Habitantes denunciaron el ingreso de personas externas al campamento de la empresa Terraturismo. Organizaciones indígenas y ambientales alertan sobre una nueva escalada del conflicto por tierras ancestrales, en una zona donde también persisten preocupaciones por el avance de actividades extractivas.
La comunidad ancestral kichwa Tzawata volvió a amanecer en estado de alerta. Durante la madrugada de este martes, sus habitantes denunciaron una nueva ocupación luego del ingreso de personas externas al campamento de la empresa Terraturismo, en medio del conflicto territorial que ambas partes mantienen desde hace más de quince años.
La organización Napo por la Vida, liderada por José Moreno, informó que la población comunitaria se concentró para vigilar el territorio y evitar nuevos incidentes, al considerar que la presencia de personas ajenas incrementa la tensión en una zona que desde hace años registra disputas por la propiedad y posesión de la tierra.
La comunidad Tzawata-Ila-Chukapi está ubicada en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo, dentro de un área de alta biodiversidad caracterizada por bosques amazónicos, ríos y ecosistemas que constituyen corredores biológicos para numerosas especies de flora y fauna. Sus habitantes sostienen que la conservación del territorio es indispensable para mantener su forma de vida, sus actividades agrícolas y su patrimonio cultural.
Según Napo por la Vida, los comuneros permanecieron reunidos durante varias horas para definir acciones comunitarias frente a la nueva ocupación y solicitar la intervención de las autoridades competentes.
La organización también sostuvo que las comunidades de Aguata y San Clemente de Chucapí enfrentan una situación similar y denunciaron que sus derechos colectivos y humanos continúan siendo vulnerados debido a la persistencia del conflicto territorial y la presión sobre los territorios ancestrales.
Las organizaciones indígenas afirmaron que los hechos ocurren pocas semanas después de otros enfrentamientos registrados en la zona, cuando denunciaron el ingreso de maquinaria y trabajadores vinculados a Terraturismo, situación que generó movilizaciones y pedidos de protección para la comunidad.
Un conflicto que se arrastra desde hace más de una década
El conflicto entre la comunidad ancestral y Terraturismo no es reciente. Durante más de quince años ambas partes han sostenido disputas relacionadas con la propiedad y el uso de los predios ubicados en este sector amazónico.
Diversas organizaciones indígenas sostienen que el territorio forma parte de la ocupación ancestral de la comunidad kichwa, mientras que la empresa ha defendido sus derechos sobre los predios mediante diferentes acciones legales y administrativas. Esa controversia ha derivado en procesos judiciales, denuncias públicas y reiteradas solicitudes de intervención estatal.
Durante junio de este año, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y otras organizaciones denunciaron públicamente nuevos ingresos de maquinaria y trabajadores, además de amenazas de desalojo contra la comunidad.
Las organizaciones sostienen que estos hechos incrementan el riesgo de enfrentamientos y han solicitado medidas urgentes para proteger la integridad de los comuneros.
Preocupación por la presión extractiva
La disputa territorial ocurre en una provincia donde la minería, tanto legal como ilegal, ha incrementado la conflictividad social durante los últimos años.
Especialistas y organizaciones ambientales han advertido que las actividades mineras ilegales suelen provocar deforestación acelerada, contaminación de ríos con mercurio y sedimentos, pérdida de biodiversidad, apertura de vías clandestinas y el ingreso de economías criminales vinculadas a la explotación de recursos naturales.
En varias zonas amazónicas, estos procesos también han derivado en amenazas contra dirigentes comunitarios, conflictos sociales y disputas por el control del territorio.
Aunque en este caso las denuncias de la comunidad se centran en el conflicto por la tierra y la ocupación del campamento de Terraturismo, organizaciones locales sostienen que la creciente presión extractiva constituye uno de los factores que incrementan la conflictividad en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola.
La nueva ocupación fue denunciada apenas un día después del atentado con explosivos contra las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) en Quito, hecho que permanece bajo investigación de la Policía Nacional y de la Fiscalía. Hasta el momento las autoridades no han atribuido oficialmente responsabilidades por ese ataque.
Mientras tanto, los habitantes de Tzawata solicitaron la presencia permanente de las autoridades para prevenir nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de las comunidades indígenas asentadas en la zona. También insistieron en que el Estado avance hacia una solución definitiva del conflicto territorial que, según afirman, continúa poniendo en riesgo tanto sus derechos colectivos como la conservación de uno de los sectores de mayor riqueza ambiental de la Amazonía ecuatoriana. Hasta el cierre de este reportaje, la empresa no se ha pronunciado sobre la postura de los habitantes de la zona. (I)