.
La FME busca enviar un mensaje claro a la ciudadanía: el apoyo a estas acciones es un apoyo directo a la salud del pueblo. Argumentan que la estabilidad laboral de los profesionales de la salud es fundamental para brindar una atención de calidad.
Carrasco hace un llamado a la ciudadanía para que se una a las movilizaciones en defensa de la salud de los ecuatorianos, especialmente de la población pobre, humilde y vulnerable. La FME busca conseguir los más altos estándares de calidad para la atención de salud en el país.
Los gremios de la salud exigen al Gobierno la expedición del Reglamento de la Ley de Carrera Sanitaria. La FME se mantiene abierta a diálogos constructivos y mesas de trabajo interinstitucionales, pero lamenta que el ejecutivo no los haya recibido hasta el momento.
Finalmente, Carrasco destaca que la Federación Médica basa sus acciones en la academia, la experiencia, la investigación y la capacidad de escuchar para ejecutar acciones justas y de calidad que garanticen el buen vivir. (I)