
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, instó a la Comisión de Justicia a acelerar el trámite del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. El legislador exigió que el documento llegue al Pleno para su aprobación definitiva a más tardar el 31 de julio de 2026.
Para cumplir con este objetivo, Olsen solicitó recortar en 30 días el plazo ordinario establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Según afirmó, el país lleva demasiado tiempo esperando justicia de verdad y es momento de actuar con celeridad.
Esta exigencia se realizó tras concluir, el pasado miércoles 27 de mayo, el primer debate de la propuesta legal. El proyecto busca implementar un régimen integral de combate a la corrupción para el blindaje ético del sistema judicial y transparentar los procesos de justicia.
El titular del Parlamento advirtió sobre presiones de sectores que intentarán frenar la normativa para defender su impunidad y sus negocios. Enfatizó que la meta final de la propuesta es lograr que la ley destituya y procese penalmente a los jueces y fiscales corruptos.
El cuerpo legal consta de 31 artículos, 20 disposiciones transitorias y cinco disposiciones reformatorias. Estas últimas modifican directamente normativas como el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la Ley de la Contraloría y la Ley de Arbitraje.
Coincidiendo con el evento por su primer año de gestión, el presidente del Legislativo anunció de forma complementaria nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este anuncio se suma a las modificaciones técnicas que el proyecto actual ya contempla para los procesos penales en los juzgados del país.
El COIP entró en vigencia originalmente el 10 de agosto de 2014, unificando la normativa penal sustantiva, adjetiva y de ejecución en Ecuador. Desde su publicación, ha sido uno de los documentos jurídicos más modificados del país, acumulando más de una docena de reformas sustanciales para endurecer penas y tipificar nuevos delitos.
Fuente: Asamblea