En una jornada marcada por la tensión política y la presión social, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó, con 8 votos a favor, el informe para segundo debate del «Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía».
La normativa, calificada como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, avanzó en el Legislativo pese a las crecientes críticas sobre sus impactos ambientales. El proyecto de ley se presentó como un salvavidas para las finanzas públicas, argumentando que los sectores estratégicos son pilares fundamentales para la generación de ingresos y la sostenibilidad fiscal.
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No obstante, la aprobación coincidió con una drástica decisión del Ministerio de Ambiente, que ordenó la suspensión de trabajos mineros en diversas zonas del país tras denuncias de contaminación irreversible.
La asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la mesa legislativa, defendió la propuesta señalando que busca modernizar el régimen minero para capturar rentas fiscales necesarias en un contexto de restricción de financiamiento.
Según el informe aprobado, la reforma pretende elevar la calidad de los ingresos del Estado, los cuales por concepto de regalías anticipadas ya pasaron de USD 14 millones en 2023 a cerca de USD 100 millones en 2024.
Sin embargo, la controversia estalló cuando se conocieron las cifras de pérdidas económicas derivadas de la crisis energética, estimadas en USD 3.278 millones para el año 2024. El Gobierno utilizó estos datos para justificar la urgencia de la ley, alegando que la minería y la energía son componentes inseparables para la estabilidad macroeconómica.
Reformas polémicas y la sombra de la contaminación
Uno de los puntos más debatidos en el informe para segundo debate fue la unificación de la etapa de exploración minera. La propuesta eliminó la división entre exploración inicial y avanzada, permitiendo un plazo máximo de 15 años de actividades sin necesidad de autorizaciones sucesivas. Esta medida fue calificada por sectores ambientalistas como un cheque en blanco para las empresas extractivas.
La viceministra de Minas (e), María Emilia Limongi, compareció ante la comisión para asegurar que la normativa no flexibiliza los controles ambientales, sino que los armoniza con el Código Orgánico del Ambiente. No obstante, las cifras del informe revelan que el Estado recaudó apenas USD 20 millones por patentes de conservación en 2024, una cifra que muchos consideran insuficiente frente al costo de la remediación ambiental.
En paralelo a la discusión legislativa, la Ministra de Ambiente tomó una postura firme al ordenar la suspensión inmediata de varios proyectos mineros. Esta decisión se fundamentó en informes técnicos que evidenciaron el incumplimiento de planes de manejo ambiental y la afectación directa a fuentes de agua vitales para comunidades locales.
La polémica se intensificó tras la difusión de imágenes y videos en redes sociales. El colectivo Napo Ama la Vida reportó mediante un video que la actividad minera en la Amazonía continúa degradando las riberas de los ríos, a pesar de las órdenes de suspensión. Las denuncias ciudadanas mostraron maquinaria pesada operando en áreas protegidas, lo que generó un rechazo masivo en las plataformas digitales.
En otro video difundido por Bitácora Ambiental, se observó el desbordamiento de una piscina de sedimentación en la zona sur del país, lo que provocó la muerte de miles de peces y dejó sin agua potable a poblaciones cercanas. Estos eventos alimentaron la narrativa de que el Estado prioriza la recaudación de divisas sobre la vida y los derechos de la naturaleza.
Tensión social y futuro de la Ley
El informe aprobado también introdujo la figura de los «Clústeres Mineros Integrales», un modelo que busca articular infraestructura y servicios para acelerar la inversión extranjera. Según el documento, estos clústeres permitirían reducir costos operativos y fortalecer los encadenamientos productivos, siguiendo modelos de países como Chile y Perú.
No obstante, la resistencia social creció tras la publicación de reels en Facebook que mostraban enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y comuneros que se oponían al ingreso de empresas mineras a sus territorios. La narrativa de «justicia territorial y redistribución» mencionada en la ley fue cuestionada por los manifestantes, quienes aseguran que los beneficios nunca llegan a las zonas de influencia.
El informe de la comisión reconoció que existe una «ausencia de trazabilidad» en el destino de las rentas mineras que reciben los gobiernos locales. Esto ha alimentado la percepción de que la actividad extractiva no genera retornos reales, incrementando la conflictividad social y los riesgos de paralización, lo cual afecta directamente la producción de ingresos futuros.
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Frente a este escenario, la Asamblea Nacional se prepara para el debate final en el Pleno. El asambleísta Alejandro Lara Pérez, ponente del proyecto, tendrá la tarea de defender un texto que intenta equilibrar la necesidad de liquidez fiscal con la creciente demanda de protección ambiental.
La resolución final del Legislativo se dará en los próximos días, mientras el Ministerio de Ambiente afirma que mantiene la vigilancia sobre las concesiones suspendidas. Los habitantes de las zonas afectadas por las extracciones mineras, por su parte, permanecen en alerta, exigiendo que cualquier reforma legal garantice el respeto a la consulta previa y la preservación de los ecosistemas más frágiles del Ecuador. (I)