
Un jurado federal en Brooklyn imputó ayer seis cargos contra el ecuatoriano Ronald Javier Macías Villamar, alias “Javi”, de 46 años, por liderar la organización criminal Los Choneros tras la extradición de su hermano José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York informó hoy, viernes 20 de noviembre de 2026, que el procesado enfrenta una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y hasta cadena perpetua.
La acusación formal, registrada bajo el expediente 26-CR-323 (WFK), atribuye a Macías Villamar delitos de conspiración para distribución internacional de cocaína, distribución internacional de cocaína y uso de armas de fuego para facilitar el narcotráfico. El pliego fiscal también incluye cargos por conspiración y apoyo material a una organización terrorista extranjera.
La imputación federal contra Macías Villamar se conoce poco después de la visita oficial a Quito del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien mantuvo reuniones con autoridades ecuatorianas para revisar las prioridades conjuntas en materia de seguridad.
Durante su agenda en el país, acompañado por el encargado de Negocios de la Embajada estadounidense en Ecuador, Lawrence Petroni, el funcionario abordó la cooperación bilateral orientada a combatir el crimen organizado transnacional y fortalecer la estabilidad en el hemisferio occidental.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Ronald Javier Macías asumió el mando de Los Choneros desde al menos julio de 2025. Ese relevo ocurrió inmediatamente después de que las autoridades ecuatorianas concretaran la entrega de su hermano “Fito” al Distrito Este de Nueva York el 20 de julio de 2025.
En Ecuador, alias “Javi” permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, desde la noche del 18 de junio de 2026. El Ministerio del Interior confirmó entonces su arribo a Guayaquil tras ser capturado en Bogotá, Colombia, donde vivía bajo una identidad falsa, y posteriormente expulsado hacia territorio ecuatoriano.
El ministro del Interior, John Reimberg, destacó en junio de 2026 el traslado del cabecilla hacia el centro penitenciario de Santa Elena y lo señaló como sucesor directo de “Fito”. Según los informes de inteligencia de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, Ronald Macías cumplía un rol estratégico en el lavado de activos y la administración de las finanzas ilícitas de la agrupación.
La Fiscalía estadounidense sostiene que, bajo la dirección del acusado, Los Choneros mantuvieron una alianza operativa con el Cartel de Sinaloa de México para controlar corredores clave en Ecuador. Esta red transnacional gestionó el envío de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, utilizando rutas de tránsito por Centroamérica y México.
“Al dirigir la despiadada red de traficantes de drogas y armas de Los Choneros e importar cantidades letales de cocaína a Estados Unidos, el acusado ha causado un gran daño a su propio país y a Estados Unidos”, afirmó Joseph Nocella, Jr., fiscal federal del Distrito Este de Nueva York. El funcionario añadió que la acusación busca desmantelar la cúpula de esta estructura y obligar a sus jefes a rendir cuentas.
El fiscal Nocella resaltó la cooperación bilateral que permitió sustentar el expediente judicial contra el cabecilla ecuatoriano. En las pesquisas participaron las oficinas locales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Quito, junto con el Gobierno de Ecuador y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.
Violencia armada y designación terrorista internacional
El expediente judicial detalla que Macías Villamar y otros mandos de Los Choneros emplearon sicarios para ejecutar asesinatos, torturas y secuestros con el fin de proteger las rutas de la droga. Para sostener su dominio territorial, la agrupación recurrió de forma sistemática a la corrupción y al pago de sobornos dirigidos a garantizar lealtad e impunidad.
Los brazos armados de esta organización utilizaron armamento de grado militar, incluidos fusiles AK-47, ametralladoras y granadas, para perpetrar ataques en Ecuador. Entre los blancos de estas acciones violentas constan miembros de la fuerza pública, autoridades políticas, jueces, fiscales, abogados y ciudadanos civiles.
“Ronald Javier Macías Villamar asumió el control de Los Choneros y mantuvo vivo su reinado de terror al recurrir a matones armados, corrupción y violencia extrema para proteger las rutas de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos”, declaró John A. Condon, director ejecutivo adjunto en funciones de HSI. El directivo aseguró que las agencias federales desarticularán las redes financieras y logísticas que sostienen a estos grupos en el hemisferio.
El historial delictivo de ambos hermanos en Ecuador registra antecedentes desde hace más de una década. En mayo de 2013, la Policía Nacional recapturó en Manta a José Adolfo y Ronald Javier Macías Villamar tras haberse fugado de prisión junto con otros integrantes de la banda.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, señaló que esta imputación demuestra el alcance de las investigaciones contra los líderes de grupos catalogados como terroristas. “Los Choneros han impulsado el tráfico de drogas y la violencia que amenazan a comunidades en todo Estados Unidos”, manifestó Cole tras el anuncio en Brooklyn.
El 5 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó formalmente a Los Choneros como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. De manera paralela, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras contra la agrupación y sus principales operadores.
En el ámbito interno, el Estado ecuatoriano catalogó a Los Choneros como grupo terrorista y objetivo militar desde enero de 2024, tras la declaratoria de conflicto armado interno. Desde entonces, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior ejecutan operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para neutralizar a sus cabecillas en provincias costeras y amazónicas.
Según balances oficiales del Ministerio del Interior, durante 2025 las fuerzas del orden capturaron a 20 objetivos de alto valor pertenecientes a las principales estructuras delictivas del país. Entre los mandos medios y operativos de Los Choneros detenidos en el último año constan alias “Topo”, alias “Fede”, alias “Patucho Celso” y alias “Chucky”, este último aprehendido en operativos militares por controlar rutas entre la Amazonía y la Costa.
Ofensiva interinstitucional y proceso judicial en Nueva York
La acusación contra alias “Javi” se enmarca en las operaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creado mediante la orden ejecutiva 14159 de la Casa Blanca. Esta instancia coordina recursos federales para investigar, procesar y expulsar a integrantes de carteles, pandillas transnacionales y redes de tráfico de drogas y personas.
Dentro de la estrategia del HSTF, las fiscalías estadounidenses priorizan la persecución penal de cabecillas extranjeros que dirigen operaciones ilícitas desde el exterior con impacto en territorio norteamericano. El organismo también concentra esfuerzos en desarticular redes involucradas en el reclutamiento o tráfico de menores de edad.
La conducción del proceso penal contra Ronald Javier Macías Villamar recae en la Sección Internacional de la Fiscalía para Narcóticos y Lavado de Dinero. Los fiscales federales adjuntos Chand Edwards-Balfour y Lorena Michelen lideran el equipo encargado de sostener la acusación ante la corte de Brooklyn.
Ambos fiscales adjuntos integran también el equipo litigante en el proceso penal que se sigue en la misma jurisdicción contra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, desde julio de 2025. La coincidencia de los equipos fiscales responde a la continuidad probatoria sobre la estructura jerárquica, las rutas marítimas y los vínculos internacionales de Los Choneros.
La justicia estadounidense precisó que los cargos contenidos en la acusación formal constituyen alegaciones y que el procesado mantiene su presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad en juicio. En caso de hallarlo responsable de los delitos imputados, el tribunal deberá aplicar una condena mínima de dos décadas de cárcel.
Para que Ronald Javier Macías comparezca físicamente ante el juez federal en Nueva York, las autoridades estadounidenses deberán tramitar una solicitud formal de extradición ante el Gobierno de Ecuador. El marco constitucional ecuatoriano permite este mecanismo desde la reforma aprobada en la consulta popular de abril de 2024, bajo la cual ya fue entregado su hermano en 2025.
En Quito, el Bloque de Seguridad —integrado por los ministerios de Defensa e Interior— mantiene bajo vigilancia especial los centros de privación de libertad de máxima seguridad para impedir que los cabecillas detenidos emitan órdenes hacia el exterior. El recinto penitenciario del Encuentro, en Santa Elena, alberga actualmente a líderes de alto perfil tras el traslado de internos considerados de extrema peligrosidad.
Mientras avanza el trámite diplomático y judicial entre Washington y Quito, las agencias de inteligencia mantienen activas las alertas sobre remanentes de Los Choneros que disputan territorios en provincias como Manabí, Guayas, Los Ríos y Sucumbíos. Las autoridades de ambos países sostienen que el encausamiento de la cúpula familiar de los Macías Villamar busca cortar el financiamiento y la cadena de mando de la organización. (I)