La Asamblea Nacional de Ecuador continúa el proceso de calificación de la Iniciativa Popular Normativa que busca establecer la Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en el país.
Este proyecto de ley, impulsado por la Red de Acción Cannábica (Redcann) y apoyado por nueve organizaciones de la sociedad civil, pretende crear un marco legal para el acceso regulado y seguro al cannabis medicinal y de uso adulto, priorizando la salud pública, la prevención y la seguridad.
El análisis del proyecto se cumple después de que el Pleno de la Asamblea aprobara por unanimidad, con 137 votos a favor, la designación de una comisión integrada por los asambleístas Milton Aguas, Eliana Correa y Jhajaira Urresta.
Participación ciudadana y visión de Redcann
Cristian Albuja, representante de Redcann, enfatizó la relevancia de la iniciativa como un mecanismo que surge desde la ciudadanía: “Esto hubiera sido imposible sin el apoyo de Redcann.
Estamos unidos frente a una necesidad que el Ecuador de alguna manera la necesita por varias razones: por libertad, el fin del estado policial, oportunidades económicas, de inversión, de trabajo, empleo, tecnología, medio ambiente, y desarrollo agrícola.” Albuja resaltó también el honor que representa para los jóvenes asambleístas participar en este proceso que, según su visión, beneficiará al país en múltiples dimensiones.
Daniela Onofre, también activista de Redcann, detalló la propuesta en cuanto a la regulación de toda la cadena productiva del cannabis, desde la producción agrícola hasta la elaboración de productos terminados: “No tenemos datos, no hay control de eso.
Lo único que sabemos es un poco sobre la producción y cómo llega a los usuarios.” Destacó que la iniciativa plantea la creación de dispensarios médicos y espacios seguros para el consumo, garantizando acceso a productos de calidad, precios justos y un programa de reducción de daños.
El proyecto también busca frenar los riesgos derivados del mercado ilícito, que expone a los usuarios a sustancias adulteradas y deja en manos de organizaciones criminales la distribución, incluso a menores de edad. “Con un marco legal el Estado puede proteger, controlar y prevenir”, afirmó Onofren, quien subrayó que la propuesta impulsa una “nueva economía legal, responsable y controlada”.
Impacto socioeconómico y desafíos legales
Además de los beneficios en salud pública y seguridad, Redcann destacó el potencial económico del sector regulado. Países como Canadá, Uruguay, Estados Unidos (Colorado) y Colombia han demostrado ingresos significativos provenientes del cannabis regulado, cifra que se refleja en millones o miles de millones de dólares, lo que incentiva el desarrollo local, generación de empleo, diversificación económica y el aumento de ingresos fiscales.
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Actualmente, la Comisión Calificadora se encuentra en la revisión de la documentación entregada por los promotores de la iniciativa, que incluye formularios, respaldos ciudadanos y la propuesta normativa, conforme a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República.
La Unidad Técnica Legislativa ha presentado un informe jurídico técnico no vinculante en el que realiza observaciones a la estructura y contenido del proyecto.
Entre las observaciones más relevantes destaca la referencia al artículo 135 de la Constitución, que establece que únicamente el presidente de la República puede presentar proyectos que creen, modifiquen o suprima impuestos o ingresen gastos públicos. Esto afecta específicamente la creación del Instituto Nacional de Regulación del Cannabis y la asignación presupuestaria anual del Estado incluida en la iniciativa.
Proceso abierto y próximos pasos
El proceso continúa abierto para que los proponentes realicen las adecuaciones en un plazo de 30 días, conforme a la ley, para subsanar las observaciones y continuar con el trámite legislativo. Los representantes de Redcann han mostrado una disposición abierta para ajustar la propuesta a fin de cumplir con todos los requisitos legales y normativos.
Redcann ha defendido que la regulación integral del cannabis no se basa en un solo aspecto, sino que abarca producción, consumo, exportación y prevención, con especial atención a la protección de niños, niñas, jóvenes y poblaciones vulnerables mediante campañas y programas reales de reducción de daños.
Durante la sesión, se remarcó la importancia de transparentar el proceso, de modo que la ciudadanía conozca el avance del trámite. Además, se destacó la colaboración de la Asamblea Nacional y la Unidad Técnica Legislativa en acompañar la revisión para garantizar que la iniciativa se enmarque dentro del ordenamiento jurídico.
El informe técnico de 13 páginas entregado a los asambleístas incluye recomendaciones y sugerencias para mejorar la propuesta normativa, enfocándose en aspectos técnicos y jurídicos fundamentales. La decisión final sobre la admisibilidad y calificación corresponderá al cuerpo colegiado de tres asambleístas, quienes informarán por escrito a los proponentes.
El compromiso de Redcann y la sociedad civil que respalda esta iniciativa sigue firme para generar un cambio positivo en la regulación del cannabis en Ecuador, buscando optimizar beneficios sanitarios, sociales y económicos para el país.
Luego de escuchar los planteamientos, la comitiva se encargará de evaluar la admisibilidad y el cumplimiento de los requisitos formales de la iniciativa, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Esta etapa es clave para validar la viabilidad legal y estructural de la propuesta y permitir así su debate legislativo. (I)