Revolución Ciudadana anunció que acudirá a organismos internacionales para denunciar lo que califica como un abuso contra Luisa González y convocará movilizaciones para exigir su liberación. La presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, hizo el anuncio este jueves 22 de octubre durante un pronunciamiento en Quito.
La comparecencia se realizó en la sede de Revolución Ciudadana, con representantes de Alianza Ciudadana, integrada por RC, Unidad Popular (UP), Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Todos y RETO.
Rivadeneira dijo que el equipo jurídico preparaba medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que otros organismos internacionales estaban siendo notificados. “Vamos a denunciar este secuestro con toda la fuerza”, afirmó la presidenta de RC. La dirigencia califica de arbitraria la detención; la Fiscalía investiga a González por su presunta participación en lavado de activos.
La convocatoria a movilizarse se anunciará por las redes sociales de las organizaciones, una vez que se conozcan los detalles de la audiencia de formulación de cargos. Rivadeneira invitó a la militancia y a la ciudadanía a mantenerse atentas.
La Fiscalía General del Estado informó que ejecutó un operativo conjunto con la Policía en Pichincha y Manabí. Tres personas fueron detenidas con fines de formulación de cargos por su presunta participación en lavado de activos; siete personas estarían bajo investigación.
La causa, conocida previamente como “Caja Chica”, fue rebautizada por la Fiscalía como “Laberinto”. Indaga presuntas irregularidades en los aportes y el origen de los recursos destinados a la campaña presidencial de 2023.
González fue detenida en su residencia de la parroquia Canuto, en Manabí. En la rueda de prensa, Rivadeneira sostuvo que durante las primeras horas no tenían información suficiente sobre el procedimiento ni sobre el paradero de la dirigente. “Los abogados recién han sido notificados”, dijo. La presidenta de RC cuestionó que, según la información recibida por su organización, la investigación se relacionaría con un proceso que ya habría sido juzgado.
Rivadeneira afirmó que los fondos de campaña fueron justificados y que una multa impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral fue pagada. Esa es la versión de la dirigencia; la investigación fiscal actual se refiere a presuntas inconsistencias en el financiamiento electoral.
La dirigente exigió la liberación de González y reclamó garantías para su defensa y su integridad. “No tiene por qué enfrentar un proceso de persecución y tortura implementado por este gobierno”, manifestó.
La bancada de RC5 protesta en la Asamblea
Tras la aprehensión de González, la bancada legislativa de Revolución Ciudadana (RC5) convirtió el hemiciclo de la Asamblea Nacional en un escenario de protesta. Los asambleístas desplegaron una extensa tela negra a lo largo del pie del pleno. Con ese acto, dijeron, querían representar el “luto de la democracia ecuatoriana” y denunciar lo que consideran un quiebre institucional.
Durante el pronunciamiento, los legisladores corearon “¡Dictadura no, democracia sí!”. La consigna buscó llamar la atención de la opinión pública y de las delegaciones internacionales presentes.
Los voceros de la bancada apuntaron al Ejecutivo y a organismos judiciales. Afirmaron que las acciones contra González responden al escenario electoral y dijeron: “Saben que están liquidados política y electoralmente”. Con la tela negra extendida frente a ellos, los legisladores exigieron garantías para la integridad física y la vida de González.
La bancada anunció que mantendrá suspendido su trabajo parlamentario habitual hasta que, según su posición, se restituyan los derechos constitucionales de sus dirigentes procesados.
Alianza Ciudadana vincula el caso con Pabel Muñoz
En la sede de RC, los representantes de Alianza Ciudadana también rechazaron las acciones recientes relacionadas con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. El pronunciamiento se produjo un día después de que la Fiscalía allanara oficinas del Municipio de Quito y de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, dentro de una investigación por presunto peculado. El Municipio dijo que entregó la información solicitada.
Los dirigentes de la alianza relacionaron esas diligencias con otros procesos que, a su juicio, buscan afectar la gestión de Muñoz y su participación política. La Fiscalía informó que las diligencias municipales se enmarcan en una investigación por presunto peculado. La información disponible no establece que Muñoz haya sido imputado por ese delito.
Rivadeneira sostuvo que los procesos contra dirigentes opositores no son hechos aislados. Dijo que su organización ha denunciado actuaciones ante la Fiscalía, la Contraloría y la justicia electoral.
La presidenta de RC mencionó también a Jorge Glas, Aquiles Álvarez, Cristian Zamora y Vico Villacís como parte de un contexto de acciones contra autoridades y dirigentes. Sus señalamientos fueron presentados como denuncias políticas de la organización.
Rivadeneira afirmó que la dirigencia ya ha remitido información a instancias internacionales, entre ellas la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, la CIDH y parlamentos.
Sobre las medidas cautelares, indicó que el equipo jurídico trabajaba en el pedido de protección para González y que informaría sobre las acciones legales conforme avanzara el proceso. “Esta tarde está convocada la audiencia”, dijo Rivadeneira, quien señaló que la organización comunicaría el punto de concentración cuando recibiera la notificación judicial.
La movilización, explicó, busca acompañar el proceso y exigir la liberación de González. “Hoy y las veces que sean necesarias”, dijo al responder sobre la convocatoria.
Dirigentes llaman a defender la democracia
Giovanni Taricua, dirigente de Unidad Popular, expresó su solidaridad con González y pidió su liberación. “Ser oposición a un gobierno antipopular no es un delito”, sostuvo.
Taricua afirmó que, desde su perspectiva, el caso de González se suma a medidas que afectan a varias organizaciones políticas. También llamó a las fuerzas sociales y políticas a defender la democracia. “Está en juego el derecho del pueblo ecuatoriano a elegir de forma libre entre las diversas opciones”, dijo el dirigente de UP.
Al cierre de su intervención, Taricua convocó a la ciudadanía a movilizarse y a participar en las próximas elecciones. “Derrotemos a Noboa en las calles y en las urnas”, expresó.
Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, describió un escenario de “oscuridad” en el país y mencionó los apagones, la falta de medicinas, la inseguridad y las dificultades que, dijo, enfrentan niños y adolescentes para asistir a clases.
Vallejo sostuvo que la detención de González tiene una dimensión nacional e internacional. También advirtió que cualquier persona podría quedar bajo la mira del Gobierno por expresar críticas. “No estamos haciendo un llamamiento a calentar las calles, pero cuando las válvulas del sistema democrático se cierran, lo que comienza a hablar con fuerza es la calle”, dijo.
El presidente del PSE pidió al Gobierno detener la persecución a la oposición y llamó a la unidad de organizaciones y ciudadanos. “El miedo tiene que ser enfrentado con coherencia, con entereza y con valentía”, afirmó.
En la rueda de prensa se anunció la presencia de Luis Chávez, secretario ejecutivo del PSE, y de Cristian Coronel, representante del movimiento Todos. La transcripción disponible no permite identificar una intervención propia de cada uno ni atribuirles una cita directa.
Los voceros de Alianza Ciudadana llamaron también a respaldar a Muñoz y a otros candidatos opositores. Sostuvieron que los procesos judiciales y electorales pueden incidir en la posibilidad de que la ciudadanía elija a sus autoridades. La suspensión temporal de Revolución Ciudadana por nueve meses forma parte del contexto de tensión entre el movimiento y las autoridades electorales. La medida afecta su participación en los comicios y ha llevado a sus integrantes a buscar alianzas con otras organizaciones.
La rueda de prensa concluyó con un llamado a seguir las redes sociales de las organizaciones para conocer la hora y el lugar de la movilización. Los dirigentes dijeron que acompañarán la audiencia de formulación de cargos y exigirán garantías para González.
El pronunciamiento expuso dos versiones del caso. La Fiscalía investiga un presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento político; los dirigentes de Alianza Ciudadana sostienen que la detención y las diligencias recientes forman parte de una persecución contra la oposición. (I)