La propuesta de reforma legal integral en Ecuador plantea fijar penas de hasta 26 años de privación de libertad para castigar los delitos de trata de personas cuando las víctimas sean niños, niñas o adolescentes. El anuncio se dio a conocer este lunes 24 de agosto de 2026 durante el desarrollo de la mesa técnica «Respuestas legislativas frente a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes», celebrada en Quito.
La cita estuvo liderada por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional en articulación con organismos de cooperación internacional. En el encuentro se socializaron las propuestas normativas que buscan combatir estas economías ilegales vinculadas al crimen organizado transnacional.
Durante el evento, las autoridades revelaron que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó a la mesa legislativa que entre 2022 y 2026 brindó asistencia directa a 506 víctimas, posibles víctimas, personas en riesgo de trata y personas objeto del tráfico ilícito de migrantes. La cifra evidencia la magnitud de un problema que afecta principalmente a los sectores en condición de mayor vulnerabilidad en el país.
A esta estadística se suman los datos del sistema del Ministerio del Interior, los cuales registran 78 víctimas de trata de personas identificadas en territorio ecuatoriano entre enero y julio del año 2025.
La asambleísta Lucía Jaramillo, presidenta de la comisión legislativa, explicó que el proyecto busca unificar cinco propuestas presentadas por diferentes bancadas del parlamento. “No buscamos una ley que suene bien, queremos una ley que proteja a la víctima desde el primer momento, que castigue con firmeza a quienes destruyen vidas y golpeen a la estructura criminal donde más le duele”, afirmó Jaramillo.
La legisladora detalló los recientes operativos ejecutados en el país, como la operación Metamorfosis realizada en Manabí, donde la policía aprehendió a cuatro integrantes de una red vinculada al grupo criminal Los Choneros. La organización captaba adolescentes para trasladarlas a centros nocturnos e inmuebles privados con fines de explotación sexual.
Jaramillo denunció la extrema gravedad de las agresiones cometidas contra las menores rescatadas en dicha intervención policial. “Las víctimas identificadas eran menores de edad, que las tatuaban como señal de pertenencia a este grupo criminal, tratándolas como una mercancía y como si alguien pudiera declararse dueño de sus cuerpos y de sus vidas”, manifestó la asambleísta.
Un segundo operativo expuesto por las autoridades tuvo lugar en Pastaza, donde el Bloque de Seguridad rescató a una niña peruana de 10 años en una comunidad de difícil acceso. Las investigaciones señalaron un presunto caso de trata con fines de matrimonio servil, por lo que los equipos de rescate debieron desplegarse por vías aérea y fluvial cerca de la frontera con Perú.
La parlamentaria sostuvo que el incremento de las sanciones busca frenar el accionar de los grupos delictivos en las zonas fronterizas y urbanas del país. “Quien recluta una niña para explotarla sexualmente, el que engaña a una familia para cobrarle por una ruta irregular o la persona que se mete a otra mediante amenazas debe enfrentar todo el rigor de la justicia”, aseveró Jaramillo.
En el plano normativo, la propuesta contempla modificar el artículo 92 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para subir la sanción general por trata de personas, actualmente de 13 a 16 años, a un rango de 19 a 22 años de prisión. Cuando las víctimas sean niños, niñas o adolescentes, la condena alcanzará el techo punitivo de 26 años de cárcel.
Asimismo, el proyecto plantea incrementar las penas para el delito de tráfico ilícito de migrantes, tipificado en el artículo 213 del COIP, fijándolas entre 13 y 16 años de privación de libertad.
La titular de la mesa legislativa recordó además que la problemática no solo abarca el ámbito sexual sino también la explotación laboral en el campo ecuatoriano. “No podemos olvidarnos del caso de Furukawa ocurrido en la provincia Esmeraldas, donde se evidenció una práctica de esclavitud moderna”, remarcó Jaramillo.
Coordinación interinstitucional y enfoque preventivo
El viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Jorge Ribadeneira Brown, asistió al encuentro para exponer los insumos técnicos recopilados por la cartera de Estado en el territorio nacional. El funcionario fundamentó las observaciones de la institución frente a las falencias de la norma actual.
Ribadeneira fue enfático al rechazar las actividades de las organizaciones delictivas transnacionales que operan en las comunidades rurales del Ecuador. “No se puede perdonar que personas secuestren, que personas trafiquen, traten con personas, esclavicen a personas en pleno siglo XXI, cuando eso está totalmente abolido por todas las leyes en todo el mundo”, sostuvo el viceministro.
El funcionario dio a conocer los pormenores de una intervención ejecutada tras una alerta canalizada por la Defensoría del Pueblo y lideresas de la nacionalidad Zápara en la provincia del Pastaza. La operación articulada entre instituciones permitió rescatar a una niña peruana y coordinar las medidas de protección para una niña ecuatoriana en Perú, ambas presuntas víctimas de trata con fines de matrimonio forzado.
Sin embargo, el viceministro criticó la actuación judicial registrada durante la audiencia de este caso amazónico. “La fiscal encargada de llevar este caso no formuló cargos en la audiencia de flagrancia dejándolo en libertad, con un antecedente de que no era la primera vez que este ciudadano cometía este tipo de delitos”, reveló Ribadeneira.
El representante del Ejecutivo puntualizó la urgencia de fortalecer la prevención en la nueva legislación para evitar que las bandas criminales capten a jóvenes en situación de vulnerabilidad. “Estamos primeramente queriendo poner énfasis en la parte de la prevención, puesto que es la principal herramienta con la cual podemos hacer frente a estas mafias que se dedican a este delito”, señaló el viceministro.
Asimismo, el funcionario advirtió sobre el riesgo técnico de unificar las tipologías delictivas en el texto legal que analiza el parlamento. “Fusionar procesalmente la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes es un error que puede dificultar la actuación de fiscales y operadores de justicia y generar vacíos que favorezcan la impunidad”, argumentó Ribadeneira.
El viceministro reiteró la disposición del Gobierno para estructurar un marco legal aplicable y alineado con los estándares internacionales de derechos humanos. “El Ministerio del Interior seguirá trabajando coordinadamente con la comisión especializada de la Asamblea Nacional para evitar que el delito de trata de personas y la migración ilegal sigan existiendo en nuestro país”, añadió el funcionario.
Ribadeneira concluyó su intervención recordando que las acciones estatales deben enfocarse en proteger a la población más golpeada por las mafias. “Las principales víctimas son gente humilde y sobre todo de este execrable delito se aprovechan y se enriquezcan las organizaciones criminales transnacionales”, manifestó el viceministro.
Estructura del proyecto y atención integral a víctimas
El proyecto de ley establece la creación de un comité interinstitucional que coordinará la prevención, la detección y el seguimiento de los casos a nivel nacional.
La iniciativa otorga especial importancia a la reparación y al acompañamiento continuo de las personas rescatadas de las redes de trata. “Es importante la oportunidad que le tiene que dar el Estado para que ellos a través de un acompañamiento psicológico puedan acceder a educación y también a plazas de trabajo”, destacó la asambleísta Jaramillo.
La propuesta involucra además a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la identificación de economías ilegales en sus cantones y crea un sistema de registro de datos interoperable entre la Judicatura, la Fiscalía y el Ejecutivo.
En el bloque de ponencias técnicas, el director regional de Crime Stoppers, Alejo Campos, aportó criterios sobre la denuncia anónima y el combate a las finanzas del crimen organizado transnacional.
La asambleísta Jaramillo sostuvo que el trabajo articulado en la mesa técnica busca proteger de forma directa el bienestar de los ciudadanos. “Aquí el único objetivo es pensar en las familias ecuatorianas y pensar también en las víctimas de trata de personas para explotación sexual y para explotación laboral”, afirmó la parlamentaria.
La presidenta de la Comisión ratificó el compromiso legislativo de dotar de herramientas operativas a la fuerza pública. “De nada nos sirve tantos operativos si nosotros como legisladores no reformamos leyes que tienen vacíos legales, le estamos dando herramientas al Ejecutivo para que su trabajo no sea tirado a la basura”, concluyó la legisladora. (I)