La Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional aprobó, con carácter oficial, el informe para primer debate del «Proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario». Este documento, que consta de una exhaustiva revisión técnica y jurídica, marca el inicio de una reforma estructural diseñada para modernizar las prácticas agrícolas y garantizar la seguridad alimentaria en el Ecuador.
La decisión se tomó en la sesión Nro. 052-2025-2027, bajo la conducción de la presidenta de la comisión, Janina Rizzo Alvear, y el vicepresidente Juan Gonzaga Salazar. El informe recibió el respaldo de los integrantes tras un proceso de socialización que incluyó a diversos actores del sector productivo nacional.
El documento aprobado no es solo un trámite administrativo; representa una hoja de ruta que aborda desde la tenencia de la tierra hasta el financiamiento especializado. El objetivo central es dotar al agro de herramientas legales que permitan reducir la brecha de desigualdad entre el campo y la ciudad.
Según la certificación de la secretaría relatora, el informe fue remitido originalmente por el asesor Carlo Alejandro Romero García el 15 de diciembre de 2025. Tras intensas jornadas de debate en las sesiones 50, 51 y 52, los legisladores lograron consolidar un texto que ahora pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión general.
La importancia de este proyecto radica en su enfoque sistémico. No se limita a la producción, sino que integra la comercialización, la sostenibilidad ambiental y el relevo generacional en el campo, puntos críticos para evitar la migración rural.
Radiografía del Agro: Cifras y Proyecciones del Nuevo Marco Legal
Uno de los pilares fundamentales que sostiene este informe es el diagnóstico numérico del sector. La ley busca incidir directamente en el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario, que históricamente ha fluctuado pero requiere de una inyección de capital y tecnología para estabilizarse por encima del 8% anual.
El informe detalla la necesidad de optimizar el uso del suelo. En Ecuador, existen aproximadamente 5.4 millones de hectáreas con potencial agrícola, de las cuales una fracción considerable carece de sistemas de riego tecnificado eficientes. El proyecto de ley propone mecanismos para elevar la cobertura de riego en un 15% en los primeros cinco años de aplicación.
En cuanto al financiamiento, el documento subraya la brecha de crédito. Actualmente, el sector rural recibe apenas una parte proporcional de la cartera de crédito total del sistema financiero. La nueva normativa plantea incentivos para que la banca pública y privada destine líneas específicas con tasas de interés preferenciales que no superen el dígito para pequeños productores.
La asociatividad es otra cifra clave. El informe revela que menos del 20% de los productores ecuatorianos están formalmente asociados. La ley busca incentivar la creación de cooperativas mediante beneficios tributarios, apuntando a duplicar este porcentaje para mejorar el poder de negociación en el mercado.
Respecto a la exportación, el sector agropecuario (sin incluir petróleo) es el principal generador de divisas. Productos como el banano, cacao y flores representan miles de millones de dólares anuales. El informe propone una simplificación de trámites que podría reducir los costos operativos de exportación en un 12% para las medianas empresas.
El análisis del documento también pone énfasis en el costo de los insumos. Se ha detectado un incremento de hasta el 30% en fertilizantes y pesticidas en los últimos años. La ley faculta la creación de centros de acopio y compras estatales consolidadas para reducir el precio final al campesino.
En el ámbito de la mujer rural, el informe destaca que ellas lideran cerca del 30% de las unidades de producción agropecuaria (UPAs). Sin embargo, su acceso a la titularidad de tierras sigue siendo menor al de los hombres. El articulado incluye disposiciones de acción afirmativa para equilibrar esta balanza.
El componente tecnológico no se queda atrás. Se estima que la implementación de «Agricultura 4.0» (sensores, drones y Big Data) puede aumentar el rendimiento de las cosechas en un 20% sin ampliar la frontera agrícola, protegiendo así los ecosistemas frágiles y los páramos.
La sostenibilidad ambiental es una prioridad. El informe contempla que para el año 2030, al menos el 10% de la producción nacional cuente con certificaciones de «Huella de Carbono Neutro» o producción orgánica certificada, lo que abriría mercados premium en Europa y Asia.
La seguridad alimentaria también se mide en calorías. El proyecto busca asegurar que la producción interna cubra el 90% de la canasta básica alimentaria nacional, reduciendo la dependencia de importaciones de granos básicos que han mostrado volatilidad de precios internacionalmente.
El documento señala que el sector emplea a más del 25% de la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional. Por ello, la aprobación de este informe es vista como un paso vital para la estabilidad social, ya que cada punto porcentual de crecimiento en el agro tiene un efecto multiplicador en la reducción de la pobreza rural.
Finalmente, la importancia de este documento reside en que unifica leyes dispersas. Antes de este proyecto, el marco legal agropecuario era un mosaico de reglamentos caducos. Esta ley orgánica pretende ser el código definitivo que rija la soberanía alimentaria del siglo XXI.
El seguimiento de este proceso será clave. La Comisión ha dejado claro que el debate no termina aquí, sino que se nutrirá de las observaciones de los 137 asambleístas en el Pleno, siempre manteniendo como norte el bienestar de los productores que alimentan al país.
Con la aprobación de este informe, la Asamblea Nacional envía un mensaje de compromiso con el sector primario, reconociendo que el desarrollo del Ecuador nace, necesariamente, desde la tierra y el esfuerzo de su gente. (I)