En Ecuador, el tráfico de insectos ha aumentado significativamente. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) lidera la campaña «Alto al tráfico de vida silvestre». Las autoridades además realizan decomisos y sanciones. Sin embargo, la falta de recursos y leyes poco estrictas son factores que inciden en una creciente demanda internacional que perpetúa el problema.
Por Gabriela Castillo Albuja
En marzo de 2019, Vladimir Carvajal, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) fue contactado de forma urgente por parte de los técnicos del Ministerio del Medio Ambiente. Un biólogo japonés acababa de ser detenido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Tababela, por tenencia de especímenes de vida silvestre.
En su equipaje había 250 invertebrados (arácnidos e insectos) vivos y preservados. Entre los especímenes se encontraban arañas, escorpiones, cucarachas, insectos de hojas, chinches y otras especies de la Amazonía.
Con el apoyo de microscopios y bibliografía especializada, Carvajal y su equipo identificaron cada una de las especies. Pero la que más les llamó la atención fue una cucaracha luminiscente considerada extinta.
En mayo de 2019, el biólogo japonés fue sentenciado a dos años de prisión. En el juicio se conoció que el extranjero tenía permiso de sacar del país 123 insectos. Por ello, fue acusado de tráfico ilícito de patrimonio genético, según el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal, que reconoce la importancia de proteger la biodiversidad y los recursos naturales de Ecuador.
El ciudadano japonés no estaba en prisión durante la audiencia, ya que cumplía medidas cautelares. Si bien ese delito se sanciona con pena de prisión de hasta cinco años, el extranjero recibió la pena mínima. La sentencia incluyó una multa de $ 3.940 y un pedido de disculpas públicas en un diario nacional. En la actualidad se encuentra en libertad.
Sin embargo, Carvajal indicó que el caso tuvo “mayor sustento” porque actuó como perito, explicando la importancia de los especímenes decomisados. Los insectos fueron enviados a un centro de manejo de vida silvestre autorizado por la Cartera del Ambiente.
Este caso no fue el primero en la carrera de Carvajal. El experto se dedica a la investigación de invertebrados desde hace 29 años. Recibe solicitud de asesoría de la UPMA para identificar especímenes. Además, brinda orientación técnica sobre características taxonómicas, aunque -advirtió- no se involucra en los procesos legales. «Testifico cuando es necesario, proporcionando información técnica sobre los especímenes», dice.
Tráfico en auge
En Ecuador, los casos de tráfico de insectos no son aislados. En abril de 2024, se registró un hecho similar. En la terminal aérea de Quito, la Policía encontró una carga de 84 hormigas dentro de tubos de ensayo, camuflados con barras de canela, en medio de paquetes de café, hierba luisa y chocolate. Al tratarse de una carga, no hubo detenido.
Muchos coleccionistas pagan exorbitantes sumas de dinero por tenerlos en su colección; otras personas pagan por finalidad genética y frente a esas prácticas no hay sanciones efectivas, alerta el mayor Darwin Robles, jefe de la UPMA, en el Distrito Metropolitano de Quito. “Los delitos ambientales son los menos perseguidos y los menos sancionados. En todo tipo de delitos con pena menor de cinco 5 años hay opciones para que los ciudadanos se acojan a un procedimiento abreviado”, explica.
Los decomisos en el aeropuerto son solo una muestra de los innumerables casos de tráficos de insectos de la fauna silvestre.
Según la Unidad, en 2022, se rescataron 6.817 especímenes. En cambio, en 2023, se rescataron unos 2.000 más, en particular 33 ciempiés, 12 hormigas gigantes disecadas, 87 enjambres de abejas y una tarántula.
La UPMA cuenta con alrededor de 250 policías desplegados en las 24 provincias del país. Aun así, parece que “el personal resulta insuficiente” para reducir esta práctica ilegal, según el mayor Robles.
Diego Cisneros, profesor y director del Museo de Zoología de la Universidad San Francisco de Quito, advierte que el tráfico de fauna silvestre (incluyendo los insectos) es un «negocio multimillonario».
El experto indica que es frecuente que durante las incautaciones en puertos y fronteras se encuentren especies como mariposas y escarabajos. «Las tarántulas y otros invertebrados también son altamente traficados debido a su valor en el mercado negro», agrega. La demanda de los insectos se concentra en especies de escarabajos, tarántulas y escorpiones.
«En Ecuador, el MAATE es responsable de regular la colección, preservación y comercialización de la vida silvestre. De hecho, existen actividades comerciales legales con insectos como es la producción de grillos y mariposas. Un ejemplo de ello es el criadero de grillos que se implementó en la Universidad Católica de Quito, para proporcionar alimento a los sapos que son parte de estudios y proyectos de conservación de biodiversidad.
Sin embargo, el Mayor Robles reconoce que “el mercado negro ha florecido e incluso hay personas que tienden a coleccionar partes de las especies”.
El Mayor recordó un caso de allanamiento en un inmueble en el norte de Quito. En el lugar se hacía rituales con animales de fauna silvestre.
Daño del entorno natural
El MAATE exige permisos especiales para la captura y explotación de ciertas especies en zonas específicas. Pero esto no impide que la gente capture los invertebrados. Razones hay de sobra: “se los llevan como colección, para estudios o para venderlos”, reitera Robles.
Compradores de todo el mundo están dispuestos a gastar cientos e incluso miles de dólares para conseguir los especímenes de características más particulares. Solo una tarántula, por ejemplo, llega a costar cientos de dólares, si no es rara. Pero si se trata de un espécimen poco común, su valor puede subir a miles de dólares.
A los científicos les preocupa la caza indiscriminada de los especímenes porque la gente ignora que sacarlos de su entorno genera impactos en el medio ambiente.
Cisneros explica que el tráfico de los insectos contribuye a la disminución de sus poblaciones, lo cual afecta a sistemas locales. «Los insectos desempeñan roles cruciales en la polinización y el control de plagas», explica Cisneros.
El experto añade que el daño es más grave si se toma en cuenta que «las poblaciones de insectos han disminuido fuertemente. Hay zonas donde ciertos grupos de insectos han desaparecido por completo», reitera.
Por eso no se debe cazar de manera indiscriminada. Las tarántulas, por ejemplo, son vulnerables a la caza fortuita porque son longevos y se reproducen de forma poco frecuente.
Robles añade que estos seres vivos cumplen un ciclo biológico dentro de los ecosistemas. En caso de que estos sean extraídos de los ecosistemas “se produce un desequilibrio porque no hay una sinergia ya al momento de la interacción en los diferentes procesos biológicos”.
Según National Geographic, más de un millón de especies de insectos han sido documentados, en particular 12.000 especies de mil pies y unas 900 de tarántulas. La mayoría de ellos se concentra en la Amazonía.
El crimen organizado detrás del delito
La región amazónica de Ecuador, donde se encuentra la mayor diversidad, comprende las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Dentro de esta región, se ha visto el incremento de tráfico de fauna silvestre, ya que recoge casi el 80% de las variedades del país, concluye el estudio «Tráfico de la Fauna Silvestre como crimen organizado y su afectación a la biodiversidad en la Amazonía ecuatoriana», de la abogada Melany Ordóñez, publicado por la Universidad de Ambato en 2017.
La investigación de Ordóñez detalla que para los cazadores furtivos resulta rentable dedicarse a la caza de insectos, por ello se implicaron Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). No por nada, las Naciones Unidas han encargado a su Oficina Especializada en Delito contra el tráfico de estupefacientes, la lucha en contra del tráfico de animales silvestres, a menudo llevado a cabo por las mismas bandas.
El estudio detalla que la línea de esta actividad delictiva inicia cuando se contrata a gente del lugar para que capturen a la especie, sin tomar en cuenta que hay ejemplares que están en peligro de extinción.
Esa situación, a decir de Cisneros, se debe a factores socio-económicos. «La pobreza en áreas rurales del Ecuador contribuye al tráfico ilegal, ya que los colectores reciben pagos mínimos por sus capturas», explica Cisneros.
El catedrático de la Universidad San Francisco de Quito estima que «la falta de recursos y personal capacitado en el Ministerio del Ambiente dificulta el control».
Además, debido a su pequeño tamaño, el traslado de los invertebrados no es tarea complicada, coinciden los expertos.
Luego de que el lugareño obtiene el invertebrado, se pone en contacto con el comprador, quien define la modalidad para trasladar el ejemplar hacia su destino final.
Una investigación efectuada por Insight Crime, en noviembre de 2022, revela las rutas que se emplean para trasladar las especies.
El punto de partida es la región amazónica, especialmente las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos. El traslado se realiza vía terrestre y aérea. En la primera, las rutas de destino son Quito, Guayaquil y Perú.
Por vía aérea, la ruta inicia en Quito, sigue a Guayaquil para llegar hasta China, Japón o Tailandia. También hay otros destinos que contemplan Estados Unidos y Europa, naciones en donde se concentran los coleccionistas.
A veces, los comerciantes de insectos los ofrecen a través de plataformas virtuales como E-Bay o de venta de mercado libre.
Nancy Miorelli, estadounidense, realizó investigaciones sobre insectos en Quito, incluyendo libélulas y mariposas. Los ciudadanos pueden conocer de su fascinación por los invertebrados, a través de sus redes sociales. En YouTube cuenta con 8.000 seguidores, en Instagram con 2.524 y en X (Twitter) superó los 10.000 fanáticos.
Miorelli reitera que los insectos no solo se venden vivos, sino también se comercializan en piezas como artes y collares, para venderlos a turistas. «Los vendedores no saben que eso es ilegal. Lo venden de forma libre sin saber que esa práctica genera un daño ambiental», explica.
La educación es la clave
Miorelli reitera que se siente fascinada por la diversidad de insectos que posee Ecuador. De ahí la importancia de que la gente conozca la belleza natural de su país.
La ciudadana estadounidense llegó a Ecuador en 2015 y decidió quedarse para profundizar sus conocimientos. Creó una empresa de turismo enfocada en educar a los visitantes sobre la belleza de los insectos y su rol en el medio ambiente. «Nancy» como prefiere que le llamen, organiza grupos para realizar recorridos.
En el Jardín Botánico de Quito (Pichincha), por ejemplo, realiza observación de mariposas y abejas. También acude al parque Jerusalem, también conocido como Parque Recreacional y Ecológico Jerusalem, ubicado en Pedro Moncayo (Pichincha), donde observa saltamontes.
Además, realiza observaciones en la zona protegida de Cuyabeno (Sucumbíos) en donde analiza principalmente escarabajos. En cada visita, la catedrática inculca a los visitantes el respeto a los insectos. Además, les hace firmar un acta de compromiso para que los turistas no se lleven a los animales. «Tengo un código de conducta para los visitantes, donde les explico que no se deben llevar nada», reitera.
Una nueva campaña
«Alto al tráfico de vida silvestre» es el nombre de la campaña que presentó el MAATE en marzo de 2024.
Luis Esteban Jácome, subsecretario de Patrimonio Natural, explica que la iniciativa se cumple para que la ciudadanía entienda que se trata de un delito que genera daño ambiental. «Constituye el cuarto negocio ilícito a nivel mundial», expresa.
Según las cifras del Ministerio, los animales más traficados el año pasado fueron las tortugas, boas, loras, pericos, monos y tigrillos. Si bien no se mencionaron los insectos, la iniciativa también contempla crear conciencia en el contrabando de invertebrados.
La campaña pretende inculcar en la ciudadanía las consecuencias de esta práctica ilegal son el aislamiento y maltrato que sufren los animales sometidos a duras condiciones durante su captura, transporte y venta.
Las leyes son débiles
Si bien los decomisos, los operativos y los arrestos son importantes, no son suficientes si no cuentan con un fuerte soporte legal. “Las normas ecuatorianas todavía son débiles”, alerta el mayor Robles.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 247, establece sanciones de hasta cinco años por delitos ambientales, «lo cual es insuficiente», advierte el agente.
Similar criterio comparte Hugo Echeverría, abogado ambiental y catedrático de la Universidad de los Hemisferios, quien señala que “es necesario reformular ciertas normas para fortalecer sanciones legales”.
El jurista explica que en la Asamblea hay en trámite 45 proyectos de reforma legal, entre ellos el artículo 247. Las principales reformas se incorporaron en el año 2000; en 2014 se expidió una reforma del COIP.
En 2019, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional planteó problemas en la descripción de la conducta punible. En 2022 se presentó una segunda propuesta de reforma que recién en 2024 ingresó al debate en el Legislativo.
“El derecho penal no solo tiene que cuidar los derechos de los procesados, sino también los derechos de las víctimas y la naturaleza. Hay que equilibrar la balanza para quienes sufren las consecuencias del delito”, reiteró Echeverría.
El jurista añade que el delito de tráfico de especies silvestres es tan delicado que la Policía Internacional (Interpol) cuenta con una unidad dedicada a combatir ese delito. En su página web, la entidad habla de los delitos, de las personas más buscadas, así como enfrentar la problemática. “Hay evidencia más que suficiente en todo el mundo que detrás de este problema hay grupos bien organizados”.
Echeverría indicó que desde las Naciones Unidas se aboga por el endurecimiento de la pena privativa de libertad. En Colombia, la pena máxima es de hasta 12 años; en Perú, hasta 20 años, mientras que, en Ecuador, no supera los cinco años. De ahí que viene el reto de alcanzar el principio de proporcionalidad con una pena que vaya de entre cinco y 10 años.
Similar criterio comparte Robles. El agente puso como ejemplo a Colombia, en donde se introdujo la figura jurídica de “ecocidio”. Es decir, el daño masivo y la destrucción de los ecosistemas, que contempla una pena de hasta 15 años. “Existen varios pedidos para que la Asamblea Nacional reformule el artículo 247, tratando de endurecer las penas. Esperemos pues que la legislación de se manifieste de manera adecuada”, expresa. (I)
