Una entrevista con Vivian Idrobo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, revela la magnitud de las violaciones cometidas en el cantón Las Naves por causa de un proyecto minero canadiense.
Idrobo denunció que al menos 29 defensores de derechos humanos y de la naturaleza han sido judicializados por oponerse al proyecto minero Curipamba – El Domo, operado por la empresa canadiense Curimining S.A.
De ellos, 13 ya han recibido sentencias condenatorias con penas de hasta cuatro años de prisión. Las denuncias de criminalización han sido respaldadas por 283 organizaciones de Ecuador, Canadá y otros países, mediante una carta dirigida a los gobiernos de ambas naciones.
“Lo que se está viviendo en Las Naves es una instrumentalización del derecho penal para amedrentar a quienes defienden su territorio”, advirtió.
El proyecto se reactivó en 2021 bajo un reglamento que fue declarado inconstitucional. Sin embargo, el gobierno retomó el proceso desde donde lo había dejado, sin aplicar los estándares exigidos por la Corte Constitucional del Ecuador.
Una Consulta sin consentimiento
Idrobo explicó que la supuesta consulta a las comunidades fue tardía, excluyente y deficiente. “Es como si le preguntaran si quiere una casa cuando ya está construida”, ironizó.
La consulta se realizó en la fase de explotación, cuando ya todo el proyecto estaba aprobado. “Así no se trata a la gente campesina”, recalcó.
Además, sostuvo que los estudios de impacto ambiental están desactualizados y que las zonas de influencia fueron delimitadas arbitrariamente, excluyendo a pobladores aguas abajo o en zonas indirectamente afectadas.
Entre los sentenciados hay campesinos, educadores, adultos mayores y mujeres. Una de las personas condenadas fue una mujer anciana, quien tuvo que cumplir días de prisión y perdió su única compañía, su perro.
“Estas personas no son criminales. Son gente de campo, que produce alimentos y cuida los ríos. Defienden la vida”, dijo con firmeza.
Las Naves, describió Idrobo, es un cantón agrícola, lleno de árboles frutales, con naranjales imponentes y una biodiversidad asombrosa. “Quieren convertir esa riqueza natural en piscinas de relaves tóxicos que permanecerán de por vida”.
La represión que viene con el extractivismo
En su conversación con Periodismo Público, Idrobo denunció el uso de la fuerza pública como “guardia privada” de la minera. “Incluso llevan notificaciones a nombre de la empresa. La policía hace de mensajera del extractivismo”, aseguró.
El 17 de junio, comunidades como Voluntad de Dios y La Unión fueron intervenidas con violencia. “Hay mujeres golpeadas, personas heridas en la cabeza. Cuatro personas resultaron afectadas”, relató.
Según la activista, la Defensoría del Pueblo no se ha pronunciado, a pesar de que el caso está documentado en un informe de diagnóstico elaborado por Cáritas y FIAN.
En contraste, la relatora de la ONU para defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, ya expresó su preocupación por la situación de Las Naves. “Lo indignante es que el abogado acusador en muchos casos es el mismo representante legal de Curimining, quien ha dicho públicamente que los defensores solo quieren minería ilegal”, reclamó Idrobo.
También criticó que los jueces ignoren sentencias constitucionales clave, como la 51-23, que determina cómo debe aplicarse una consulta previa real y legítima.
Una resistencia que traspasa fronteras
La carta enviada a los gobiernos de Ecuador y Canadá exige tres acciones urgentes: el archivo inmediato de los procesos judiciales contra los defensores, la desmilitarización de Las Naves y el cese de la presencia de fuerzas armadas en el territorio.
“El proyecto es tan ilegítimo que solo puede sostenerse con policías y militares. Eso lo dice todo”, advirtió.
En Canadá, la carta fue también enviada a las matrices Silvercorp Metals y Salazar Resources. En Ecuador, ha sido remitida a diversas instituciones estatales.
“El gobierno ecuatoriano fue impulsor de la Declaración de los Derechos de los Campesinos en Naciones Unidas, pero hoy esa declaración es letra muerta”, lamentó.
Las organizaciones recuerdan que Ecuador firmó el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar participación informada en decisiones ambientales, protección a defensores y acceso a la justicia ambiental.
Idrobo concluyó que la lucha jurídica sigue y que la ciudadanía debe estar atenta a las próximas audiencias de apelación y casación.
“El pueblo de Las Naves defiende la casa común, como la llama el Papa Francisco. Lo que se juega aquí es la vida, el agua y el futuro de todos”, concluyó. (I)
