La Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal General denunció., este miércoles, irregularidades en la publicación de los expedientes de los postulantes y anunció una audiencia judicial tras presentar una acción de acceso a la información pública.
El pronunciamiento se dio a través de una rueda de prensa en Quito, luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social publicara de forma parcial los documentos de los candidatos, tras la presión de la acción judicial.
“La Comisión Cívica presentó una acción judicial no solo por la negativa del CPCCS a entregar los expedientes de los 75 postulantes a Fiscal General”, indicó la organización en su comunicado.
El proceso involucró a 75 aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado, cuyos expedientes no fueron difundidos de manera oportuna. La Comisión también cuestionó declaraciones de Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección.
Según el documento, Jacho afirmó que la publicación se realizaría después de resolver los pedidos de reconsideración de los postulantes. “La publicación de los mismos se haría una vez resueltos los pedidos de reconsideración”, recogió la Comisión sobre esas declaraciones.
Para el organismo ciudadano, esa decisión afectó el derecho de acceso a la información pública. En los días posteriores a la convocatoria de la audiencia, el CPCCS difundió parte de los expedientes en su portal web.
Sin embargo, la publicación no incluyó la totalidad de la información requerida. “3 de los 75 expedientes no se han publicado”, señaló el organismo cívico.
El CPCCS justificó la omisión aludiendo a la protección de datos personales. No obstante, la Comisión consideró que ese argumento fue incorrecto. “Aduciendo erróneamente una supuesta protección de datos personales”.
La Comisión Cívica explicó que la normativa vigente permite proteger datos sensibles sin limitar la transparencia. También cuestionó el momento en que se hizo pública la información. “Esta publicación, tardía y parcial, evidencia que el Reglamento del concurso no garantiza el derecho de acceso a la información pública”, afirmó.
El organismo advirtió que el proceso presentó fallas estructurales en materia de transparencia. Asimismo, consideró que se trató de un manejo opaco de un concurso clave para el país. “Reafirmando el manejo opaco de un proceso público de vital importancia para el país”, enfatizó la Comisión. (I)