La justicia de los Estados Unidos dio un paso decisivo contra las redes transnacionales del crimen organizado al imputar a cinco ciudadanos ecuatorianos —entre ellos exautoridades políticas y empresarios— por conspirar para enviar toneladas de cocaína a territorio estadounidense y por delitos vinculados al tráfico de armas de fuego de alto calibre.
La acusación fue formalizada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Las autoridades estadounidenses señalaron que los investigados habrían articulado, durante más de una década, operaciones estratégicas de narcotráfico desde los principales puertos del Ecuador.
Entre los procesados figuran el exasambleísta Jaime Estrada Medrana y su padre, el exalcalde de Manta Jaime Estrada Bonilla. También consta en el proceso Jacobo Abdalá Bucaram-Pulley, hijo de un expresidente ecuatoriano, junto a Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López, identificados como operadores logísticos clave de la organización.
Los imputados enfrentan cargos graves que incluyen conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para tráfico de armas. De ser hallados culpables, las penas van desde un mínimo obligatorio de 10 a 30 años de prisión hasta la cadena perpetua.
Las capturas se ejecutaron en un operativo coordinado a nivel internacional. Los Estrada fueron interceptados el 2 de noviembre de 2026 mientras transitaban por Panamá, mientras que Bucaram-Pulley, Fernández y Briones fueron detenidos el 4 de noviembre en territorio ecuatoriano.
Según las investigaciones judiciales de los Estados Unidos, los implicados habrían aprovechado la estructura comercial de una importante exportadora de mariscos y la relevancia de un club de fútbol profesional en Manta para encubrir la logística y el blanqueo de activos.
El expediente señala que la red utilizaba embarcaciones comerciales, atuneras y lanchas rápidas para ocultar el estupefaciente entre cargamentos lícitos como pescado, madera y banano, enviándolo desde puertos estratégicos como Manta y Guayaquil con destino a Norteamérica y Europa.
Para minimizar la exposición de los líderes, la organización recurría a intermediarios para negociar los pagos y entregas. El expediente cita como antecedente un encuentro en 2026 entre los delegados de los Estrada y Bucaram-Pulley para coordinar el envío de dos toneladas de cocaína hacia México como tránsito a EE. UU.
Las pesquisas vinculan además las operaciones de este grupo con bandas criminales locales calificadas como organizaciones terroristas —entre ellas Los Choneros y Los Lobos—, así como con facciones paramilitares que operan en las zonas fronterizas y selvas de Colombia.
Un antecedente clave dentro de la causa data del 27 de mayo de 2023, cuando la Policía Nacional del Ecuador interceptó un contenedor de la referida empresa atunera en el Puerto de Guayaquil, hallando en su interior un cargamento de 1.444 kilogramos de cocaína listos para ser exportados.
El fiscal federal Jamie McDonald enfatizó que este proceso busca sentar un precedente contra la impunidad política y económica en la región. Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, remarcó que las influencias y los recursos financieros no impiden la acción de la justicia internacional.
Este caso se suma a una serie de operativos de gran escala ejecutados de forma coordinada entre Ecuador y Estados Unidos en los últimos años para frenar el avance del crimen organizado y desarticular sus tentáculos en la política y el comercio marítimo.
Hitos de la cooperación bilateral: Las intervenciones más contundentes
1. Operativos antinarcóticos en la ruta del Pacífico y control marítimo Mediante acuerdos bilaterales de patrullaje marítimo, la Guardia Costera de EE. UU. y la Armada del Ecuador han ejecutado constantes interceptaciones en aguas internacionales y en la Zona Económica Exclusiva. Estos operativos han permitido incautar cientos de toneladas de droga a bordo de lanchas go-fast y semisumergibles, además de neutralizar la logística de reabastecimiento de combustible en alta mar.
2. Desarticulación de la estructura del caso ‘Metástasis’ y derivaciones internacionales El trabajo conjunto de inteligencia entre la DEA, la Fiscalía General del Estado ecuatoriano y la Policía Nacional permitió destapar redes delictivas con infiltración en el sistema judicial y político. La asistencia judicial recíproca brindada por EE. UU. fue fundamental para rastrear activos, comunicaciones criptográficas y cuentas bancarias en el exterior de cabecillas narcoterroristas.
3. Declaración de grupos terroristas e incautaciones de armas En el marco de la cooperación de seguridad y defensa, las agencias de ambos países han liderado operaciones para cortar las vías de abastecimiento de armamento bélico procedente del norte del continente. Estos procedimientos binacionales han resultado en el decomiso de fusiles de asalto, ametralladoras y municiones destinadas a bandas organizadas que operan en los centros penitenciarios y zonas portuarias del país.
4. Interdicción y escaneo en los puertos de Guayaquil y Manta Con el apoyo técnico y logístico del Departamento de Estado estadounidense, las terminales portuarias ecuatorianas implementaron sistemas de inteligencia compartida e inspección no intrusiva. Esta colaboración facilitó la detección de contenedores contaminados con banano, fruta concentrada y mariscos antes de su salida hacia puertos estadounidenses y europeos.
5. Redadas de extradición y capturas de alto impacto El trabajo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la DEA junto a la Policía Nacional ha permitido la localización y captura de objetivos de alto valor que registraban difusión roja de Interpol. Estas acciones han derivado en la detención y posterior extradición de operadores financieros y capos regionales que utilizaban la fachada de ejecutivos para el lavado de dinero.
El proceso penal que se desarrolla en Nueva York continuará bajo la conducción de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales. Las autoridades recordaron que el Acta de Acusación constituye una alegación formal y que todos los procesados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio.
Fuente: Embajada de Estados Unidos