En un encuentro de trascendencia internacional, la Viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère Quinche, presentó una serie de denuncias críticas ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Dr. Albert K. Barume. La reunión, celebrada el 21 de marzo de 2026, se centró en exponer el deterioro de las garantías fundamentales en el país.
Vercoutère manifestó su profunda preocupación por el avance de la persecución política y el racismo institucional que afecta actualmente a la sociedad ecuatoriana. Durante la sesión, la autoridad provincial enfatizó cómo la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas se ha convertido en una problemática sistemática.
Uno de los puntos centrales de la exposición fue la presentación de pruebas sobre hostigamiento y criminalización que afectan directamente su gestión. La Viceprefecta señaló que estas acciones estatales no deben entenderse únicamente como ataques individuales, sino como una estrategia de violencia política dirigida.
Según lo expuesto ante el organismo internacional, estas medidas envían un mensaje claro de amedrentamiento contra todas las mujeres que ejercen la política desde una identidad indígena. Vercoutère subrayó que la represión busca limitar la participación de liderazgos que defienden los derechos de sus territorios.
En este contexto, la representante de Imbabura hizo referencia a los hallazgos previos de otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Las alertas emitidas por estos organismos coinciden en señalar una preocupante tendencia hacia la represión estatal en el territorio nacional.
La provincia de Imbabura fue citada como un ejemplo clave debido a su alta concentración de pueblos y nacionalidades indígenas. En esta región, la respuesta del Estado frente a las manifestaciones sociales ha dejado consecuencias humanas dolorosas que aún persisten.
Vercoutère explicó que la actuación oficial ha provocado una fractura profunda en la confianza democrática de las comunidades locales. Este quiebre dificulta la construcción de puentes entre las instituciones y la ciudadanía en una provincia históricamente diversa.
La necesidad de que la comunidad internacional mantenga un seguimiento constante sobre Ecuador fue una de las peticiones más urgentes de la autoridad. Se solicitó que Naciones Unidas adopte una mirada integral que relacione el racismo con la violencia política actual.
La Viceprefecta insistió en que no se puede desvincular la vulneración de derechos colectivos de las estructuras de poder que fomentan la discriminación. Para ella, el análisis internacional es vital para frenar la regresión de las garantías democráticas en el país.
Durante el diálogo, se valoró positivamente la apertura del Relator Barume para escuchar de primera mano las denuncias presentadas. Este espacio de interlocución directa permite visibilizar la situación de los liderazgos indígenas que hoy enfrentan procesos judiciales por su labor.
La reunión también sirvió para documentar casos específicos donde las acciones estatales han sobrepasado los límites constitucionales. Vercoutère reiteró que su caso es un reflejo de lo que muchas otras mujeres indígenas viven en el ejercicio de sus funciones públicas.
El racismo institucional, mencionado como un eje de la denuncia, se manifiesta en la falta de acceso a la justicia y en el trato diferenciado por parte de los entes de control. Esta problemática socava los cimientos de un Estado que se autodefine como plurinacional e intercultural.
La Viceprefecta recordó que el respeto a los derechos colectivos es una obligación internacional que Ecuador ha suscrito y debe cumplir. Sin embargo, la realidad descrita ante la ONU muestra una brecha significativa entre la normativa y la práctica cotidiana.
En Imbabura, el impacto de la violencia estatal ha dejado huellas en el tejido social que requieren atención inmediata. La autoridad local busca que la intervención de la ONU sirva como un mecanismo de protección para quienes defienden la vida y el territorio.
La mirada integral solicitada por Vercoutère implica reconocer que la violencia política contra las mujeres indígenas tiene raíces coloniales y patriarcales. Estas raíces se alimentan del racismo para deslegitimar las demandas de justicia social y equidad.
El Relator de la ONU recibió información detallada sobre los procesos de amedrentamiento que buscan silenciar las voces críticas en el país. La criminalización se presenta aquí como una herramienta para neutralizar la oposición política legítima.
Vercoutère concluyó su exposición reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos a pesar de las presiones recibidas. El seguimiento de las Naciones Unidas será fundamental para monitorear la evolución de estos casos en los próximos meses.
La situación en Ecuador sigue bajo la observación de organismos internacionales que vigilan el cumplimiento de los tratados de derechos humanos. La denuncia presentada este 21 de marzo marca un hito en la búsqueda de justicia por parte de las autoridades indígenas.
Finalmente, el llamado a la observación internacional busca restaurar las garantías democráticas que se consideran en retroceso. La protección de los pueblos y nacionalidades indígenas frente al racismo estatal sigue siendo el eje prioritario de esta gestión ante la ONU. (I)