El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió hoy, jueves 8 de enero de 2026, avocar conocimiento de la solicitud de juicio político contra Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), pero ordenó un informe técnico previo, lo que se percibe como un claro dilatamiento del proceso.
Esta decisión se tomó por unanimidad en la sesión presencial No. 045-2026, instalada a las 10:27 bajo la presidencia de Niels Olsen. A pesar de que la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) había anunciado que no impediría el trámite, el CAL remitió el pedido a la Unidad de Técnica Legislativa para un análisis de requisitos formales en un plazo máximo de tres días.
La moción fue presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, quien argumentó la necesidad de fortalecer la confianza pública y garantizar procesos transparentes.
Sin embargo, este paso preliminar no vinculante genera críticas por aparentar un retraso innecesario en un caso de alto perfil que involucra presuntas irregularidades en la Judicatura. Analistas y asambleístas opositores ven en esta resolución una maniobra para ganar tiempo, a pesar del respaldo inicial del oficialismo.
Contexto del Juicio Político
El juicio político contra Godoy surge de acusaciones graves por incumplimiento de funciones constitucionales, presiones judiciales y conflictos de intereses, presentadas por cinco asambleístas de Revolución Ciudadana (RC).
Los denunciantes señalan que Godoy ignoró el artículo 168 de la Constitución, relacionado con la independencia judicial, y no garantizó transparencia ni control disciplinario efectivo. Además, se le acusa de riesgos de injerencias internas y externas en el sistema judicial, agravados por audios filtrados y casos de narcotráfico.
El caso se enmarca en un contexto de crisis en la Función Judicial, donde Godoy asumió como presidente del CJ el 10 de julio de 2024, tras designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y fue ratificado para el período 2025-2031 en septiembre de 2025.
Su gestión ha sido cuestionada por presuntos nexos con defensas legales controvertidas y fallas en la protección de jueces. El oficialismo, liderado por ADN, confirmó que existen elementos suficientes para abrir el proceso, anticipando incluso unanimidad en votaciones clave.
Un elemento central es el caso Euro 2024, donde el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan fue sentenciado a 10 años por lavado de activos el 20 de noviembre de 2024. Durante la audiencia, Srdan realizó un gesto intimidatorio contra el juez Carlos Serrano, y audios filtrados revelan presiones del director provincial Henry Gaibor para favorecer al acusado. Godoy es señalado por no actuar ante alertas policiales sobre riesgos contra Serrano, quien vio retirado su esquema de seguridad el 2 de diciembre de 2025.
La jueza Nubia Vera también denunció intentos de influencia de Godoy en su fallo, vía Gaibor, quien le indicó negar una acción de protección. Estos hechos escalaron tensiones, llevando a la renuncia irrevocable de Serrano el 8 de diciembre de 2025, tras solicitar resguardo sin respuesta efectiva.
El asambleísta oficialista Adrián Castro destacó interrogantes pendientes de la comparecencia previa de Godoy, como la identidad de un supuesto mensajero que lo presionaba.
Comparecencia del Presidente de la Judicatura
El lunes 5 de enero de 2026, Mario Godoy compareció en el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria, con 148 asambleístas registrados, para rendir cuentas sobre las denuncias del juez Serrano. Llegó pasado el mediodía, a las 12:10, tras un cambio en el orden del día que priorizó temas venezolanos propuesto por Lucía Jaramillo, aprobado con 79 votos. Godoy negó retirar deliberadamente la seguridad de Serrano y aclaró que el CJ no dispone directamente de esquemas de protección.
En su intervención, Godoy detalló que atendió peticiones de Serrano: el 3 de diciembre recibió su pedido, el 4 se procesó y respondió, y el 8 se remitió al Ministerio del Interior. Aseguró que pidió a la Fiscalía investigar audios entre Serrano y Gaibor, solicitando la renuncia de este último el 22 de diciembre, aceptada al día siguiente. Cuestionó por qué Serrano y Felipe Rodríguez no presentaron denuncias formales, y acusó intenciones políticas detrás de las renuncias.
Godoy negó conflicto de intereses por la defensa de su esposa, Dolores Vintimilla, en el caso de Srdan, afirmando que ella cesó en noviembre de 2024 y nunca ejerció defensa técnica en el proceso penal. Calificó las acusaciones como una «farsa» montada para evitar la audiencia del caso Triple A, donde está procesado el alcalde Aquiles Álvarez. Responsabilizó su seguridad a Álvarez y a RC, y agradeció la recomendación de renuncia del presidente Daniel Noboa, que analizaría.
Antes de su comparecencia, la asambleísta Valentina Centeno, jefa de bancada de ADN, exigió respuestas claras bajo amenaza de apoyar el juicio político. Viviana Veloz, de RC, calificó el evento como un «sainete» para sostener a Godoy pese a nexos con narcotraficantes. Godoy pidió ampliar su versión en la Comisión de Fiscalización para revelar quiénes buscan controlar la Judicatura.
La defensa de Vintimilla generó polémica, ya que registros muestran notificaciones hasta noviembre de 2025, pese a su declaración de cese. Esto, sumado a la firma Invictus y rol de Gaibor, alimenta sospechas de tráfico de influencias. Tras las acusaciones de Godoy contra Álvarez, este exigió comparecer en el Pleno para aclarar y denunció «lodo con ventilador».
Veloz solicitó excusa obligatoria contra Mancheno por amistad con Godoy y su esposa, y contra José Nango por conflicto familiar en la Judicatura. Argumentó que incluso una renuncia de Godoy no detendría el proceso, posible hasta un año después por ley. La asambleísta enfatizó la necesidad de precedentes institucionales.
Olsen abrió la sesión del CAL destacando la Judicatura como pilar del Estado de Derecho y lucha anticorrupción, exigiendo integridad plena a sus líderes. Aclaró que la Asamblea actúa con transparencia sin adelantar sentencias. En paralelo, el CAL trató juicio contra consejeros del CPCCS por fallas en designaciones judiciales, propuesto por Sade Fritsch.
El respaldo de ADN, pese a la dilatación, se basa en fundamentos claros, según Castro, quien planea convocar a Serrano. Centeno apoyó la postura de Noboa de que Godoy dé un paso al costado. El proceso fiscalizador busca esclarecer responsabilidades en un momento crítico para la Justicia ecuatoriana.
Godoy y Vintimilla enfrentan denuncia en Fiscalía por delincuencia organizada, impulsada por abogados Moreno Ordóñez y Morales. El CJ remitió oficios a Fiscalía por irregularidades, pero críticos ven lentitud en respuestas. La sesión del CAL, aunque unánime, no acelera el juicio, alimentando dudas sobre intenciones políticas.
Este caso expone tensiones entre poderes del Estado, con la Asamblea como fiscalizadora clave. La espera del informe técnico podría extenderse, pese a promesas de celeridad. Observadores esperan que la Comisión de Fiscalización profundice en audios y testimonios pendientes.
La renuncia de Gaibor no disipa sospechas, ya que Godoy admitió remisión tardía. Serrano salió del país por seguridad familiar, resaltando fallas institucionales. Vera confirmó presiones en su comparecencia legislativa.
El oficialismo insiste en no obstruir, pero el paso técnico genera percepciones de dilación estratégica. Veloz cuestionó vínculos de Godoy con mafias balcánicas vía Euro 2024. Noboa recomendó renuncia pública, avalada por ADN.
La Asamblea priorizó Venezuela temporalmente, pero el foco regresó a Godoy. Álvarez contraatacó exigiendo igualdad en comparecencias. RC ve en el CAL un freno oficialista disfrazado. Godoy defendió acciones como correctas, pero opositores exigen pruebas concretas. El informe del CAL definirá si avanza o se estanca el juicio. Ecuador aguarda claridad en su Judicatura.
La sesión del CAL incluyó apertura con énfasis en ética judicial. Mancheno impulsó moción para legitimar proceso. (I)