Una reducción del 14 por ciento en la tasa de homicidios intencionales y una inversión pública en infraestructura que escaló de 42 millones a 533 millones de dólares se consolidaron como los datos macroeconómicos más contundentes del año.
Estas cifras oficiales se conocieron públicamente durante la sesión solemne de Rendición de Cuentas del presidente Daniel Noboa, correspondiente a la evaluación de su gestión tras el cierre del periodo anual, efectuada en la sede de la Función Legislativa.
El Palacio Legislativo amaneció custodiado por un riguroso operativo a cargo de la guardia legislativa, la Policía Nacional y unidades de las Fuerzas Armadas, quienes colocaron vallas metálicas y posicionaron vehículos antimotines en las intersecciones estratégicas de la capital.
Desde las seis de la mañana, piquetes policiales fuertemente armados registraron minuciosamente las credenciales de los equipos de prensa y revisaron los bolsos de los asesores que pugnaban por ingresar al recinto.
El ambiente en los exteriores del Palacio combinaba el despliegue de seguridad con el arribo incesante de comitivas oficiales que descendían de modernos vehículos oscuros para avanzar con paso apresurado sobre la alfombra roja.
En las inmediaciones de la Plaza Juan Montalvo, grupos de ciudadanos con banderas tricolores se apostaron para manifestar su respaldo a la gestión presidencial, alterando la habitual quietud matutina del centro de Quito.
Al interior del salón plenario Nela Martínez Espinosa, el movimiento técnico y protocolar no cesaba mientras los ujieres distribuían las carpetas con los informes oficiales sobre cada uno de los curules parlamentarios.
Las cabinas de transmisión de los medios de comunicación públicos y privados operaban a su máxima capacidad, realizando enlaces en directo y probando la fidelidad de los micrófonos de ambiente antes de la apertura oficial.
Las dos pantallas gigantes empotradas en las paredes laterales de la sala mostraban de forma intermitente el escudo nacional y gráficos institucionales alusivos al acto cívico. El murmullo de los cerca de 1.500 invitados especiales, legisladores y diplomáticos que copaban las localidades principales del recinto generaba una atmósfera de expectación política y formalidad institucional.
Minutos antes de iniciar la sesión, las máximas dignidades del Estado ecuatoriano ingresaron de forma sucesiva para ocupar sus sitios de honor en las primeras filas de la platea y en el estrado principal. Al recinto parlamentario acudieron los integrantes de las comisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los magistrados de la Corte Nacional de Justicia y los vocales del Consejo de la Judicatura.
Asimismo, se registró la presencia de los representantes de las distintas Superintendencias de control, delegados de la Fiscalía General del Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral.
Las delegaciones del cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno de Quito y los oficiales del alto mando militar, luciendo sus uniformes de gran gala con condecoraciones, completaron el cuadro de autoridades estatales.
El inicio formal del evento se dio con el ingreso del presidente de la Asamblea Nacional, quien fue recibido en la mesa directiva con los honores de su jerarquía por parte del equipo de protocolo del Parlamento.
El legislador Niels Olsen, en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional, aperturó la jornada solemne y pronunció un discurso enfocado en la necesidad de tender puentes institucionales en medio de la crisis.
La máxima autoridad del Parlamento declaró ante la plenaria: «La relación entre las funciones del Estado debe medirse por su responsabilidad». Durante su intervención de diez minutos, la dignidad parlamentaria recalcó la importancia de ejercer una fiscalización rigurosa pero constructiva, orientada a garantizar la estabilidad del sistema democrático.
Posteriormente, el primer mandatario ingresó al complejo legislativo acompañado de su esposa y primera dama, Lavinia Valbonesi, y de sus hijos pequeños, caminando escoltado por los granaderos de Tarqui.
El jefe de Estado avanzó hacia el centro de la sala plenaria en medio de los aplausos de los ministros de su gabinete, secretarios de Estado y de los simpatizantes que abarrotaban las barras altas del edificio.
El evento se amparó estrictamente en las normativas constitucionales vigentes, cumpliendo con el artículo 147 de la Constitución de la República que obliga al Ejecutivo a presentar su informe anual de labores ante la Asamblea.
El discurso presidencial tuvo una duración exacta de 28 minutos, caracterizándose por una lectura dinámica auxiliada por apuntes digitales y un tono enfático centrado en defender el legado de sus reformas.
Seguridad nacional se apuntaló tras alcanzar una reducción del 14 por ciento en homicidios intencionales
El gobernante inició su alocución repasando las intervenciones tácticas ejecutadas bajo las declaratorias de estado de excepción y la persistencia del conflicto armado interno. Durante su intervención, enfatizó que la presencia permanente de los militares en los distritos costeros y el control exhaustivo de los centros penitenciarios constituyeron los pilares fundamentales para contener el avance del crimen organizado transnacional.
El líder del Ejecutivo, Daniel Noboa, actuando como Presidente de la República, ratificó el compromiso gubernamental y exclamó: “Desde entonces este gobierno ha tenido como única prioridad recuperar el país”.
Las delegaciones extranjeras tomaron nota de los detalles operativos expuestos por el mandatario, quien defendió la firmeza de las fuerzas del orden frente a las críticas de sectores políticos disidentes.
Los aplausos del gabinete ministerial interrumpieron el discurso en varias ocasiones, rompiendo la tensa calma que se mantuvo en los pasillos del pleno.
El informe presidencial validó la continuidad de las estrategias conjuntas entre los estamentos policiales y militares en las zonas de mayor peligrosidad del territorio ecuatoriano.
El jefe de Estado detalló que las intervenciones en las penitenciarías permitieron desmantelar redes de comunicación clandestinas y decomisar arsenales de guerra que operaban bajo el amparo de administraciones anteriores.
La ofensiva militar en provincias como Manabí, Guayas y Los Ríos fue descrita como un esfuerzo sostenido que debilitó significativamente las estructuras logísticas y los laboratorios de procesamiento de sustancias ilícitas.
Las estadísticas oficiales mostradas en el pleno reflejaron una estabilización progresiva de las muertes violentas por cada cien mil habitantes en los cantones priorizados.
Economía nacional creció con una inversión que pasó de 42 millones a 533 millones de dólares en infraestructura
El segundo eje de la intervención presidencial se concentró en el desglose de los indicadores macroeconómicos y el impacto directo de las leyes de eficiencia económica aprobadas por el Legislativo.
El gobernante defendió con vehemencia la optimización fiscal derivada de la focalización y retiro de los subsidios estatales a los combustibles de mayor consumo automotriz.
El gobernante, Daniel Noboa, ejerciendo como Primer Mandatario, justificó la dureza de las reformas tributarias y sentenció: «Terminamos con los subsidios a los contrabandistas y a la minería ilegal en el territorio».
El jefe de Estado sustentó que el ahorro proyectado de 1.200 millones de dólares sirvió para sanear las cuentas fiscales y cortar las vías de financiamiento de las agrupaciones terroristas locales. Los asistentes observaron los gráficos estadísticos proyectados en las pantallas gigantes del plenario, donde se evidenció el despunte del sector de la construcción mediante la inyección presupuestaria estatal en obras públicas estratégicas.
Los ministros del área económica respaldaron de pie las afirmaciones presidenciales referidas a la atracción de capitales foráneos y los nuevos acuerdos comerciales bilaterales.
La reactivación del empleo joven fue otro de los puntos resaltados en el ámbito financiero, asociándolo directamente a los incentivos tributarios otorgados a las empresas privadas que incrementaron sus nóminas locales.
El informe técnico expuso que las reservas internacionales del país mantuvieron un comportamiento estable, lo que permitió cumplir puntualmente con los compromisos de la deuda externa sin descuidar el gasto social interno.
El Ejecutivo recalcó que los recursos ahorrados por la eliminación de subsidios nocivos se canalizaron de manera prioritaria hacia el financiamiento de proyectos de electrificación y riego tecnificado para las comunidades rurales del país.
Salud pública implementó una nueva centralización de compras para abastecer 135 hospitales públicos
El tramo de cierre de la rendición de cuentas detalló las transformaciones estructurales aplicadas en la Red Pública Integral de Salud y la adquisición de equipamiento especializado.
El mandatario anunció de manera formal la firma de un decreto ejecutivo orientado a la unificación de los procesos de adquisición de fármacos bajo un modelo centralizado que evite desabastecimientos crónicos y sobreprecios.
El gobernante, Daniel Noboa, ratificado en su rol de Jefe de Estado, defendió la transparencia de la gestión sanitaria y afirmó: «Hacer lo popular lo hace cualquiera; lo correcto lo hicimos nosotros en beneficio del pueblo».
La reestructuración administrativa apuntó a fiscalizar las bodegas hospitalarias e incrementar el acceso a tratamientos oncológicos y pediátricos en los centros de salud estatales a nivel nacional.
La inversión en repotenciación médica abarcó la adquisición de ambulancias modernas, la renovación de equipos de tomografía y la contratación de personal especializado para las áreas de cuidados intensivos en la Amazonía.
Las cifras del sector salud evidenciaron un incremento en el porcentaje de cirugías programadas resueltas con éxito dentro del sistema de seguridad social.
Al concluir la intervención del Ejecutivo, el secretario general del Parlamento constató la finalización del orden del día y los participantes entonaron unánimemente el Himno a Quito, cerrando formalmente el protocolo de la sesión concurridísima. Las autoridades diplomáticas y los altos mandos militares abandonaron las instalaciones bajo la custodia estricta de la escolta presidencial legislativa, dando por concluida la jornada democrática anual. El desalojo ordenado del salón plenario marcó el fin de una jornada marcada por la confrontación de datos técnicos y el balance político de la nación. (I)