El 58,75 % de las medidas judiciales dictadas para la niñez en el país terminó en acogimiento institucional entre 2019 y mayo de 2026, una alternativa que por norma legal debería aplicarse únicamente de forma excepcional. Esta cifra es parte del Análisis de la Situación de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (CRSA 2026), presentado por Aldeas Infantiles SOS Ecuador en alianza con la Universidad Andina Simón Bolívar.
El informe actualizó la evidencia disponible sobre esta problemática tras más de una década sin registros exhaustivos. La investigación determinó que los factores económicos y la falta de apoyo estatal empujan a la vulneración de los derechos infantiles.
Entre enero y mayo de 2026, entre el 93 % y el 94 % de la niñez bajo acogimiento institucional provenía de hogares en situación de pobreza o extrema pobreza. La falta de recursos económicos suele etiquetarse de forma errónea en los expedientes judiciales.
La negligencia se registró como la causa principal para el internamiento (acogimiento institucional), representando el 48,9 % de los casos en abril de 2026. No obstante, el reporte advierte que la carencia de empleo o vivienda no debe interpretarse como incapacidad parental.
A este escenario se suma la permanencia prolongada dentro del sistema estatal de protección. El 20 % de los menores de edad internados supera los cinco años bajo dicha modalidad por retrasos judiciales.
Las tramas procesales y las demoras en las audiencias dilatan la restitución del derecho a vivir en un entorno familiar. Paralelamente, el acogimiento en familias sustitutas sufrió un drástico desplome del 70,3 % en el período evaluado.
La activista por los derechos de la niñez y adolescencia, Sara Oviedo, analizó el panorama actual tras revisar los resultados de la investigación. La especialista sostuvo una postura crítica frente al estancamiento de las respuestas estatales para este grupo poblacional.
«La conclusión que saqué para mis adentros es que no ha cambiado nada dentro de la institucionalidad y se ha empeorado la situación social de niños y niñas», afirmó Oviedo. La experta enfatizó que la crisis social incrementa la vulnerabilidad infantil.
El reclutamiento por parte de bandas delictivas se convirtió en una amenaza creciente para los menores sin cuidado familiar. Adolescentes de entre 12 y 13 años son atraídos por redes criminales ante la falta de alternativas.
Oviedo señaló que las ofertas de dinero y reconocimiento social ejercen una fuerte presión sobre la juventud. Los entornos violentos y las carencias en el hogar facilitan el accionar de los grupos delictivos.
Alrededor de 450 000 niños y adolescentes se encuentran actualmente fuera del sistema educativo nacional. La falta de acceso a las aulas incrementa la exposición a los peligros de la calle.
La activista cuestionó las iniciativas legales impulsadas desde las instituciones gubernamentales para frenar el reclutamiento. A su criterio, las leyes resultan insuficientes si no se respaldan con financiamiento público.
«El problema no es legal, el problema es social; el reclutamiento no se para con leyes, es con inversión social y políticas públicas», aseveró Oviedo. La especialista insistió en la urgencia de generar empleo para los padres de familia.
La ausencia de espacios de recreación y deporte en las comunidades de alto riesgo agrava la problemática. La inseguridad en las canchas de los barrios frena el uso del tiempo libre en actividades constructivas.
La falta de articulación entre los ministerios debilita la atención a la infancia. La burocracia obstaculiza el traslado oportuno de expedientes desde las juntas cantonales hacia la Fiscalía.
Sara Oviedo explicó que la institucionalidad del país opera de forma desarticulada y aislada. Las entidades públicas priorizan su supervivencia administrativa antes que la cooperación mutua.
Los acuerdos entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación sufren interrupciones continuas. La saturación del personal médico impide cumplir las citas programadas para la primera infancia.
La investigación elaborada durante seis meses combinó herramientas cualitativas y cuantitativas. El estudio recogió testimonios de menores, familias y operadores de justicia a nivel nacional.
Un equipo técnico de la Universidad Andina Simón Bolívar lideró la metodología del reporte. La iniciativa buscó generar insumos científicos para la formulación de políticas públicas.
La transición hacia la vida adulta representa otro de los puntos críticos identificados. Al cumplir los 18 años, los jóvenes deben abandonar los centros de acogida sin el acompañamiento adecuado.
La falta de redes de apoyo dificulta el acceso de los egresados a un empleo digno y vivienda. La investigación plantea diseñar salidas progresivas que garanticen la autonomía de los jóvenes.
Recomendaciones para la política pública
El informe propone consolidar una Política Nacional de Prevención enfocada en la salud mental y la protección social. La prioridad radica en evitar la separación de los menores de sus familias originarias.
Eva Peñafiel, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, destacó la urgencia de actuar preventivamente. La directiva abogó por fortalecer los entornos familiares antes de la pérdida del cuidado.
«Proteger a la niñez implica actuar antes de que una familia llegue al punto de perder el cuidado de sus hijos», sostuvo Peñafiel. La vocera instó a asumir la garantía de derechos como un compromiso colectivo.
El estudio servirá como línea de base para la gestión de incidencia pública entre los años 2026 y 2030. El documento urge a corregir los protocolos para no criminalizar la pobreza.
La implementación de herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural permitió procesar los testimonios. Esta tecnología facilitó el análisis cualitativo de las experiencias registradas en el campo.
Las autoridades judiciales y cantonales recibieron los hallazgos para ajustar sus procedimientos locales. La meta del proyecto es reducir de forma progresiva el internamiento de menores.
El informe de 2026 renovó las cifras de la niñez tras el último diagnóstico efectuado en el período 2014-2015. Las organizaciones participantes exigieron respuestas concretas basadas en los datos recabados.
El apoyo académico otorgó rigor técnico a la evaluación del sistema de protección. La articulación entre la sociedad civil y la universidad busca transformar las condiciones de la infancia.
Los recortes en los presupuestos destinados a la salud y educación limitan el alcance de los programas. La crisis institucional requiere reformas en la asignación de recursos públicos.
La restitución del derecho a crecer en familia demanda agilizar los trámites de adopción y acogimiento familiar. Las alternativas comunitarias deben primar sobre el aislamiento en instituciones.
Los resultados quedan disponibles para el debate público de las instituciones estatales y sociales. La evidencia busca orientar las decisiones normativas hacia la protección integral de la niñez.
Durante la presentación del estudio, el coordinador de proyectos interinstitucionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, Diego Raza, destacó el valor de esta alianza académica para apoyar a la comunidad.
El directivo enfatizó el compromiso institucional en la defensa y promoción de las poblaciones vulnerables. «Este es un proyecto en el cual lo que hacemos es rescatar un rol de apoyo a la sociedad civil en la suma de iniciativas que nos permite la situación de los derechos humanos», afirmó Raza.
El representante remarcó la importancia de sumar capacidades académicas para abordar las problemáticas sociales. En esa misma línea, Raza sostuvo que el informe servirá como una herramienta estratégica para la formulación de decisiones en el sector público. La colaboración científica busca orientar el trabajo de las entidades estatales hacia respuestas más eficaces.
«Esto va a ser de gran utilidad para la política, para mejorar el trabajo de distintas organizaciones de este sector que trabaja de manera conjunta en la protección de los derechos humanos», añadió Raza. El docente felicitó la labor prolija desarrollada por los equipos de investigación.
Valeria Chiriboga, coordinadora nacional de Planificación de Aldeas Infantiles SOS, explicó el propósito metodológico del diagnóstico nacional. La especialista subrayó la necesidad imperiosa de trascender la recopilación de cifras estadísticas.
«Buscamos comprender de mejor manera la problemática para construir un proceso más efectivo», aseveró Chiriboga.
La vocera destacó la inclusión directa de las vivencias y percepciones de las familias afectadas. Asimismo, detalló que la investigación adoptó un marco metodológico global para analizar la pérdida de entornos protectores.
El enfoque principal apunta a prevenir la desintegración del núcleo familiar. «El CCA corresponde a un ejercicio global impulsado por la Federación de Aldeas Infantiles a nivel mundial para comprender de manera profunda la realidad de la niñez que ha perdido el cuidado familiar o está en riesgo de perderlo», explicó Chiriboga- (I)