Un golpe coordinado de las fuerzas del orden a nivel internacional resultó en la detención de 19 personas en cuatro países, desarticulando un sofisticado esquema transnacional de fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero.
Los arrestos se llevaron a cabo simultáneamente hoy, 3 de diciembre de 2025, en los Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador. El esquema criminal se enfocaba en defraudar a miles de ciudadanos de Centro y Sudamérica que buscaban obtener visas de trabajo de manera legal para ingresar a los Estados Unidos.
Las víctimas de este fraude fueron estafadas por una cantidad que supera los $2.5 millones de dólares, según informaron las autoridades federales estadounidenses. Cinco de los detenidos enfrentan cargos directos en una acusación formal en los Estados Unidos por su presunta participación en esta vasta operación delictiva.
Los cargos en Estados Unidos incluyen conspiración para cometer crimen organizado, conspiración para el blanqueo de capitales, y conspiración para defraudar al gobierno estadounidense.
La estafa se agravó con la suplantación de identidad, ya que los acusados se hicieron pasar por funcionarios de los Estados Unidos. También utilizaron indebidamente o falsificaron sellos e insignias oficiales de departamentos y agencias del gobierno estadounidense para dar credibilidad a sus engaños.
De los cinco acusados imputados en Estados Unidos, dos fueron detenidos dentro del territorio nacional: uno en Sacramento, California, y otro en el área de Dallas, Texas.
Los tres restantes que enfrentan cargos federales fueron arrestados en Medellín, Colombia.
El detenido en Sacramento compareció por primera vez hoy ante un juez federal. El arrestado en Dallas lo hará en la jornada de mañana. En cuanto a los tres detenidos en Colombia, estos enfrentarán procesos de extradición a los Estados Unidos. Las autoridades también confirmaron que un sexto acusado que figura en la imputación federal, y que también se encontraba en Colombia, continúa prófugo.
La operación coordinada de hoy también produjo arrestos adicionales en Ecuador y El Salvador. Se espera que los individuos detenidos en estos otros dos países enfrenten cargos separados y distintos en sus respectivas jurisdicciones nacionales.
Reacciones oficiales y compromiso gubernamental
Los principales funcionarios de las agencias de aplicación de la ley subrayaron la gravedad del caso y el compromiso para proteger la integridad del sistema migratorio.
“Estos acusados están señalados de hacerse pasar por funcionarios de los Estados Unidos para enriquecerse fraudulentamente a costa de víctimas que buscaban viajar legalmente a los Estados Unidos”, declaró Matthew R. Galeotti.
Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, destacó la magnitud del engaño. “Según se alega, los acusados implementaron un esquema para robar decenas de miles de dólares a cientos de víctimas”, explicó.
El Departamento de Justicia se comprometió a perseguir enérgicamente estos esquemas que socavan las leyes de inmigración y erosionan la confianza pública en los procesos gubernamentales. Por su parte, el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) enfatizó la protección de la documentación oficial.
“El Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) está comprometido con proteger la integridad de los documentos de viaje de los Estados Unidos e investigar a quienes buscan explotar el proceso de visas y pasaportes”, afirmó el Jefe Joseph Jung.
Jung, de la División de Investigaciones Criminales en el Exterior del DSS, aplaudió la cooperación internacional. “Esta operación demuestra la fortaleza de nuestras alianzas internacionales en la aplicación de la ley y nuestra determinación de responsabilizar a los defraudadores”, agregó.
Asimismo, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se refirió a la vulnerabilidad de los migrantes. Ricardo Mayoral, Director Adjunto de Operaciones Internacionales de HSI, señaló que la red “se aprovechaba de miles de migrantes que buscaban ingresar a los Estados Unidos de la manera correcta”.
“Nuestra misión es restaurar la integridad del sistema migratorio de nuestra nación después de años de abuso y negligencia”, sentenció Mayoral.
Zachary Baumgart, agente especial a cargo en funciones de USAID/OIG, indicó que la oficina “trabaja en estrecha coordinación con nuestros homólogos encargados de hacer cumplir la ley para interrumpir de manera enérgica la actividad delictiva en todo el mundo”.
Elaborado mecanismo de estafa
El fraude se ejecutó mediante un proceso falso y elaborado, cuyo punto de partida eran anuncios en páginas de Facebook y otros sitios web. Estos sitios publicitaban de manera fraudulenta una supuesta asistencia para obtener visas de trabajo legales en los Estados Unidos.
Las víctimas eran contactadas por co-conspiradores, a quienes se les denominaba «asesores» o consultores. Estos «asesores» operaban desde centros de llamadas ilegales, mayoritariamente ubicados en Colombia, y fingían ayudar con el proceso de solicitud.
Durante llamadas y comunicaciones electrónicas, los estafadores hacían declaraciones falsas sobre supuestas ofertas laborales disponibles en el país norteamericano. La parte más crítica del engaño ocurría en videollamadas.
En ellas, los acusados y sus cómplices se hacían pasar por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para generar confianza y urgencia. A las víctimas se les solicitaban transferencias bancarias internacionales, presentándolas como supuestos pagos de tarifas exigidas por el gobierno de los Estados Unidos.
El dinero era enviado a intermediarios en al menos 16 estados dentro de los Estados Unidos. Para respaldar la legitimidad del proceso, se mostraban a las víctimas documentos falsificados.
Entre estos documentos había supuestas aprobaciones de visas y autorizaciones de empleo. Dichos papeles fraudulentos incluían réplicas falsificadas de sellos de departamentos y agencias del gobierno estadounidense.
Creyendo que el proceso era real, las víctimas se presentaban en las embajadas de los Estados Unidos en sus países de origen en las fechas pautadas.
Sin embargo, las citas que les habían dado no existían en absoluto. Algunas víctimas viajaron largas distancias para llegar a estas citas inexistentes, solo para descubrir el engaño. A ninguna de las personas estafadas se le otorgó una visa legítima ni ningún otro servicio real.
Las cifras del engaño y el lavado de dinero
Las autoridades han entrevistado a 700 víctimas hasta la fecha. No obstante, se cuenta con pruebas que indican que más de 7,000 personas adicionales fueron captadas por esta extensa red fraudulenta.
Las pérdidas reportadas por las víctimas oscilan entre $50 y $90,000 por persona. Se estima que, desde 2021 hasta la actualidad, los miembros de la organización han logrado que las víctimas transfieran aproximadamente $2.5 millones de dólares hacia los Estados Unidos.
Estas transferencias provenían de ciudadanos de hasta 15 países diferentes.
El dinero obtenido mediante el engaño era activamente «lavado» a medida que fluía a través de la organización. Pasaba de los intermediarios en los Estados Unidos a los líderes de la organización.
Por lo general, el dinero cambiaba de manos al menos dos veces antes de llegar a los cabecillas, y a menudo con mayor frecuencia, para ocultar su origen ilícito. Los seis acusados imputados formalmente el 1 de octubre de 2025 en el Distrito Sur de Florida tenían roles bien definidos dentro de la estructura criminal.
Edwin Alberto Correa-David: Se encargaba de supervisar aproximadamente ocho oficinas de centros de llamadas en Medellín. Él decidía qué sitios web fraudulentos utilizar, cuánto cobrar a las víctimas y qué beneficiarios en Estados Unidos emplear como intermediarios.
Andres Giraldo-Ospina: También fungía como uno de los líderes en Medellín y era responsable de la creación de múltiples sitios web falsos. Asimismo, proporcionaba asistencia técnica a los centros de llamadas cuando surgían problemas con los portales web. Con el tiempo, tomó la dirección de un grupo adicional de centros de llamadas.
Danna Pamela Porras-Marin: Administraba un centro de llamadas en Medellín. Proporcionaba un amplio apoyo administrativo a otros centros e incluso se encargaba de obtener y diseñar los sitios web utilizados para perpetrar el fraude.
Esteban Robledo-Correa: Comenzó como un intermediario receptor de fondos en Estados Unidos. Su función evolucionó a reclutar y gestionar a otros intermediarios para recibir el dinero de las víctimas antes de regresarlo a Colombia. Tras volver a su país, ayudó a administrar los centros de llamadas en Medellín y es el único acusado imputado que sigue prófugo.
Julian Giraldo-Ospina: Fue arrestado en Sacramento, California. Su rol era supervisar a un grupo de intermediarios que lavaban dinero en el área de Sacramento, además de trabajar con su hermano, Andres Giraldo-Ospina, en la dirección de un centro con sede en Medellín.
Viviana Urrego-Rojas: Fue detenida en Denton, Texas. Se encargaba de coordinar a los intermediarios encargados de recibir el dinero de las víctimas y luego enviaba los fondos de vuelta a Colombia.
Cooperación Internacional
La operación fue el resultado de una investigación policial colaborativa de múltiples agencias. Entre las agencias estadounidenses involucradas se encuentran USAID/OIG, el DSS del Departamento de Estado, el DHS (incluyendo HSI, USCIS, ICE y CBP).
La asistencia significativa provino de organismos de aplicación de la ley en los países donde se realizaron los arrestos. En Colombia, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Unidad de Investigación Criminal Transnacional) y la Fiscalía General de la Nación realizaron los arrestos y el registro de tres centros de llamadas.
En El Salvador, la Policía Nacional y la Fiscalía General llevaron a cabo una investigación que resultó en la detención de seis personas vinculadas a este y otros esquemas de fraude de visas.
Finalmente, en Ecuador, la Unidad Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado para la provincia del Guayas, ejecutó operativos simultáneos en cinco ciudades.
Estos operativos en Ecuador resultaron en la detención de ocho personas y el allanamiento de dos lugares vinculados a las operaciones de crimen organizado y lavado de dinero.
El caso está siendo procesado por las abogadas litigantes Amy L. Schwartz, Grace Bowen y Kelly Pearson, de la División de Crímenes Violentos y Crimen Organizado del Departamento de Justicia.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la Oficina del Agregado Judicial en Bogotá, Colombia, brindaron asistencia sustancial. Las Fiscalías Federales del Distrito Sur de Florida, del Distrito Este de California y del Distrito Este de Texas también contribuyeron al proceso.
Cualquier persona que crea haber sido víctima de este fraude y que aún no haya contactado a las autoridades puede enviar un correo electrónico a FakeVisaVictim@state.gov para presentar un informe oficial.
Es importante recordar que una acusación formal es solo una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia. (I)