Siete personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Ecuador durante 2025, mientras quienes protegieron la tierra, el territorio, el agua y la naturaleza enfrentaron riesgos crecientes, según el informe Ataques y criminalización contra la sociedad civil en un contexto de militarización y extractivismo en Ecuador, presentado este jueves 10 de septiembre en Quito.
El documento señaló que las presiones contra las personas defensoras incluyeron intimidación, amenazas de muerte, extorsiones, criminalización y otras formas de violencia. La Misión Internacional de Observación y Solidaridad aclaró, sin embargo, que Ecuador no figuró entre los países más violentos de la región para la vida e integridad de este grupo.
La presentación reunió a representantes de CIVICUS, Front Line Defenders, Peace Brigades International, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 11.11.11 y Asociación de Abogados, Abogadas, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe. El documento recogió los resultados de la misión realizada en marzo de 2026 y del seguimiento posterior.
La delegación sostuvo reuniones con pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, personas defensoras, periodistas, organizaciones sociales y autoridades. También contrastó los testimonios mediante revisión documental, normativa, decisiones judiciales e información de organismos internacionales.
El componente ambiental ocupó una parte central del diagnóstico. La Misión relacionó los conflictos extractivos con afectaciones territoriales, restricciones a la participación ciudadana y mayores riesgos para comunidades y personas que defendieron ecosistemas y fuentes de agua.
Carla Moscoso Paz, coordinadora para la región Andina de 11.11.11 y coordinadora general del informe, calificó de “profundamente grave” el resultado de la observación. Explicó que el extractivismo no apareció como un problema aislado, sino que atravesó las otras dimensiones analizadas.
Moscoso sostuvo que las personas defensoras fueron estigmatizadas, criminalizadas y, en determinados casos, atacadas o asesinadas. Advirtió además sobre la ausencia de mecanismos de protección capaces de responder de forma efectiva a esos riesgos.
El informe registró siete asesinatos de personas defensoras durante 2025. Al cierre del documento también recogió tres casos denunciados en 2026, además de antecedentes de intimidación, amenazas de muerte y extorsión.
Entre los casos citados estuvo Manuel Cabrera, defensor ambiental y promotor turístico de El Guabo, en El Oro, quien fue asesinado el 24 de febrero de 2026. La Misión señaló que recibió información sobre presiones vinculadas con intereses mineros para que vendiera tierras donde impulsó durante más de dos décadas la conservación de unas 300 hectáreas de bosque.
El documento también mencionó a Monika Silva, activista y presidenta de la Fundación La Integridad, hallada sin vida en junio de 2026. Incluyó además el fallecimiento del activista Robinson del Pezo, ocurrido en noviembre de 2025, cuyo esclarecimiento fue solicitado por organizaciones de Santa Elena.
La Misión sostuvo que la violencia contra defensores no pudo explicarse exclusivamente por el aumento general de la delincuencia. Identificó dinámicas específicas relacionadas con la defensa territorial, recursos naturales, actividades extractivas, economías ilícitas y denuncias de corrupción.
El informe indicó que en esas disputas pudieron confluir intereses criminales y económicos y, en algunos casos, agentes estatales. La expansión de minería, deforestación, narcotráfico y otras economías ilegales aumentó la presión sobre comunidades que intentaron conservar el control de sus territorios.
La Amazonía ecuatoriana apareció como uno de los escenarios representativos de esa problemática. La Misión recogió testimonios sobre amenazas contra líderes indígenas en territorios donde coincidieron actividades extractivas, presencia de actores armados y conflictos por tierra y recursos naturales.
El documento matizó que no siempre existió una relación directa y comprobada entre empresas extractivas y grupos armados irregulares. No obstante, señaló que la convergencia entre intereses extractivos, seguridad pública o privada y presencia armada generó condiciones propicias para intimidación, vigilancia y restricciones al ejercicio de derechos.
La Misión reconoció que Ecuador dispuso de normas y directrices destinadas a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, afirmó que las autoridades consultadas no entregaron información suficiente sobre su aplicación práctica ni sobre la existencia de una respuesta institucional acorde con la urgencia del problema.
César Raúl Sivo, presidente de la AJUFIDH, cuestionó una concepción de seguridad basada en sacrificar garantías. Advirtió que aceptar la “seguridad a cualquier costo” implicó resignar derechos y planteó que la ciudadanía debía preguntarse quién podía garantizar que las consecuencias de esa política no terminaran alcanzándola también.
Sivo también relacionó esa discusión con los conflictos ambientales. A su criterio, la política de seguridad podía servir para ocultar otras decisiones orientadas a favorecer el extractivismo, mientras se debilitaban derechos y se perseguía a quienes intentaron frenar daños a la naturaleza.
La situación de Napo también se analizó durante la presentación del informe cuando se consultó a los representantes de la Misión sobre las amenazas denunciadas alrededor de zonas mineras. Moscoso confirmó que la provincia fue abordada en el informe y calificó el escenario como preocupante.
La coordinadora sostuvo que en los casos estudiados la llegada de actividades extractivas estuvo seguida por conflictividad. Señaló además que las comunidades denunciaron ausencia de consulta previa, libre e informada y falta de mecanismos adecuados de diálogo.
Moscoso afirmó que algunos proyectos llegaron acompañados por resguardo policial o militar bajo argumentos relacionados con su importancia económica o interés nacional. Según la Misión, esa dinámica limitó la participación de las poblaciones directamente afectadas.
La representante de 11.11.11 sostuvo que el resultado incluyó poblaciones desalojadas, precarizadas o vulnerabilizadas. Añadió que quienes levantaron su voz fueron, en varios de los casos revisados, criminalizados, perseguidos, judicializados o atacados.
El informe identificó una creciente articulación entre extractivismo, securitización territorial y restricción del espacio cívico. Los testimonios recogidos describieron despliegues de fuerzas de seguridad, judicialización de defensores, amenazas y debilitamiento de la presencia institucional en zonas afectadas tanto por actividades extractivas legales como ilícitas.
Otro cuestionamiento se dirigió a la fusión del Ministerio del Ambiente con las competencias de Energía y Minas. Los autores del informe consideraron que la reorganización debilitó la autonomía de la autoridad ambiental encargada de controlar y fiscalizar actividades extractivas.
«En términos institucionales tenemos reformas que no se comprenden; tenemos una alarma bien grande. La fusión del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas, se han subsumido las competencias de este ministerio a las capacidades energéticas o a las metas en términos de hidrocarburos y minerales», expresó.
La Misión también cuestionó la figura de Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica. Según su análisis, esa normativa permitió la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas consideradas relevantes por su ubicación, importancia económica, infraestructura o vinculación con el interés nacional.
Las organizaciones expresaron además inquietud por cambios en los procesos de licenciamiento ambiental. El informe señaló que determinadas reformas sustituyeron una licencia ambiental integral por una autorización administrativa para ciertas actividades de exploración minera, lo que abrió interrogantes sobre los controles aplicados en las primeras etapas de los proyectos.
El documento planteó reparos sobre la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. Recogió preocupaciones sobre la incorporación de modelos de gestión privada y posibles usos económicos en zonas ecológicamente sensibles, pero presentó ese escenario como un riesgo advertido y no como una consecuencia ya comprobada.
El informe recordó que el 58,95 % de los electores decidió en 2023 mantener bajo tierra el petróleo del Bloque 43-ITT, en Yasuní. Las organizaciones entrevistadas señalaron que retrasos y modificaciones en los cronogramas mantuvieron abierta la controversia sobre el cumplimiento efectivo del mandato popular.
La Misión también repasó la consulta del Chocó Andino, donde cerca del 68 % de los votantes apoyó prohibiciones a la minería metálica. Según las fuentes consultadas, concesiones entregadas previamente y disputas sobre competencias institucionales dificultaron la aplicación de la decisión.
En Azuay, el documento recordó que Girón rechazó actividades mineras vinculadas con Loma Larga con el 86,79 % de los votos en 2019. También señaló que cerca del 80 % de los votantes de Cuenca respaldó en 2021 la prohibición de actividades mineras en zonas de recarga hídrica.
El deterioro ambiental también fue relacionado con procesos graduales de desplazamiento. Los testimonios indicaron que la contaminación de fuentes hídricas, la pérdida de fertilidad del suelo y la reducción de biodiversidad deterioraron la agricultura familiar, la pesca artesanal y otros medios tradicionales de subsistencia.
El informe utilizó además el concepto de racismo ambiental para analizar impactos desproporcionados sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales. Entre ellos mencionó contaminación, minería legal e ilegal, pérdida de ecosistemas, militarización y reducción de los medios de vida.
La Misión recomendó que el Estado reconociera públicamente la legitimidad de quienes defendieron los derechos humanos y de la naturaleza. También pidió investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales frente a amenazas, intimidaciones y agresiones.
Las organizaciones solicitaron fortalecer la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. También plantearon que los proyectos extractivos fueran precedidos por evaluaciones independientes sobre impactos ambientales, sociales, culturales y de derechos humanos.
Finalmente, recomendaron evitar el uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la continuidad de proyectos extractivos y crear mecanismos públicos de seguimiento a consultas, sentencias y reparaciones. La Misión pidió además investigar los daños ambientales relacionados con actividades empresariales y las posibles responsabilidades de funcionarios por acción u omisión.
Misahuallí volvió a poner las amenazas contra defensores en el centro del debate
El escenario descrito por el informe adquirió nueva actualidad en Napo después de una denuncia difundida por comunidades de la parroquia Puerto Misahuallí, en el cantón Tena. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 6 de septiembre de 2026.
Según el relato comunitario, familias kichwas de Sardinas, Tuyano y Awatino recibieron llamadas de amenaza y amedrentamiento cerca de las 02:00. Los denunciantes atribuyeron de manera presunta esas acciones a personas relacionadas con actividad minera en las concesiones Boardwalk 16, Tomás 1 y Río Misahuallí.
Las familias señalaron que, después de las llamadas, varias personas recorrieron el sector en motocicletas y camionetas y rodearon viviendas. Los habitantes aseguraron que los desconocidos utilizaron linternas de largo alcance mientras permanecieron alrededor de las casas.
Los afectados afirmaron que solicitaron auxilio a la Unidad de Policía Comunitaria de Misahuallí y recibieron como respuesta que los uniformados no podían ingresar a una zona minera. Ante esa situación, comunicaron lo ocurrido al ECU 911, de acuerdo con el testimonio divulgado por las comunidades.
La atribución de las amenazas a personas vinculadas con las concesiones permaneció como una denuncia comunitaria. No se conoció una determinación judicial o policial que estableciera la identidad de los responsables, por lo que cualquier vínculo directo con concesionarios o trabajadores mineros requirió investigación oficial.
El caso ocurrió meses después de que el Gobierno adoptara medidas contra actividades mineras en Napo. En febrero de 2026 se dispusieron suspensiones alrededor de la cuenca del río Napo después de reportes sobre contaminación y minería ilegal.
La Agencia de Regulación y Control Minero colocó posteriormente sellos de suspensión en varias concesiones. Entre las mencionadas estuvieron Río Misahuallí, Boardwalk 16 y Tomás, que volvieron a aparecer en las denuncias de las comunidades en septiembre.
Meses después, colectivos ambientales denunciaron la reactivación de actividades mineras en diferentes sectores de Napo. Fuerzas Armadas realizaron en junio un operativo en Huambuno Dorado y Sardinas, en Tena, donde inhabilitaron cinco excavadoras vinculadas presuntamente con extracción irregular.
La expansión minera también mostró una transformación del crimen organizado ecuatoriano. Informes militares e investigaciones periodísticas identificaron a Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones, junto con organizaciones de origen colombiano, dentro de economías relacionadas con la minería ilegal; en Napo también se reportó presencia de Los Lobos y Comandos de la Frontera, estructura surgida con participación de disidencias de las FARC.
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Los Tiguerones aparecieron plenamente incorporados a ese portafolio criminal: las Fuerzas Armadas los incluyeron entre nueve estructuras vinculadas con actividades de minería ilegal y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado los relacionó además con narcotráfico, armas, lavado de activos, extorsión y sicariato. Ese tránsito evidenció una diversificación de organizaciones que dejaron de depender únicamente del negocio de la droga y encontraron en el oro otra fuente de financiamiento, fenómeno denominado también “narcominería”.
La situación adquirió una dimensión internacional este miércoles 9 de septiembre, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció en Quito que Estados Unidos designó a Los Tiguerones como Organización Terrorista Extranjera y terrorista global especialmente designado. El grupo se sumó a otras estructuras ecuatorianas ya incluidas por Washington en categorías de terrorismo, mientras Rubio anunció nuevas medidas de cooperación en seguridad con Ecuador.
El informe también apuntó al deterioro del espacio cívico y del Estado de derecho
Más allá de la problemática ambiental, la Misión examinó el debilitamiento del Estado de derecho, los estados de excepción, la independencia judicial y la militarización de la seguridad pública. Los autores sostuvieron que estas dinámicas redujeron las garantías para ejercer derechos y participar en asuntos de interés público, aunque reconocieron la obligación estatal de responder al crimen organizado y proteger a la población.
El capítulo sobre espacio cívico examinó restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión y vinculó la criminalización de manifestantes y organizaciones con un entorno adverso para la participación. El informe no se presentó como un registro exhaustivo de todas las violaciones ocurridas en Ecuador, sino como una identificación de tendencias, patrones estructurales y casos considerados representativos.
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La Misión señaló que las respuestas de seguridad debieron ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. En ese contexto, Sivo insistió en que el combate al crimen organizado debía atacar sus causas estructurales y fortalecer a la Fiscalía y los organismos de investigación, en lugar de convertir la militarización en la única respuesta estatal.
Antes de divulgar el documento, las organizaciones se reunieron con representantes del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y el Ministerio de Ambiente y Energía. Moscoso indicó que no obtuvieron las respuestas que esperaban, mientras las autoridades consultadas defendieron que realizaron acciones dentro de sus competencias; esa diferencia de criterios quedó como uno de los puntos centrales que el informe dejó abierto para seguimiento. (I)