El Comité Nacional de Primera Infancia aprobó en Latacunga el Plan Nacional de Primera Infancia 2026-2030 para respaldar el desarrollo infantil integral. La hoja de ruta oficial priorizó la cobertura estatal desde la concepción hasta antes de cumplir los seis años.
La desnutrición crónica infantil afecta actualmente al 19,3% de los niños menores de dos años en Ecuador, según las evaluaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Sistema Unificado de Seguimiento Nominal. El Ministerio de Salud Pública reportó que el presupuesto articulado para el sector social bordea los 478 millones de dólares en 2026 para sostener la atención médica e intersectorial en las zonas más vulnerables del país.
La tasa de desnutrición mantiene niveles críticos en la región andina y la costa ecuatoriana. En provincias como Chimborazo y Santa Elena, el indicador alcanza un 26,3%, de acuerdo con los registros epidemiológicos oficiales.
Los informes técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ubicaron a Ecuador entre las naciones de Sudamérica con mayor prevalencia de afectación antropométrica en infantes. El organismo multilateral instó a sostener los esquemas de vacunación, suplementación nutricional y monitoreo de peso y talla en las zonas rurales.
El recién estructurado paquete de políticas públicas estableció una intervención basada en nueve ejes normativos directos. La estrategia articuló además 28 líneas temáticas con 109 acciones concretas de ejecución.
El diseño técnico sumó 95 prestaciones específicas dentro del Paquete Integral de Servicios instituidos para las comunidades. El sistema de evaluación contará con 35 indicadores continuos para verificar los avances en territorio.
La estructura metodológica aplicó los parámetros del estándar internacional de Cuidado Cariñoso y Sensible. El modelo contempló pilares dedicados a la salud, nutrición adecuada y aprendizaje temprano.
El esquema incluyó componentes orientados a la protección, seguridad y atención receptiva del infante. De forma simultánea, la normativa activó mecanismos de gobernanza, financiamiento y seguimiento institucional.
Las mesas de trabajo contaron con la contribución de 606 representantes provenientes de la sociedad civil, la academia y organismos estatales. La formulación técnica del texto contó con el asesoramiento de UNICEF, el Banco Mundial, la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El Comité Nacional incorporó formalmente el Paquete Integral de Servicios enfocado en gestantes, madres y niños de cero a seis años. La distribución operativa mantendrá un despliegue progresivo priorizado por fases de alcance en las distintas provincias.
Las autoridades locales prevén la aplicación de niveles de base esencial, ampliación y expansión del servicio. La meta final apunta a la universalidad de la cobertura médica y social en los cantones con mayores índices de vulnerabilidad.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano asumió el liderazgo técnico para coordinar la implementación territorial del proyecto. Las mesas intersectoriales monitorearán los insumos de salud, agua segura y apoyo pedagógico.
Durante la jornada de trabajo, las autoridades técnicas recalcaron el cumplimiento del mandato dispuesto en la Ley Orgánica de la Primera Infancia. La legislación exige asegurar la sostenibilidad financiera y la continuidad de las prestaciones estatales en cada municipio.
Mariela Cedeño, Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, se refirió al valor de las alianzas entre sectores institucionales durante su intervención en el marco ambiental del país. “Esta articulación entre el Estado, la cooperación técnica y el financiamiento ambiental representa un salto decisivo en la evolución institucional de la bioseguridad”, afirmó la funcionaria. (I)
Fuente: Vicepresidencia de la República