El estruendo del metal retorciéndose, el sonido de los frenos que no alcanzan a detener la inercia, y el silencio desgarrador que les sigue. Esta secuencia, tan fugaz como demoledora, se ha convertido en una epidemia silenciosa en Ecuador, donde los siniestros viales han escalado a la alarmante posición de la segunda causa de muerte violenta, solo superada por los crímenes relacionados con la criminalidad.
La crisis en las vías del país no es una estadística fría; es un drama humano que se repite a diario, dejando un promedio de once personas fallecidas cada 24 horas. Esta cifra, por sí sola, dibuja un panorama de emergencia nacional que exige una respuesta inmediata y coordinada.
Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han puesto a Ecuador bajo el reflector, señalando que el país ostenta la tasa de mortalidad vial más alta de Sudamérica.
Un liderato trágico que evidencia profundas fallas en la cultura vial, la infraestructura y el marco regulatorio. Ante este sombrío escenario, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) emiten periódicamente informes que confirman la escalada de la tragedia.
Las cifras más recientes, correspondientes a los trimestres de 2024 y proyecciones de 2025, revelan una dinámica preocupante, a pesar de algunas leves reducciones trimestrales en siniestros totales.
Entre enero y marzo de 2025, por ejemplo, se registraron 4.759 siniestros de tránsito a nivel nacional, una disminución del 2,24% respecto al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, el número de víctimas sigue siendo impactante: 4.610 personas resultaron afectadas en ese primer trimestre de 2025, entre lesionados y fallecidos.
De esas víctimas, 565 personas perdieron la vida in situ en el primer trimestre de 2025, un incremento respecto a los 490 fallecidos del primer trimestre de 2024. Esto sugiere que, aunque la frecuencia de los siniestros puede variar ligeramente, su letalidad ha aumentado, una tendencia que revierte cualquier atisbo de optimismo.
Para el segundo trimestre de 2024, el INEC reportó 5.413 siniestros, y para el tercer trimestre de ese mismo año, 5.308 casos, lo que muestra una constante y alta incidencia a lo largo del año.
El acumulado de siniestros de tránsito a nivel nacional a lo largo de 2023 fue de 20.994, de acuerdo con la ANT, una cifra que, aunque representa una reducción del 3,43% respecto a 2022, sigue siendo insostenible.
El año 2024 acumuló un total de 18.312 lesionados solo hasta diciembre, una cifra que demuestra la magnitud de las secuelas físicas y emocionales.
Quito y Guayaquil, los dos principales polos urbanos del país, son los puntos de mayor riesgo. En el primer trimestre de 2024, estas dos ciudades concentraron el 38,22% del total de las víctimas de siniestros de tránsito a nivel nacional.
Guayaquil lideró las cifras de víctimas con 1.122 en ese periodo, seguida de cerca por Quito con 666. La impericia e imprudencia del conductor se mantiene como la causa principal de la mayoría de estos eventos trágicos.
En el primer trimestre de 2025, esta causa representó el 38,12% del total de siniestros. Le sigue de cerca el exceso de velocidad, y la falta de respeto a las señales de tránsito se posiciona como otra de las causas frecuentes.
Los choques son el tipo de siniestro más común, representando el 46,33% del total en el primer trimestre de 2025, seguidos por la pérdida de pista y los atropellos.
La crisis tiene un costo que va más allá de lo incalculable de la vida humana: los siniestros viales le cuestan al país entre el 3% y el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.
Esto se traduce en unos 5.482 millones de dólares perdidos cada año por gastos de salud, rehabilitación, pérdida de productividad y daños materiales. Detrás de cada estadística hay un nombre, un rostro y una vida rota.
Testimonios del asfalto
Quito, con su topografía desafiante y su intenso flujo vehicular, se ha convertido en un epicentro de esta crisis. Solo entre enero y junio de 2025, la capital registró 3.252 accidentes con 278 muertes y más de 2.000 personas lesionadas, según el corte preliminar de las instituciones.
Para Javier Rodríguez Gómez, de 35 años y residente del sector de La Mariscal, el 2024 terminó abruptamente en una intersección de la Av. Eloy Alfaro.
«Yo iba en mi moto. El semáforo estaba en verde para mí. Un carro se pasó en rojo sin inmutarse», relata Javier desde una silla de ruedas temporal.
«El impacto me lanzó contra el parterre. Fractura de tibia y peroné. Perdí mi trabajo, mi independencia. El conductor solo tuvo una multa y ya. Mi vida cambió para siempre».
El recuerdo de Javier es recurrente en la ciudad: el irrespeto a las señales de tránsito, un factor causal que, de acuerdo con el INEC, sigue siendo una constante alarmante. La imprudencia y la falta de conciencia al volante son los ejes de la mayoría de las historias de dolor.
Sofía Cáceres Paz, de 22 años, estudiante universitaria en la capital, fue atropellada en el sector de El Batán mientras cruzaba por un paso cebra. «El conductor iba chateando. Lo vi y él ni siquiera levantó la mirada», cuenta Sofía con la voz entrecortada.
«Solo sentí el golpe y luego el asfalto. Estuve en el hospital tres semanas. Mi recuperación física ha sido lenta, pero la psicológica es la peor. Ya no puedo caminar tranquila por la calle. Vivo con miedo».
El testimonio de Sofía es un recordatorio de que la imprudencia del peatón, aunque menor en incidencia, se suma a la del conductor. Sin embargo, las cifras oficiales reafirman que la responsabilidad principal recae en quienes manejan un vehículo.
El rol del alcohol y la velocidad: dos factores letales
El consumo de alcohol es otro de los pilares de esta crisis de seguridad vial.
El 7% de los siniestros está directamente relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol, una cifra que la Coalición por la Movilidad Segura considera inaceptable.
Los documentos de esta coalición enfatizan la urgencia de endurecer las sanciones penales para quienes manejan en estado de embriaguez. La propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) busca eliminar cualquier rango de tolerancia, aplicando sanciones más severas.
Actualmente, conducir con una concentración de alcohol de 0,3 a 0,8 g/l en la sangre implica multa y suspensión.
La reforma busca que el rango superior, de más de 0,8 g/l, se sancione con multas de tres salarios básicos unificados (SBU), suspensión de licencia y 30 días de cárcel. Además, en caso de reincidencia, la multa aumentaría y se impondría un tratamiento obligatorio, reteniendo el vehículo hasta el pago de la sanción.
El exceso de velocidad es el otro gran asesino de las carreteras, responsable del 45% de los siniestros, de acuerdo con los comunicados de prensa analizados. Las iniciativas plantean la creación de un nuevo artículo (385-A) en el COIP que elimina los «rangos moderados» y sanciona según el exceso real de velocidad.
Una escala propuesta busca diferenciar entre excesos leves (hasta +10 km/h), graves (+11 a +20 km/h) y muy graves (más de +20 km/h), con multas progresivas y suspensión de licencia.
«Cada víctima nos recuerda que la omisión también mata. No podemos seguir normalizando la violencia vial», destacó un representante de la Coalición por la Movilidad Segura en su comunicado. «Esta reforma pone la vida en el centro y declara que la seguridad vial no es negociable».
La educación como única salida a largo plazo
Frente a la letalidad de los siniestros, la educación vial se erige como la herramienta más sostenible para transformar la cultura ciudadana.
Instituciones como la Asociación Nacional de Empresas de la Red de Automotriz y Afines (ANETA) han tomado la bandera de la formación de conductores responsables.
La seguridad vial no es solo un tema de tránsito, sino una cuestión de salud pública, educación y cultura, como bien lo señalan los promotores de estas iniciativas.
ANETA, pionera en movilidad y seguridad vial, ha desarrollado acciones concretas orientadas a la concienciación. Uno de sus proyectos más destacados es la Unidad Vial Itinerante (UVI).
Este programa educativo, respaldado por el Ministerio de Educación, ha logrado capacitar a más de 25 mil estudiantes a escala nacional. Además, ha formado a 3.300 docentes, multiplicando el impacto de la educación vial en las aulas. El modelo innovador de la UVI fue reconocido internacionalmente.
El proyecto recibió el prestigioso FIA President’s Road Safety Award en Kigali, Ruanda, un galardón que subraya la efectividad del programa ecuatoriano. La iniciativa no se detiene y busca ampliar su espectro de acción con un ambicioso plan de llegada a cada rincón del Ecuador.
En este marco de acción, ANETA ha organizado eventos como la Casa Abierta Movilidad Segura & Sostenible. Estas jornadas buscan acercar los principios de la movilidad sostenible y responsable a niños, jóvenes y familias.
El objetivo es promover la corresponsabilidad entre todos los actores de la vía: peatones, ciclistas y conductores. Mediante experiencias educativas que integran tecnología, responsabilidad y seguridad, se busca formar a los ciudadanos del futuro desde temprana edad.
La radiografía de las víctimas y los vehículos
Los datos del INEC permiten trazar un perfil de las víctimas y de los vehículos más involucrados en estos eventos. En los dos primeros trimestres del año 2022, del total de víctimas de siniestros, la mayoría fueron hombres, con un 65,1%.
El grupo de edad más afectado fue el comprendido entre los 18 a 29 años, seguido por el de 30 a 45 años. Esta estadística demuestra que la población productiva y joven del país es la que soporta la mayor carga de esta epidemia vial.
Los vehículos livianos y las motocicletas concentran la mayor cantidad de siniestros. Las motocicletas, en particular, son un factor de preocupación constante en las ciudades.
Durante el segundo trimestre de 2024, la impericia e imprudencia del conductor en general se mantuvo como la causa principal, con un 39,15% del total de siniestros.
Los fallecidos in situ se concentran mayoritariamente en provincias como Guayas, que registró 243 fallecidos en el acumulado de enero a junio de 2024.
A nivel cantonal, la concentración de víctimas en Guayaquil y Quito (38,22% del total nacional en el primer trimestre de 2024) obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a intensificar sus controles y campañas. En el primer semestre de 2024, se acumularon 8.919 lesionados a nivel nacional.
Estos lesionados requieren atención médica, rehabilitación y, en muchos casos, apoyo psicológico, lo que sobrecarga el sistema de salud. La tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes in situ alcanzó 13,37 al cierre de 2023.
Esta cifra representa un incremento de 0,88 puntos respecto a la tasa de 2022, confirmando que la letalidad de los siniestros sigue en ascenso.
El futuro en la ruta de la seguridad
La meta establecida por el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 era disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito in situ de 12,62 a 11,96 por cada 100.000 habitantes.
Al 2023, con la tasa en 13,37, el país se encuentra lejos de alcanzar este objetivo, lo que obliga a revisar las estrategias implementadas. La Coalición por la Movilidad Segura hace un llamado histórico a los legisladores para que incluyan la propuesta de reforma al COIP.
Argumentan que un marco regulatorio sólido y coherente es indispensable para modificar los patrones de comportamiento de los ciudadanos.
Esta iniciativa, que ya fue tratada en primer debate en la Asamblea Nacional, busca la meta global de reducir en un 50% las muertes viales al año 2030, en línea con los objetivos de seguridad vial promovidos por las Naciones Unidas.
La seguridad vial dejó de ser un problema sectorial para convertirse en una crisis social que exige una declaratoria de emergencia y una acción concertada entre autoridades, sociedad civil y, fundamentalmente, la conciencia de cada conductor. (I)