La Comisión Especializada Permanente al Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional aprobó esta tarde el texto definitivo de votación del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen Diabetes.
La decisión se concretó con un respaldo de siete votos a favor, dos en contra y una ausencia, dejando el documento listo para su ratificación final en el Pleno. «Aprecio mucho el tiempo de todos; ha sido un trabajo exhaustivo, titánico y maratónico», manifestó el presidente de la mesa, Juan José Reyes, al clausurar la sesión número 131.
El punto medular de la jornada fue la incorporación de una modificación sustancial para salvaguardar los derechos de los usuarios frente a las aseguradoras. La propuesta fue planteada por el asambleísta Jorge Fabricio, quien enfatizó la necesidad de blindar la normativa.
«A fin de garantizar la seguridad jurídica y en atención a la literalidad de la norma, estimo necesario que el texto final refleje exclusivamente aquellas observaciones debatidas», señaló el legislador al proponer el cambio integral al artículo 15 del proyecto.
La reforma, que sustituye al artículo 18 de la ley vigente, establece que las empresas de medicina prepagada y seguros «deberán aceptar a pacientes con diabetes en cualquier estado clínico sin ninguna excepción».
Tamayo fue enfático al justificar la urgencia de esta medida: «Las poblaciones de la Costa tienen gran incidencia en la diabetes… esta ley recoge todas sus inquietudes y necesidades; la salud es un derecho y debemos asegurar el acceso equitativo y la no discriminación».
Con esta nueva normativa, se prohíbe explícitamente el rechazo, la decisión de no enrolamiento o la no aceptación de riesgo para la celebración o renovación de contratos. Además, el texto veta la «imposición de recargos tarifarios sin sustento técnico y legal en razón del estado de salud», asegurando que la Superintendencia de Compañías verifique el cumplimiento de estas disposiciones para proteger la economía de las familias ecuatorianas.
Avances en la Ley de Obesidad frente a la crisis de enfermedades no transmisibles
Simultáneamente, la Comisión avanza en la socialización de la Ley de Obesidad como una herramienta clave para frenar el avance de las enfermedades no transmisibles. El combate a estos padecimientos responde a una realidad estadística alarmante en el país.
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Según datos históricos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la diabetes se mantiene como una de las primeras causas de mortalidad general en Ecuador, mientras que la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) revela que aproximadamente 6 de cada 10 adultos presentan sobrepeso u obesidad.
Los legisladores han cumplido con los plazos de análisis tras la superación de los filtros técnicos de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), enfocándose en crear normas preventivas. Esta estrategia busca reducir la presión sobre el sistema de salud pública, atacando los factores de riesgo desde la legislación alimentaria y el control de la publicidad.
El etiquetado de octógonos, un aporte a la espera
Como parte de las acciones para fortalecer la salud pública, la asambleísta Cristina Jácome impulsa una reforma para transicionar del sistema de semáforo nutricional al sistema de octógonos.
Jácome sostiene que este modelo es «mucho más claro para el consumidor» y cita los resultados positivos obtenidos en países como México, Brasil y Argentina. Su propuesta, construida junto a la academia y expertos, busca transparentar el contenido de los productos ultraprocesados.
Debido a que el proceso se encontraba detenido por supuestas «presiones de las grandes industrias», la legisladora optó por una nueva vía legislativa.
En lugar de un proyecto independiente, presentará su reforma como una «observación técnica dentro de la Ley de Obesidad», eliminando términos que pudieran interpretarse como generadores de gasto público para viabilizar su aprobación.
Actualmente, Jácome gestiona la participación de especialistas internacionales de España y Brasil en la Comisión de Salud para sustentar la necesidad de este cambio, mientras presiona al Ejecutivo para que el Ministerio de Salud Pública firme el acuerdo ministerial que aceleraría la implementación este mismo año. (I)