«La crisis arancelaria entre Ecuador y Colombia tiene un origen político y no comercial». Así lo afirma Virgilio Hernández, parlamentario andino por Ecuador, quien advierte que las medidas adoptadas por el Gobierno ecuatoriano carecen de sustento técnico y están generando un impacto directo en la economía y en la vida cotidiana de los ciudadanos.
“Este es un problema que lamentablemente lo ha generado el Ecuador y responde a orientaciones geopolíticas antes que al interés nacional”, sostuvo Hernández en declaraciones a PERIODISMO PÚBLICO.
El exasambleísta y actual parlamentario andino analizó las consecuencias de la tensión arancelaria entre ambos países y alertó sobre un escenario de deterioro económico y social en la frontera norte.
La escalada comenzó a inicios de 2026, cuando el Gobierno de Daniel Noboa impuso una tasa de seguridad del 30 % a productos colombianos desde el 1 de febrero.
Posteriormente, el arancel subió al 50 % en marzo y alcanzará el 100 % desde el 1 de mayo, como medida de presión frente a lo que Ecuador considera falta de control en la frontera por parte de Colombia.
Desde Bogotá, la reacción no tardó. El Gobierno del presidente Gustavo Petro respondió inicialmente con un arancel del 30 % a 73 subpartidas ecuatorianas y luego anunció un esquema escalonado que oscila entre el 35 %, 50 % y 75 %, dependiendo de la sensibilidad de los sectores productivos. Este modelo, según autoridades colombianas, busca evitar impactos indiscriminados en su economía.
Incluso, Petro matizó la postura al señalar que ciertos productos ecuatorianos considerados esenciales podrían ingresar con arancel cero, evidenciando una estrategia diferenciada frente a la política ecuatoriana, que grava de forma generalizada todas las importaciones.
El trasfondo político también ha tensado la relación bilateral. Declaraciones cruzadas entre ambos mandatarios, sumadas al llamado a consultas del embajador ecuatoriano en Bogotá, han profundizado la crisis más allá del ámbito comercial.
En este contexto, Hernández sostiene que el conflicto responde a intereses ajenos al comercio. “No hay aquí de fondo un problema comercial ni de seguridad; lo que se busca es incidir en el escenario electoral colombiano”, afirmó en la entrevista con Periodismo Público.
El parlamentario advierte que esta decisión se da pese a que existen mecanismos regionales activos dentro de la Comunidad Andina. Recordó que en 2024 se aprobó la Decisión 922, que establece un plan de acción regional en materia de seguridad, el cual no ha sido plenamente utilizado por el Gobierno ecuatoriano.
“El Ecuador no puede enfrentar solo problemas que son regionales. Hay instrumentos para coordinar acciones con Colombia y no se los ha activado”, cuestionó.
Impacto económico y comercial
Las consecuencias económicas ya empiezan a evidenciarse. Según datos del sector empresarial, el intercambio comercial entre Ecuador y Colombia supera los 2.800 millones de dólares anuales, con una balanza históricamente desfavorable para Ecuador.
Desde Colombia, la Asociación Nacional de Comercio Exterior reportó pérdidas cercanas a 5,5 millones de dólares diarios debido a la paralización del comercio fronterizo. Además, al menos 12.000 familias en zonas como Ipiales han visto afectada su actividad económica.
En Ecuador, gremios como la Cámara de Comercio de Quito han manifestado su preocupación por el impacto de los aranceles. El organismo advirtió que la medida encarecerá productos, afectará cadenas productivas y podría traducirse en pérdida de empleo.
El gremio de exportadores también ha alertado sobre la afectación a sectores clave como el camarón, el banano, el cacao y los productos pesqueros, varios de los cuales forman parte de las subpartidas sujetas a aranceles en Colombia.
Freddy Cevallos, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana, señaló que el sector ha solicitado medidas de compensación al Gobierno, como diferimientos tributarios y apoyo financiero para mitigar el impacto.
A esto se suma la afectación en zonas fronterizas ecuatorianas como Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, donde el comercio binacional es un eje fundamental de la economía local.
El sector exportador advierte que la escalada arancelaria compromete uno de los principales mercados regionales para Ecuador.
Desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores se sostiene que medidas como los aranceles escalonados aplicados por Colombia —de hasta el 75 % en 151 subpartidas— afectan directamente a productos clave de la oferta exportable ecuatoriana, como camarón, banano, cacao y procesados del mar, en un contexto en el que el intercambio bilateral supera los 2.800 millones de dólares anuales.
Hernández retoma este punto y advierte que el país no cuenta con una evaluación clara de los sectores perjudicados. “Ni siquiera hay una matriz de impactos. No saben a quiénes están afectando”, afirmó.
El parlamentario también alertó sobre el encarecimiento de productos esenciales. “Gran parte de las medicinas que consumimos provienen de Colombia. Con aranceles del 100 %, esas medicinas serán más caras o simplemente no habrá”, explicó.
Asimismo, mencionó el impacto en cadenas de comercialización informal, especialmente aquellas lideradas por mujeres que distribuyen productos cosméticos importados desde Colombia.
Otro efecto directo, según Hernández, es el incentivo al contrabando. “Al cerrar los canales legales, lo que se promueve es el ingreso ilegal de productos. Eso agrava la inseguridad”, señaló.
La situación del contrabando es una problemática de largo aliento. Datos proporcionadas por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, dan cuenta que han sido identificados entre 70 y 95 trochas (pasos ilegales) a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia.
Los contrabandistas ingresan de forma irregular productos como cigarrillos, licor, alimentos e incluso drogas, armas, etc. “Con este incremento arancelario, el problema alcanzará mayores proporciones”, alertó Hernández.
Respuesta del Gobierno y tensiones en seguridad
Frente a estas críticas, el Gobierno ecuatoriano sostiene que la medida responde a un problema estructural de seguridad en la frontera norte.
El viceministro de Producción, Andrés Robalino, afirmó a Periodismo Público que la crisis debe analizarse en un contexto más amplio. “Estamos conscientes de que hay afectados, pero esto responde a un deterioro sostenido de la seguridad en la frontera sur de Colombia”, indicó.
El funcionario aseguró que Ecuador ha enfrentado de forma aislada problemas vinculados al narcotráfico y grupos irregulares. “No puede ser que Ecuador sea el único que controle a estos actores mientras del otro lado no hay acciones”, sostuvo.
Robalino enfatizó que la medida se mantendrá mientras no exista corresponsabilidad por parte de Colombia. “Debe haber una acción conjunta en seguridad; de lo contrario, la política arancelaria seguirá vigente”, afirmó.
El Gobierno también ha señalado que mantiene mesas de trabajo con el sector productivo para mitigar el impacto económico y evaluar medidas de apoyo.
Sin embargo, Hernández cuestiona esta postura y advierte que los costos recaen directamente en la ciudadanía. “Se toma una decisión política sin importar cómo afecta a los ecuatorianos, especialmente en el acceso a productos básicos”, dijo.
El parlamentario insiste en que existen alternativas diplomáticas que no han sido utilizadas. “Se pudo convocar al Consejo Presidencial Andino o reactivar los gabinetes binacionales. No se hizo”, señaló.
Además, critica la falta de transparencia en el manejo de los recursos derivados de estas medidas. Recordó que el incremento del IVA generó cerca de 1.500 millones de dólares adicionales, sin que exista claridad sobre su uso en seguridad.
“No hay rendición de cuentas ni seguimiento real al presupuesto. Eso agrava la desconfianza”, sostuvo.
En ese sentido, Hernández advierte que la crisis arancelaria podría profundizar problemas estructurales del país, como el aumento del costo de vida y la desaceleración económica. “El país enfrenta una situación económica crítica y estas decisiones solo la empeoran”, afirmó.
También alertó sobre el impacto social, especialmente en sectores vulnerables que dependen del comercio informal o de actividades vinculadas a la frontera.
El parlamentario hizo un llamado a replantear la estrategia del Gobierno. “Se necesita diálogo, cooperación regional y decisiones técnicas, no medidas improvisadas”, concluyó.
A su criterio, la salida a la crisis pasa por retomar los canales diplomáticos, fortalecer los mecanismos de integración andina y priorizar el bienestar de la población sobre los intereses políticos. (I)