Tras siete días de deliberaciones, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia contra el exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario de la Reconstrucción Carlos Bernal, al declararlos culpables del delito de peculado. Ambos fueron condenados a 13 años de prisión por el uso indebido de recursos públicos destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
Según la sentencia, Glas y Bernal actuaron como coautores, pese a no haber firmado contratos directamente. El fallo se basa en pruebas que muestran cómo, desde el Comité de Reconstrucción, se priorizaron obras no urgentes ni relacionadas con la emergencia, vulnerando los fines de la Ley de Solidaridad.
La Fiscalía General del Estado sostuvo que los procesados favorecieron intereses ajenos a la reconstrucción. Incluso se detectó que algunas obras beneficiaron a empresas relacionadas con el entorno cercano de Bernal, cuyos accionistas eran sus propios familiares. Una de esas empresas habría recibido al menos dos millones de dólares en contratos.
La jueza Mercedes Caicedo, en su lectura de más de tres horas, enfatizó que la sentencia no responde a impulsos psíquicos o ideológicos, sino a hechos concretos que revelan el abuso de funciones. Señaló que el Comité, presidido por Glas, autorizó obras sin estudios técnicos ni viabilidad, permitiendo el uso arbitrario de más de 225 millones de dólares.
Obras cuestionadas y mecanismos opacos
Entre las obras observadas por el Tribunal se encuentran el parque Las Vegas de Portoviejo, ubicado en una zona inundable; la reconstrucción de un hospital sobre un pantano en Chone; y la construcción de un puente en Jama, al lado de uno ya existente. Uno de los casos más llamativos fue el del puente sobre el río Mataje, que, según la sentencia, “no conecta con ningún lugar y solo sirve para transeúntes”.
Las irregularidades no solo se limitaron a la elección de proyectos, sino también a los mecanismos financieros empleados. Se detectó el uso de formas de pago antitécnicas en procesos como la remoción de escombros, y se denunció la ausencia de criterios sismorresistentes en las obras, lo que revela un manejo improvisado e irresponsable.
La defensa de Glas y Bernal argumentó que ellos no suscribieron contratos ni manejaron fondos, y que las decisiones de contratación fueron competencia de entidades como Ecuador Estratégico o los gobiernos locales. Sin embargo, el Tribunal desestimó estos alegatos y concluyó que ambos impulsaron de forma consciente y dolosa la adjudicación de proyectos.
Además de la pena privativa de libertad, los sentenciados deberán pagar, de forma solidaria, una reparación integral de 250 millones de dólares al Estado, una multa de USD 32.900 y la publicación de la sentencia en tres medios nacionales. También quedan inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos y perderán sus derechos políticos por 25 años.
Sentencia aún apelable
La decisión judicial es de primera instancia, por lo que las defensas pueden presentar recursos de apelación o casación. No obstante, la Fiscalía ha solicitado que se inicien investigaciones contra otras personas y empresas involucradas en los contratos observados.
Esta nueva sentencia se suma al historial judicial de Jorge Glas, quien en 2020 recibió ocho años de prisión por el caso Sobornos. En 2022, salió brevemente de prisión gracias a una medida cautelar otorgada por el juez Emerson Curipayo, posteriormente sentenciado por prevaricato.
En enero de 2024, Glas volvió a prisión tras ser extraído de la embajada de México por la Policía, donde se había refugiado para evitar la orden de prisión preventiva en este mismo caso. La Fiscalía también lo vincula con los casos Metástasis y Purga, y con una denuncia por acoso presentada por su exasistente en 2023.
Finalmente, el Tribunal de la CNJ recalcó que la reconstrucción de Manabí fue usada como una plataforma para beneficiar intereses particulares. “La corrupción es una traición a la confianza del pueblo”, afirmó la jueza Caicedo, al cerrar la audiencia con la disposición de seguir investigando a otros actores implicados en el manejo irregular de los recursos post-terremoto. (I)
