El Gobierno anunció la construcción de un nuevo centro de privación de libertad con capacidad para 15.000 personas. Así lo informó Jorge Rivadeneira, viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, como parte de las iniciativas para erradicar la crisis carcelaria en Ecuador.
Rivadeneira presentó el proyecto dentro de una estrategia para ampliar la capacidad del sistema penitenciario, dentro del Foro Regional en Seguridad Penitenciaria, que se desarrolló este miércoles en Quito.
El viceministro detalló en cifras la situación penitenciaria del país. En Ecuador hay 39.453 personas privadas de libertad (PPL) en 36 centros penitenciarios, mientras la capacidad instalada alcanzó 27.631 plazas. El hacinamiento nacional llegó al 42,79 %.
El funcionario señaló, además, que Guayas concentró el 37,91 % de la población carcelaria nacional. También advirtió que la sobrepoblación afectó la seguridad, la habitabilidad, la salubridad y la capacidad institucional para administrar los centros.
Las cifras mostraron una mayor presión en el sistema destinado a adolescentes infractores. El Gobierno registró 728 adolescentes para una capacidad de 425 plazas, lo que representó un hacinamiento del 71,29 %.
El respaldo internacional al sistema carcelario también incluyó recursos económicos. Yekaterina Doronova, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, informó que la UE cofinanció el componente de seguridad penal con alrededor de 2,5 millones de euros, mientras Italia aportó más de un millón de euros.
Doronova explicó que Italia dirigió ese componente y aportó su experiencia en modelos de gestión. La diplomática señaló que “el carácter transnacional del crimen organizado exigió respuestas coordinadas entre los países”.
En esa línea, durante 2026, las autoridades ejecutaron traslados por razones de seguridad e iniciaron procesos de separación, clasificación y ubicación de personas privadas de libertad según su nivel de riesgo. Las acciones buscaron mantener el control de los centros y prevenir hechos que alteraran el orden penitenciario.
El Estado también desarrolló operativos de control de armas, municiones y explosivos con participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, incorporó lectores biométricos faciales, códigos QR y cámaras IP para reforzar el control de los accesos.
Rivadeneira anunció además la creación de un centro de formación y capacitación penitenciaria y de un subsistema de inteligencia dentro del cuerpo de seguridad y vigilancia. Estas iniciativas acompañaron el proyecto del nuevo centro para 15.000 personas.
Durante su intervención, Paolo Di Sciuva, responsable del componente de seguridad penitenciaria del programa SERPAZ, expuso una serie histórica sobre las personas privadas de libertad fallecidas y las tasas de hacinamiento en Ecuador. Los datos abarcaron el período comprendido entre 2019 y 2024.
Di Sciuva mostró que en 2019 se registraron 32 PPL fallecidas, con un hacinamiento del 34,30 %. En 2020, la cifra aumentó a 74 fallecidos, mientras el hacinamiento se ubicó en 29,83 %.
El registro más alto de la serie correspondió a 2021, cuando se contabilizaron 337 PPL fallecidas. Ese año, la tasa de hacinamiento alcanzó el 26,78 %, según los datos presentados por Di Sciuva.
En 2022, Di Sciuva expuso un registro de 157 PPL fallecidas. La tasa de hacinamiento reportada para ese año fue de 9,63 %.
La serie continuó con 55 PPL fallecidas en 2023, cuando el hacinamiento llegó al 13,59 %. Para 2024, Di Sciuva presentó 46 fallecidos y una tasa de hacinamiento del 18,86 %.
El representante explicó que la cooperación permitió formar nuevos agentes penitenciarios y capacitar a grupos especiales para actuar en traslados y crisis. Expertos de Chile, Brasil e Italia participaron en algunos de esos procesos de formación.
Di Sciuva también defendió la clasificación de las personas privadas de libertad como una herramienta de seguridad. Señaló que la separación por categorías y niveles de riesgo permitió fortalecer el control dentro de los centros penitenciarios.
En declaraciones a PERIODISMO PÚBLICO, Giovanni Davoli, embajador de Italia en Ecuador, destacó la importancia del control estatal dentro de las cárceles. “La seguridad carcelaria es una parte fundamental de la seguridad pública”, afirmó.
Davoli sostuvo que las organizaciones criminales podían mantener estructuras de mando y redes delictivas desde los centros penitenciarios. Agregó que se registró una reducción de los homicidios violentos en las cárceles y consideró que las propuestas normativas podían contribuir a fortalecer esos resultados.
El embajador indicó además que todavía no están definidos plazos para evaluar los efectos de las propuestas entregadas. Aseguró, sin embargo, que Italia continuaría acompañando a las autoridades ecuatorianas durante su implementación.
Propuestas normativas reforzaron la gestión penitenciaria
El foro incluyó la entrega protocolar de propuestas normativas elaboradas como resultado de la asistencia técnica al Ministerio del Interior y al SNAI. Los documentos se desarrollaron en el marco de la Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.
Entre los productos entregados constaron una propuesta de reglamento para la clasificación de personas privadas de libertad y una propuesta de modelo de gestión de los centros penitenciarios. El trabajo colocó la clasificación por niveles de riesgo entre los principales instrumentos para administrar la población carcelaria.
La asistencia técnica también produjo una propuesta normativa para la aplicación del régimen especial. A ella se sumó otra destinada al control y supervisión de los regímenes abierto y semiabierto.
El paquete incorporó además una propuesta de reglamento de carrera para el cuerpo de seguridad penitenciaria. También contempló una normativa para la organización y funcionamiento del centro de formación del personal.
El proceso tomó como antecedente el documento “Estrategias y Protocolos para el Fortalecimiento de la Inteligencia Penitenciaria en el Ecuador”, entregado desde 2023. Ese insumo apoyó decisiones relacionadas con aislamiento de cabecillas, traslados, clasificación y monitoreo penitenciario.
La cooperación también impulsó capacitación en recolección y análisis de información de inteligencia. Una de las etapas formó a 77 servidores penitenciarios con expertos brasileños en gestión de motines y desarrolló sistemas de videovigilancia para centros priorizados.
El programa incluyó además la contratación de tres sistemas de videovigilancia para centros priorizados del SNAI. Su activación para uso institucional se produjo en junio de 2024, de acuerdo con la cronología presentada.
El SNAI participó asimismo en redes regionales destinadas al intercambio de experiencias penitenciarias. La presentación señaló su participación en la RAP y REDCOPEN como parte de la cooperación regional.
Alejandro Dávalos, viceministro de Relaciones Exteriores, señaló que el encuentro se desarrolló en un momento en que la delincuencia organizada transnacional superó las fronteras nacionales. Advirtió que las estructuras criminales intentaron utilizar los centros de privación de libertad para proyectar actividades ilícitas hacia otros territorios.
Dávalos explicó que el foro buscó impulsar la ejecución del Plan de Acción Resolutivo de la Decisión 922 de la Comunidad Andina. Anunció que los días 17 y 18 de septiembre continuarían las negociaciones técnicas para diseñar e implementar la segunda fase de ese plan.
El vicecanciller destacó la cooperación de Italia con Ecuador mediante los programas de asistencia técnica y reconoció también el respaldo de la Unión Europea. Señaló que ese trabajo permitió avanzar en regímenes de seguridad para perfiles de alta peligrosidad, capacitación penitenciaria y sistemas de clasificación y evaluación de riesgos.
El foro reunió a autoridades penitenciarias y delegaciones de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, junto con representantes de organismos internacionales y especialistas. El encuentro planteó el intercambio de información, inteligencia, formación técnica y experiencias como mecanismos de cooperación frente al crimen organizado transnacional. (I)