El panorama epidemiológico del cáncer en el Ecuador alcanzó niveles críticos de atención sectorial. De acuerdo con los últimos registros de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), la incidencia de esta enfermedad se consolidó como un grave problema de salud pública nacional.
Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y de la base global Globocan confirmaron que en el país se diagnostican cerca de 30.000 nuevos casos de cáncer cada año. Esta alarmante cifra se complementa con una tasa de mortalidad estimada que alcanza el 50% de los diagnósticos, lo que significa el deceso de aproximadamente 15.000 personas anualmente por causas oncológicas.
Ante esta realidad, diversos sectores civiles y científicos decidieron reunirse en la ciudad de Quito durante el mes de mayo de 2026. El motivo del encuentro fue el desarrollo del 1er SOHMMIT Ecuador 2026, un foro multisectorial enfocado en analizar de forma técnica la situación de esta patología y proponer soluciones concretas.
La cita científica y administrativa congregó a expertos nacionales, autoridades gubernamentales, representantes de la academia, organizaciones de pacientes y gremios del sector privado. El objetivo de este primer simposio fue estructurar consensos institucionales encaminados a fortalecer el sistema de atención oncológica en el territorio ecuatoriano.
Impacto por género y costos financieros
El comportamiento biológico de la enfermedad evidenció marcadas diferencias respecto a las patologías más graves por género y edad. En la población femenina, el cáncer de mama se mantuvo como el de mayor incidencia y gravedad, afectando de manera predominante a mujeres de entre 55 y 70 años de edad.
El impacto del cáncer mamario en la sociedad ecuatoriana demostró tener repercusiones severas más allá del ámbito médico. Estudios expuestos durante las jornadas del evento demostraron que, en el septenio comprendido entre 2017 y 2023, esta patología específica provocó pérdidas que rondaron los USD 699 millones por concepto de productividad laboral.
Por otro lado, los reportes técnicos del MSP y de Solca identificaron que el cáncer de próstata es la patología más frecuente y letal en los hombres ecuatorianos. Este tumor afecta principalmente a varones mayores de 50 años, incrementando su agresividad y tasa de aparición diagnóstica conforme avanza la edad de los pacientes.
Adicionalmente, el cáncer de estómago y el de cuello uterino se posicionaron de manera histórica entre las causas más recurrentes de mortalidad oncológica en el país. El tumor estomacal mantiene un perfil agresivo en ambos sexos a partir de los 60 años, mientras que el cervical ataca a mujeres en plena edad reproductiva.
En el segmento de la población infantil y adolescente, que abarca desde los 0 hasta los 19 años, las leucemias agudas representaron el tipo de cáncer más diagnosticado en las unidades médicas nacionales. A pesar de los avances en supervivencia, la tasa de mortalidad en este rango etario se ubicó entre las más altas de la región sudamericana.
El perjuicio socioeconómico global proyectado para los próximos tres años encendió las alarmas de los administradores de la salud pública presentes en el congreso. De no implementarse estrategias urgentes en detección temprana y tratamiento oportuno, las pérdidas económicas generales por cáncer superarían los USD 497 millones en el periodo trienal.
La cita fue impulsada por Roche Ecuador bajo una alianza estratégica con la Embajada de Suiza en Ecuador, la Universidad de Las Américas (UDLA) y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Suiza. Dichas entidades buscaron abrir un debate plural sobre la sostenibilidad financiera de los tratamientos médicos de alta complejidad.
Propuestas para la sostenibilidad del sistema
Los ponentes del evento analizaron las implicaciones de la recientemente aprobada Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer. Para los especialistas, el desafío fundamental de la sociedad radica en transformar esa normativa legal en políticas públicas reales que eviten la interrupción de terapias médicas.
La Gerente General de Roche Ecuador, Oana Matei, puntualizó la urgencia de estructurar sinergias interinstitucionales duraderas dentro del ecosistema sanitario. La directiva manifestó que la salud debe ser comprendida de manera definitiva como un motor de desarrollo productivo y no bajo el concepto tradicional de gasto público.
Por su parte, Josué Hidalgo, en calidad de Líder de Valor y Acceso de Roche en Latinoamérica, sustentó con datos estadísticos la gravedad de la carga socioeconómica actual. El experto enfatizó que el diagnóstico tardío destruye la efectividad de los tratamientos clínicos y quiebra la estabilidad financiera de las redes estatales.
Hidalgo acotó que la innovación terapéutica actuó de manera positiva entre los años 2017 y 2023, logrando el retorno de 1.9 millones de dólares al sistema. Sin embargo, insistió en que las metas regionales obligan a ejecutar acciones inmediatas para remover las barreras administrativas actuales.
A su vez, el Doctor Jaime Terán, especialista con PHD en Farmacología, planteó que la Ley Orgánica debe operar de forma coordinada con el Registro Dinámico de Medicamentos Oncológicos. A criterio de Terán, dicho mecanismo suprimirá la inequidad y las demoras burocráticas en la entrega de fármacos.
El experto farmacológico determinó que el problema central de la oncología estatal en el país no responde estrictamente a una escasez de recursos financieros. Terán recomendó cambiar las políticas de adquisición pública para comprar medicamentos de manera inteligente, evaluando el valor clínico y no el precio de mercado.
El sector universitario formalizó su postura respecto a la capacitación del talento humano especializado que maneja a este tipo de pacientes de alta complejidad. Wilson Chicaiza, director académico de la Facultad de Medicina de la UDLA, explicó el compromiso de las aulas en este proceso nacional.
Chicaiza puntualizó que la responsabilidad de la academia no es solamente educativa, sino de carácter ético y estructural para la sostenibilidad del sector sanitario. El docente ratificó que se requiere formar profesionales con solvencia técnica apta para humanizar la administración de salud.
El encuentro concluyó con una hoja de ruta técnica que exige una articulación real entre el sector público, la sociedad científica y la empresa privada. Las mesas de trabajo cerraron con el compromiso de fundamentar las futuras decisiones médicas del país exclusivamente en evidencia científica comprobada.
140 días de espera para un diagnóstico definitivo: El estudio EquityCancer-LA revela la crítica realidad del acceso a tratamientos oncológicos en Ecuador
El sistema de salud pública de Ecuador atraviesa una crisis estructural que impacta directamente en la supervivencia de las personas con enfermedades catastróficas.
De acuerdo con los hallazgos del estudio EquityCancer-LA, el tiempo promedio para que un paciente obtenga un diagnóstico definitivo desde la primera sospecha de la enfermedad es de 140 días. A esta prolongada espera se suma una cobertura de mamografías de apenas el 20% en la población en riesgo, lo que provoca que la gran mayoría de los casos se detecte en etapas muy avanzadas, incrementando drásticamente la presión hospitalaria y los costos de atención.
Esta situación ha forzado un cambio de paradigma en las casas de salud, donde la práctica médica ha transitado de una «medicina basada en evidencia» —donde el especialista prescribe el fármaco preciso para la calidad de vida del usuario— a una «medicina basada en existencias», adaptando las recetas de forma estricta al stock disponible en las farmacias.
En la actualidad, menos del 40% de las pacientes oncológicas en el país accede a un esquema terapéutico adecuado, lo que significa que más del 60% se encuentra bajo tratamientos subóptimos debido a problemas crónicos de desabastecimiento y gestión administrativa. Cuando el fármaco falta, la atención médica se reduce a una administración de carencias que incumple los estándares internacionales.
La falta de articulación institucional no solo deteriora la salud de los ciudadanos, sino que genera un perjuicio económico medible para el Estado.
Entre 2017 y 2023, el manejo ineficiente de patologías crónicas provocó una pérdida de USD 699 millones en la productividad del país y costó a la población un total de 83.500 años de vida saludable (DALYs). De manera específica, el diagnóstico tardío y la discontinuidad del tratamiento en casos de cáncer de mama representa una pérdida económica directa de USD 25 millones al año.
El cuello de botella administrativo se evidencia con fuerza en la suspensión de servicios externos por deudas acumuladas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), lo que ha llevado a que instituciones como la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) rechacen a pacientes derivados del sistema público.
Asimismo, en hospitales de la red pública como el Carlos Andrade Marín, la escasez de reactivos, insumos y medicinas de soporte interrumpe ciclos vitales de tratamiento de manera cotidiana. A esto se añade la insuficiencia de personal e infraestructura especializada para realizar estudios de biomarcadores, un paso indispensable para definir terapias personalizadas y evitar tratamientos inadecuados.
Por otra parte, el modelo de compra centralizada implementado por las autoridades no ha logrado estabilizar el suministro. Los cronogramas para la adquisición de productos no catalogados sufrieron modificaciones que redujeron la proyección de compra de 15 a 12 meses, sin transparentar las cantidades requeridas ni asegurar el cumplimiento de los plazos, registrándose fármacos que ya reportan stock cero.
Ante este escenario, gremios y sectores afectados señalan que, aunque el país cuenta con una Ley de Cáncer, su impacto real es nulo debido a la falta de un reglamento claro.
La actual construcción de dicho reglamento se presenta como la última oportunidad para corregir estas fallas, mediante herramientas concretas que obliguen a la planificación del abastecimiento, implementen alertas tempranas ante quiebres de stock y agilicen la gestión hospitalaria para garantizar que la disponibilidad de los fármacos sea continua y sostenible. (I)