La Asamblea Nacional, liderada por su presidenta Viviana Veloz, evaluará posibles acciones legales luego de que la Unión Europea revelara que el presidente y candidato Daniel Noboa no solicitó licencia para hacer campaña y combinó actividades proselitistas con funciones de gobierno. En rueda de prensa ofrecida este martes, Veloz señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Corte Constitucional han guardado un «silencio cómplice» sobre esta situación.
Desde la Asamblea, se analiza la posibilidad de presentar un recurso legal ante las instancias competentes para exigir que se cumpla con la normativa electoral vigente. La legislatura ya presentó anteriormente una acción de interpretación ante la Corte Constitucional sobre este tema, pero aún no ha recibido respuesta.
El informe de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostiene que Noboa incumplió el artículo 93 del Código de la Democracia, que obliga a los candidatos en funciones a solicitar una licencia sin sueldo para evitar ventajas electorales. Esta omisión generó un desequilibrio en la contienda, afectando a otros candidatos y partidos políticos.
Veloz insistió en que la Asamblea Nacional se mantendrá vigilante en el proceso electoral y continuará exigiendo el respeto a la Constitución y a las leyes. «No nos someteremos a los caprichos del Ejecutivo», enfatizó, criticando la falta de acción de otros organismos estatales.
En el ámbito legislativo, la Asamblea también avanza en la adecuación de sus instalaciones para recibir a los nuevos legisladores del periodo 2025-2029. Se han implementado mejoras tecnológicas y ajustes en oficinas y curules, con un avance del 70 %, según fuentes administrativas.
Otro tema en discusión es el juicio político contra la vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Gina Verdesoto. La Comisión de Fiscalización ha levantado la suspensión de plazos y se espera que el pleno analice el informe correspondiente en los próximos días.
Adicionalmente, existen solicitudes de juicio político contra vocales del CNE y jueces del TCE. Estos procesos se tramitarán una vez concluido el periodo electoral, en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La presidenta de la Asamblea recalcó que, pese a la recomposición de fuerzas políticas en el legislativo, la Revolución Ciudadana sigue siendo la bancada mayoritaria. Sin embargo, se requerirán acuerdos con otras agrupaciones para la aprobación de leyes en temas de seguridad, economía, energía y asuntos laborales.
Veloz criticó a partidos que, según ella, «desperdician tiempo en disputas políticas» en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía. «Nuestra prioridad es resolver los problemas de la gente», aseguró.
Sobre la controversia en el CPCCS, la Asamblea solicitará un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado para determinar si Óscar Ayerbe o David Rosero debe asumir la vocalía vacante. Esto, tras la destitución de Rosero por parte de la Corte Constitucional, lo que ha generado interpretaciones encontradas.
En cuanto al Consejo de la Judicatura, Veloz expresó preocupación por la falta de transparencia en el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional y provinciales. Además, cuestionó que el presidente Noboa no haya enviado la terna correspondiente para la renovación del organismo.
Finalmente, la Asamblea Nacional continuará con la fiscalización y la exigencia de que todas las funciones del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. «No permitiremos más atropellos», concluyó Veloz.
Debate sobre la concesión del Campo Sacha
Veloz informó además que, en una sesión extraordinaria realizada el sábado, los legisladores debatieron sobre la posible concesión del Campo Sacha, ubicado en el Bloque 60, actualmente operado por la empresa estatal Petroecuador.
La Asamblea manifestó su preocupación ante la intención de transferir su operación a una empresa privada, alegando que esto podría generar un perjuicio económico de aproximadamente 1.641 millones de dólares para el país. Además, se denunció que la concesión no cumpliría con las regulaciones establecidas, lo que pondría en riesgo los recursos petroleros nacionales.
En el transcurso de esta semana, el Pleno de la Asamblea discutirá el informe para el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras en el Ecuador. Este proyecto, calificado como urgente en materia económica, fue reformulado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana para corregir vacíos normativos y garantizar beneficios efectivos para las emprendedoras del país.
Asimismo, se debatirán:
Informe para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Diversos Cuerpos Legales, con el objetivo de garantizar los derechos laborales de personas con discapacidades, enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y de alta complejidad.
Proyecto de Ley Orgánica de Garantías de Derechos en Emergencias Sanitarias y Estados de Excepción.
Reforma a la Ley de Seguridad Social, que busca establecer una jubilación especial para el Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador.
En esa línea, la presidenta del Legislativo solicitó al Ejecutivo que no vete las iniciativas legislativas en materia laboral, ya que esto afectaría directamente a los ciudadanos que buscan oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. Se argumenta que la falta de oportunidades impulsa la migración de ecuatorianos en búsqueda de mejores horizontes en el exterior.
El Pleno aprueba ley para eliminar discriminación por edad en el empleo
La Asamblea Nacional aprobó con 92 votos la Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Respecto de la Discriminación por Edad en el Sistema Laboral, que busca garantizar la igualdad de oportunidades para jóvenes y personas mayores de 40 años en el mercado laboral. La presidenta, Viviana Veloz, instó al Ejecutivo a no vetar la normativa, mientras que la ponente del informe, Johanna Ortiz, destacó la necesidad de eliminar barreras de edad que limitan el acceso al empleo. La ley establece medidas como cuotas progresivas de contratación, eliminación de requisitos discriminatorios en ofertas laborales y protección contra despidos por edad.
La normativa obliga a empresas con al menos 25 trabajadores a contratar personal mayor de 40 años, comenzando con una persona e incrementando progresivamente hasta alcanzar el 4 % del total de empleados en cinco años. También prohíbe la jubilación obligatoria por edad y protege a docentes adultos mayores. La iniciativa se elaboró con la participación de la sociedad civil y jóvenes afectados por la falta de oportunidades laborales, buscando crear un entorno laboral más equitativo en Ecuador.
Desaparición forzada de menores en Guayaquil
Otro punto clave en la agenda legislativa es el debate del informe no vinculante sobre el caso de desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil: Ismael, Steven, Nemías y Josué. La Comisión de la Niñez y Adolescencia ha remitido el informe al Pleno, donde se señala la responsabilidad del Estado en el caso y se plantean recomendaciones para evitar futuras desapariciones.
La presidenta de la Asamblea anunció que también iniciará un nuevo proceso de fiscalización ante el incremento de la violencia e inseguridad en Ecuador, con más de 1.050 muertes violentas registradas en lo que va del año. En este contexto, se ha cuestionado el nombramiento del general en servicio pasivo Fausto Buenaño como nuevo Ministro del Interior, debido a presuntas irregularidades en su gestión, incluyendo un posible caso de corrupción relacionado con el delincuente conocido como alias «Fito». (I)
