La Asamblea Nacional aprobó este lunes 9 de noviembre, con 85 votos a favor y 61 en contra, la Ley Antimafias, una reforma que permitirá acumular condenas de hasta 60 años de prisión en determinados casos, incorporará nuevos delitos y ampliará las sanciones contra quienes financian, reclutan o colaboran con organizaciones criminales. La decisión se produjo en medio de un debate marcado por los cuestionamientos entre el oficialismo y la oposición.
La votación cerró el segundo debate de una iniciativa impulsada por Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional y legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN). El proyecto busca que la persecución penal no se limite a los autores materiales de los delitos, sino que alcance también a quienes permiten que las mafias mantengan sus operaciones y controlen recursos económicos.
“Vivir tranquilos no debería ser un privilegio”, expresó Mancheno durante su intervención, al defender la necesidad de ampliar las herramientas del Estado frente a la violencia, las extorsiones y las amenazas que afectan a la población.
La presidenta del Legislativo explicó que la propuesta pretende combatir a toda la estructura delictiva, desde sus cabecillas y financistas hasta quienes transportan armas, reclutan personas o alertan sobre la llegada de las autoridades. Su argumento central fue que detener a los ejecutores de un delito no necesariamente significa desmantelar la organización que está detrás.
“Si la respuesta termina en sancionar únicamente a quien dispara, estamos dejando viva a toda la organización criminal”, sostuvo Mancheno ante el Pleno, al explicar por qué considera necesario ampliar las responsabilidades penales dentro de estos grupos.
La reforma tiene 39 artículos, cinco disposiciones transitorias y una disposición final. Sus modificaciones alcanzan al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la legislación sobre drogas, la Ley de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial.
El tratamiento se desarrolló durante la sesión 138 del Pleno, después de que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobara el informe para segundo debate el viernes 6 de noviembre. La discusión expuso las diferencias entre quienes consideran indispensable endurecer las sanciones y aquellos que cuestionan la orientación de la propuesta.
Inés Alarcón, asambleísta de ADN, presidenta de la Comisión de Seguridad y ponente del informe, abrió el debate defendiendo las reformas. En su exposición explicó que el proyecto distingue las responsabilidades de quienes dirigen, integran, financian o prestan apoyo a las organizaciones criminales.
La legisladora también convirtió su intervención en un cuestionamiento político a la Revolución Ciudadana, bancada que había anticipado su oposición. Alarcón sostuvo que la votación constituía una “línea divisoria” entre quienes respaldan las medidas propuestas y quienes, desde su perspectiva, se oponen a fortalecer la lucha contra las mafias.
La Revolución Ciudadana anunció antes de la sesión que votaría en contra y que presentaría otra iniciativa centrada en desmontar las economías ilícitas. Ninguno de sus legisladores solicitó intervenir durante el debate en el Pleno, aunque sus integrantes rechazaron posteriormente el texto sometido a votación.
El legislador Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), respaldó la iniciativa, pero cuestionó uno de sus puntos centrales. Consideró que la acumulación extraordinaria de penas debería aplicarse desde la comisión de dos delitos y no exigir tres infracciones independientes, como establece la reforma.
Serrano utilizó como ejemplo los casos de violencia sexual seguida de asesinato para advertir sobre las limitaciones del nuevo mecanismo. El legislador anticipó su respaldo, aunque planteó que ese aspecto debería revisarse en las reformas al COIP que tramita la Comisión de Justicia.
Al concluir las intervenciones, Alarcón presentó la moción para aprobar íntegramente el proyecto. La propuesta consiguió los 85 votos necesarios y dejó concluido el trámite legislativo, aunque todavía deberá pasar por el proceso constitucional de revisión del Ejecutivo.
La jornada también contó con una delegación italiana encabezada por Chiara Colosimo, presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, quien recibió un reconocimiento junto con el embajador Giovanni Davoli y otras autoridades de ese país. La presencia de los invitados destacó la cooperación internacional en el combate a las organizaciones criminales transnacionales.
Las penas se endurecen y el apoyo a las mafias tendrá nuevas sanciones
Uno de los cambios de mayor alcance es la posibilidad de elevar de 40 a 60 años el límite excepcional de acumulación de penas. La medida se aplicará cuando una persona sea condenada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, siempre que las penas individuales sumen más de cuatro décadas de prisión.
La reforma no establece una condena automática de 60 años para cualquier integrante de una organización delictiva. Para aplicar el nuevo límite deberán verificarse las condiciones previstas en la ley y la acumulación no podrá superar el doble de la pena individual más grave.
Hasta ahora, el régimen general de acumulación de condenas contemplaba un máximo de 40 años. Con la modificación, ese límite continuará vigente para los casos ordinarios, mientras que la excepción permitirá alcanzar hasta seis décadas de privación de libertad cuando concurran los requisitos legales.
También cambian las sanciones por delincuencia organizada. Quienes constituyan una organización criminal o formen parte de ella podrán enfrentar penas de 22 a 26 años, mientras que los dirigentes, coordinadores estratégicos y financistas permanentes recibirán condenas de entre 26 y 30 años.
Cuando la estructura tenga como finalidad cometer delitos especialmente graves, como narcotráfico, sicariato, terrorismo, secuestro, trata de personas o lavado de activos, las penas aumentarán. En esos casos, los dirigentes y financistas podrán enfrentar entre 30 y 34 años de prisión.
La nueva legislación incorpora además la colaboración externa, dirigida a personas que no pertenecen formalmente a una organización criminal, pero que proporcionan deliberadamente recursos, conocimientos, información o servicios para facilitar sus actividades ilegales.
Esta conducta tendrá penas de diez a trece años, que podrán aumentar de 19 a 22 años cuando el apoyo favorezca organizaciones dedicadas a delitos especialmente graves. Se incluyen aportes financieros, asesoramiento técnico y otras formas de colaboración realizadas con conocimiento de su finalidad delictiva.
Otra figura es la pertenencia funcional, que busca sancionar a quienes cumplen tareas operativas estables o reiteradas dentro de las organizaciones, aunque no participen directamente en los asesinatos, secuestros u otras infracciones ejecutadas por el grupo.
La vigilancia de territorios, las alertas sobre operativos policiales, la movilización de integrantes, el abastecimiento de recursos y la protección de rutas son algunas de las actividades contempladas. Las sanciones oscilarán entre 13 y 16 años, con agravantes que podrán elevarlas a un rango de 22 a 26 años.
Sin embargo, la reforma establece límites para evitar que cualquier relación personal o profesional se convierta en un delito. La amistad, el parentesco, la vecindad o la prestación legítima de servicios no serán suficientes para demostrar pertenencia o colaboración criminal. La Fiscalía deberá acreditar la participación consciente en las actividades ilegales.
El reclutamiento de mayores de edad para integrar estructuras criminales también tendrá una sanción específica. Quienes capten, incorporen o entrenen adultos para cometer delitos en beneficio de estas organizaciones podrán recibir entre diez y trece años de cárcel, con penas mayores cuando exista abuso de autoridad, confianza o subordinación.
La reforma incorpora el desplazamiento interno forzado como delito autónomo, con penas de siete a diez años. Se aplicará cuando integrantes de organizaciones criminales obliguen a personas o comunidades a abandonar sus viviendas mediante amenazas, violencia o intimidación, o impidan su regreso.
El confinamiento forzado tendrá una sanción de cinco a siete años. Esta figura busca castigar situaciones en las que grupos delictivos restringen la movilidad de dos o más habitantes, controlan accesos o imponen condiciones que impiden abandonar libremente una comunidad.
El proyecto también sanciona con mayor precisión la facilitación deliberada de inmuebles, vehículos o instalaciones utilizados por las mafias. Las penas serán de diez a trece años y podrán incrementarse cuando esos recursos se destinen a almacenar armas, explosivos, drogas o mantener personas privadas ilegalmente de libertad.
La reforma alcanza, además, al tráfico ilegal de combustibles, la extracción clandestina de hidrocarburos y el uso de sectores estratégicos para financiar actividades criminales. También actualiza las disposiciones relacionadas con drogas sintéticas, precursores químicos y materiales utilizados para su fabricación ilícita.
Los bienes de las mafias podrán venderse antes de que concluya el juicio
La nueva legislación no se concentra únicamente en aumentar las condenas. Otro de sus objetivos es impedir que las organizaciones criminales conserven propiedades, vehículos, empresas y otros recursos que les permitan continuar operando, incluso después de que sus integrantes hayan sido detenidos.
Para defender ese cambio, Mishel Mancheno expuso cifras sobre el costo que representa para el Estado mantener bienes vinculados con el narcotráfico. Según la presidenta de la Asamblea, entre octubre de 2025 y noviembre de 2026 se destinaron aproximadamente 2,5 millones de dólares a servicios de seguridad para custodiarlos.
A esa cantidad se suman otros 68.000 dólares destinados a seguros, de acuerdo con los datos presentados por la legisladora. Mancheno cuestionó que el Estado deba asumir esos gastos mientras los bienes permanecen bajo administración pública y defendió la posibilidad de darles un uso social o venderlos anticipadamente mediante decisión judicial.
La legislación ecuatoriana ya contemplaba la incautación y la extinción de dominio sobre bienes relacionados con actividades ilícitas. La reforma busca mejorar su administración y permitir que determinados activos sean utilizados temporalmente por instituciones públicas u organizaciones sin fines de lucro, para actividades sociales, educativas, sanitarias, culturales o productivas.
Otra novedad es la venta anticipada de bienes incautados cuando exista riesgo de deterioro, pérdida significativa de valor o costos de mantenimiento desproporcionados. La medida requerirá autorización judicial y los recursos obtenidos deberán permanecer sujetos al resultado del proceso.
Esto significa que la incautación no convierte automáticamente al Estado en propietario definitivo de los bienes. Si una autoridad judicial dispone su devolución, deberán aplicarse las reglas legales correspondientes para restituir el dinero obtenido y los rendimientos que procedan.
En materia de investigación penal, la norma también fortalece la cooperación eficaz. Las personas investigadas o procesadas podrán acceder a beneficios cuando entreguen información precisa, verificable y determinante para identificar dirigentes, recuperar activos o impedir delitos graves.
Los acuerdos deberán constar por escrito y ser revisados por un juez. La reducción de pena dependerá de la utilidad comprobada de la información y no se aplicará a condenas por delitos contra la vida ni contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.
La protección de los operadores de justicia constituye otro aspecto de la reforma. Cuando exista una evaluación de riesgo, se podrán restringir públicamente determinados datos personales y de ubicación de los jueces que conozcan causas relacionadas con delincuencia organizada, sin impedir que las partes procesales conozcan su identidad y competencia.
La normativa contempla, asimismo, la inhabilitación profesional de abogados y contadores que utilicen deliberadamente sus conocimientos para cometer, facilitar u ocultar delitos relacionados con organizaciones criminales. Esta sanción deberá estar respaldada por una sentencia ejecutoriada y no alcanzará al ejercicio legítimo de la defensa o de los servicios profesionales.
La discusión sobre la Ley Antimafias también tuvo una dimensión internacional. Chiara Colosimo, presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, llamó a enfrentar la delincuencia organizada más allá de las diferencias políticas y destacó la necesidad de cooperación entre los sistemas judiciales y legislativos de ambos países.
Por su parte, Giovanni Davoli, embajador de Italia en Ecuador, destacó la importancia de la aprobación y recordó a las víctimas que han dejado las organizaciones mafiosas en su país y la violencia criminal en Ecuador. Sus intervenciones reforzaron el mensaje de que estas estructuras necesitan respuestas coordinadas entre los Estados.
Concluida la votación, el proyecto será remitido al presidente Daniel Noboa, quien podrá sancionarlo u objetarlo conforme al procedimiento constitucional. La aprobación parlamentaria representa un avance en el trámite, pero su aplicación dependerá de la culminación de ese proceso.
El desafío será determinar si las nuevas sanciones, los mecanismos de investigación y las disposiciones para recuperar bienes permiten debilitar efectivamente a las organizaciones criminales. La reforma amplía las herramientas jurídicas del Estado, pero sus resultados dependerán de la capacidad de fiscales, jueces y organismos de control para investigar y demostrar los delitos sin vulnerar las garantías del debido proceso. (I)