La provincia de Napo enfrenta una crítica escalada de conflictividad agraria y socioambiental en la que las denuncias de invasiones y ocupaciones de tierras continúan multiplicándose. Este 2 de julio de 2026, cuando la comunidad ancestral kichwa Tzawata-Ila-Chucalpi volvió a denunciar una ocupación violenta y arbitraria en sus territorios, un hecho que se ejecutó a pesar de la presencia de la fuerza pública en la zona.
Los comuneros alertaron sobre el ingreso de maquinaria pesada, el desbroce de vegetación, la deforestación y el levantamiento de infraestructuras por parte de personal externo vinculados a intereses particulares.
Ante este escenario, la empresa Terraturismo S.A. se pronunció de manera formal a través de un comunicado oficial emitido en Napo. La compañía hizo un llamado urgente a las autoridades gubernamentales y a la Policía Nacional para que garanticen el orden público, la seguridad jurídica y su derecho al trabajo.
Según Terraturismo S.A., todas sus actuaciones se desarrollan dentro de un predio cuya titularidad legítima respaldan mediante escrituras públicas debidamente inscritas y documentación legal vigente.
La empresa argumentó que el ingreso de equipamiento bloqueado tenía como único propósito la construcción de infraestructuras destinadas exclusivamente al bienestar, descanso y condiciones sanitarias dignas de sus colaboradores, conforme lo exigen las normativas laborales ecuatorianas y los estándares de la actividad agrícola de exportación, lamentando además que estas interrupciones afecten el empleo de cientos de familias en la región.
Frente a la postura corporativa, Andrés Rojas, abogado del Colectivo Napo por la Vida, expuso una visión jurídica contundente que contradice la legalidad alegada por la empresa.
Rojas explicó que, si bien Terraturismo S.A. posee un título de propiedad formal sobre el papel, la empresa carece por completo de la posesión material del territorio, la cual históricamente ha pertenecido a las comunidades indígenas.
Basado en el artículo 933 del Código Civil, el jurista aclaró que cuando un propietario formal no está en posesión de su bien, la vía legal obligatoria no es la entrada por la fuerza ni el desbroce arbitrario, sino interponer una demanda de reivindicación o acción de dominio para que sea un juez quien ordene la restitución del predio.
El abogado subrayó que la empresa no cuenta con dicha orden judicial y prefiere evitar el trámite por lo extenso del proceso. Asimismo, Rojas reveló que el Estado ecuatoriano tenía pleno conocimiento de la posesión comunitaria desde que se emitió una orden de desalojo en 2010, un trámite administrativo que fue dado de baja y archivado de forma definitiva en marzo de 2026 mediante una resolución oficial, dejando a la empresa sin herramientas administrativas de expulsión y forzando una intervención que vulnera los derechos colectivos de la comunidad.
Dos invasiones consecutivas agravan el escenario de conflicto en una sola semana
La gravedad de la situación en Napo se refleja en que, únicamente en el transcurso de esta semana, ya se han registrado dos invasiones en la zona.
El primer incidente ocurrió la madrugada de este martes, cuando los habitantes de la comunidad ancestral kichwa Tzawata denunciaron un sorpresivo ingreso de personas externas a las instalaciones del campamento de la empresa Terraturismo, reactivando un conflicto territorial que arrastra más de quince años de vigencia.
La organización Napo por la Vida, liderada por José Moreno, informó que los comuneros se vieron obligados a concentrarse de urgencia para vigilar el territorio, resguardar su integridad y evitar brotes de violencia ante el incremento de la presencia de extraños.
Esta disputa por la tierra en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola afecta un área de invaluable biodiversidad, caracterizada por bosques amazónicos y corredores biológicos esenciales para la flora y fauna locales.
Defensores ambientales y líderes indígenas de Napo por la Vida alertaron que comunidades vecinas como Aguata y San Clemente de Chucapí enfrentan presiones y vulneraciones idénticas bajo el asedio constante a sus espacios ancestrales.
El recrudecimiento de estos asaltos a los territorios amazónicos ocurre en un contexto de profunda conmoción a nivel nacional por el avance y la violencia de las actividades extractivas en el país.
Apenas comenzada la semana, las alertas institucionales se dispararon tras el grave atentado perpetrado contra el edificio de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en Quito, donde detonaciones controladas mediante mechas de seguridad —un material vinculado directamente a actividades mineras— destruyeron la fachada de la entidad encargada de combatir y regular la extracción ilegal de minerales en provincias vulnerables como Napo.
Las organizaciones indígenas y de derechos humanos recalcan que tanto el asedio a las comunas amazónicas como los ataques criminales contra las entidades de control forman parte de una misma problemática estructural, caracterizada por la debilidad estatal, la imposición extractivista y el total irrespeto a los derechos humanos y colectivos en el Ecuador. (I)