Ecuador enfrenta una paradoja alimentaria: mientras casi dos de cada tres adultos presentan exceso de peso, aproximadamente uno de cada cinco niños menores de dos años sufre desnutrición crónica.
Frente a esta doble problemática, el asambleísta por Pichincha, Andrés Castillo Maldonado, presentó un proyecto de ley que busca convertir el consumo de proteínas de alto valor biológico, especialmente de origen animal, en un componente prioritario de las políticas públicas de nutrición, prevención de enfermedades y educación alimentaria.
La iniciativa, denominada Ley de Fomento a la Alimentación Saludable y al Consumo de Proteína de Alto Valor Biológico, contiene nueve artículos, dos disposiciones generales, una transitoria y una final.
Su principal planteamiento consiste en actualizar las guías alimentarias nacionales, fortalecer la orientación nutricional en los servicios de salud y promover una dieta equilibrada que reconozca el aporte de huevos, carnes magras, pescado, mariscos, leche y derivados, sin excluir las proteínas vegetales ni otros alimentos saludables.
Las cifras que sustentan la propuesta reflejan la magnitud del problema. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2018, citada en la exposición de motivos, el 64,68% de la población adulta ecuatoriana presenta sobrepeso u obesidad.
El documento también señala que 35 de cada 100 niños registran estas condiciones, mientras que la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI) de 2024 ubica la desnutrición crónica en el 19,3% de los menores de dos años.
El panorama ecuatoriano forma parte de una crisis más amplia. La propuesta legislativa recoge estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según las cuales, en 2022, el 43% de los adultos del planeta tenía sobrepeso y el 16% vivía con obesidad.
Desde 1990, la prevalencia mundial de obesidad adulta se ha más que duplicado, mientras que entre niños y adolescentes se cuadruplicó. En las Américas, el sobrepeso alcanza al 67% de la población adulta, la proporción regional más elevada del mundo.
En América Latina y el Caribe, aproximadamente el 60% de los adultos y el 33% de los niños y adolescentes presentan sobrepeso u obesidad, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recogidos en el proyecto.
Estas estadísticas constituyen uno de los argumentos de sus promotores para incorporar criterios sobre calidad proteica, densidad nutricional y composición de los alimentos en las recomendaciones oficiales de alimentación.
El proyecto fue presentado durante un acto celebrado en el Salón Tránsito Amaguaña de la Asamblea Nacional, con la participación de representantes de los sectores ganadero, avícola, porcino, lácteo y de otras cadenas de producción alimentaria.
Castillo explicó que la iniciativa se construyó a partir del trabajo con organizaciones de la sociedad civil y gremios productivos, aproximadamente durante tres meses, antes de darle forma jurídica y presentarla oficialmente ante el Legislativo.
Uno de los argumentos centrales de la propuesta es que una alimentación saludable no debe evaluarse únicamente por la cantidad de calorías que aporta, sino también por su composición nutricional.
La exposición de motivos cita investigaciones científicas que relacionan el consumo adecuado de proteínas de calidad con la sensación de saciedad, la conservación de la masa muscular y determinados procesos metabólicos. También plantea su importancia durante el crecimiento infantil y el envejecimiento, aunque sus resultados dependerán de las condiciones nutricionales de cada persona.
La propuesta define la proteína de alto valor biológico como aquella que proporciona los nueve aminoácidos esenciales en cantidades acordes con los patrones de referencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS, con alta digestibilidad y biodisponibilidad.
Además, establece como criterio técnico que la proteína represente al menos el 12% del valor energético del alimento, una definición que deberá ser examinada durante el debate legislativo.
En términos de política pública, el artículo 8 constituye uno de los elementos más relevantes: dispone que la autoridad sanitaria nacional actualice periódicamente la guía alimentaria del Ecuador, con recomendaciones diferenciadas según la edad y la diversidad alimentaria del país.
El objetivo es establecer proporciones apropiadas de los diferentes grupos de alimentos, otorgando a las proteínas de alto valor biológico el papel prioritario previsto en el proyecto, bajo criterios científicos.
La normativa también tendría implicaciones para el sistema educativo y sanitario. Sus disposiciones serían obligatorias para la autoridad nacional de salud, el organismo rector de educación, las instituciones de los sistemas nacionales de Salud y Educación y otras entidades con competencias nutricionales.
El artículo 9, además, propone promover la actualización de contenidos académicos relacionados con nutrición en carreras universitarias vinculadas a la salud, con el propósito de fortalecer la preparación del personal especializado.
Una norma que plantea cambiar la educación nutricional y la atención sanitaria
El artículo 7 establece que la promoción de hábitos saludables debe desarrollarse preferentemente mediante programas comunitarios y telemedicina grupal. Para las personas con sobrepeso u obesidad, plantea incorporar una alimentación acorde con las nuevas orientaciones como parte de la primera línea de intervención, junto con actividad física, apoyo psicológico y otras medidas no farmacológicas, de acuerdo con los protocolos clínicos correspondientes.
Otro componente es el derecho de la población a recibir información clara, comprensible y respaldada por evidencia científica. El artículo 6 contempla orientación y tratamiento nutricional individualizado cuando sea necesario, dando preferencia a los alimentos frente a los suplementos nutricionales, salvo que exista una justificación clínica.
Esta disposición busca fortalecer el acceso a asesoramiento profesional y reducir la dependencia de soluciones alimentarias que no respondan a necesidades médicas concretas.
El proyecto incorpora tres finalidades principales: fomentar el consumo de alimentos naturales, promover una alimentación equilibrada, diversa y culturalmente apropiada, y fortalecer la educación nutricional durante todas las etapas de la vida.
Asimismo, establece principios de libertad de elección alimentaria y neutralidad productiva. Por tanto, no contempla prohibiciones contra dietas vegetarianas, proteínas vegetales ni categorías específicas de productos alimenticios.
Castillo defendió este enfoque durante su intervención y sostuvo que el propósito no consiste en enfrentar a consumidores o productores, sino en ampliar el acceso a alimentos nutritivos. “La alimentación es una condición natural de los seres humanos. La alimentación es vida”, manifestó el legislador, quien relacionó la calidad de la dieta con la prevención de enfermedades y la necesidad de reducir los problemas nutricionales que afectan especialmente a la niñez.
El asambleísta también puso énfasis en la capacidad de compra de las familias ecuatorianas. Durante la presentación mencionó precios referenciales de alimentos de origen animal: alrededor de USD 1,40 por libra de pollo, entre USD 2 y USD 3,50 por libra de carne de cerdo, y aproximadamente USD 4,10 por una cubeta de 30 huevos, equivalente a cerca de USD 0,14 por unidad. Estas cifras fueron expuestas como referencias comerciales y no corresponden a un levantamiento nacional de precios.
En otros productos, Castillo señaló valores aproximados de USD 4 a USD 8 por libra de carne de res, dependiendo de su calidad; entre USD 3,50 y USD 5,50 por libra de camarón; y entre USD 0,90 y USD 1,15 por litro de leche entera. Su argumento es que una mayor capacidad productiva podría contribuir a mejorar la oferta y facilitar el acceso de los consumidores, aunque el proyecto no establece controles de precios ni mecanismos directos para garantizar su reducción.
Las diferencias de consumo entre países también formaron parte de la exposición. Castillo indicó que un ecuatoriano consume aproximadamente 31 kilogramos de pollo al año, frente a 38,2 kilogramos en Colombia y cerca de 54 kilogramos en Perú.
Según esas cifras citadas durante el acto, el consumo ecuatoriano sería alrededor de 7,2 kilogramos inferior al colombiano y 23 kilogramos menor al peruano. Los datos fueron atribuidos por el legislador a referencias del sector avícola, sin que se precisara su período estadístico.
La brecha se extiende al consumo de huevos. En Ecuador se registrarían alrededor de 200 unidades por habitante al año, mientras que Perú alcanzaría 243 y Colombia 365, según los datos expuestos por Castillo.
En carne porcina, el consumo ecuatoriano se situaría en 12 kilogramos anuales por persona, por encima de los 11 kilogramos mencionados para Perú, pero por debajo de los 15,8 kilogramos atribuidos a Colombia. Estas comparaciones fueron utilizadas para argumentar que existe potencial de crecimiento para la producción y el mercado interno.
Juan Pablo Grijalva, gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, relacionó la propuesta con la necesidad de mejorar el conocimiento nutricional de la población.
Durante su intervención planteó, como referencia general, una ingesta de un gramo de proteína por kilogramo de peso corporal, aunque las necesidades individuales varían según la edad, el estado de salud y otras condiciones. También señaló que un vaso de leche puede aportar alrededor de ocho gramos de proteína, e insistió en que las familias deberían comprender mejor la composición nutricional de sus alimentos.
Grijalva afirmó que las consecuencias de la mala nutrición representarían pérdidas superiores a USD 4.300 millones para Ecuador, considerando problemas vinculados con la desnutrición y la obesidad.
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La cifra fue mencionada por el dirigente ganadero durante la presentación, pero no se identificó el estudio, año de referencia ni metodología utilizada para calcularla. Más allá de esa estimación, el vocero consideró que la alimentación debe abordarse como un asunto de salud pública, productividad y desarrollo económico.
El representante del sector lácteo insistió en que la iniciativa no busca desplazar las fuentes vegetales de alimentación. “No se está yendo contra la proteína vegetal, que es muy buena”, afirmó, al defender la complementariedad entre diferentes grupos alimenticios. También aseguró que el proyecto no demandaría nuevas asignaciones presupuestarias, aspecto que coincide con las disposiciones generales del texto presentado.
Producción rural, pobreza y el desafío de llevar alimentos nutritivos a más hogares
Además de sus objetivos sanitarios, la iniciativa plantea un vínculo entre nutrición y desarrollo rural. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), recogidas en la exposición de motivos, la pobreza por ingresos alcanzó el 37,6% en el área rural en diciembre de 2025, frente al 13,8% en las zonas urbanas. La pobreza extrema llegó al 19,7% de la población rural, mientras que en el sector urbano se ubicó en el 3%.
Estas cifras representan diferencias de 23,8 puntos porcentuales en pobreza por ingresos y 16,7 puntos en pobreza extrema entre el campo y las ciudades. Para los promotores de la ley, fortalecer la demanda de alimentos producidos localmente podría beneficiar a familias campesinas, pequeños ganaderos, avicultores, pescadores artesanales y productores acuícolas.
Sin embargo, el alcance económico de esta medida dependería de factores como costos, comercialización, capacidad productiva y acceso efectivo de los hogares a alimentos nutritivos.
El documento identifica cuatro posibles beneficios para el sector rural: generar una demanda interna más estable de proteínas de origen animal; favorecer los alimentos propios de cada territorio y los circuitos cortos de comercialización; estimular el empleo y los ingresos relacionados con la producción, transporte y procesamiento; y contribuir a mejorar las condiciones nutricionales de las familias rurales, especialmente de niños y adultos mayores.
Jeaneth Núñez, coordinadora del Clúster Cárnico Bovino del Ecuador, destacó que la actividad ganadera se desarrolla de manera continua, incluso ante dificultades climáticas y económicas. “Estamos siempre trabajando 365 días del año, 24 sobre 24”, manifestó durante la presentación, para destacar el esfuerzo permanente de quienes abastecen de alimentos al mercado nacional y la necesidad de contar con condiciones regulatorias más favorables.
La dirigente explicó que los productores de carne, leche, aves, huevos y porcinos han trabajado en la articulación de un clúster nacional de proteína animal durante aproximadamente un año.
Esta organización buscaría coordinar iniciativas que anteriormente se desarrollaban de manera independiente, especialmente en asuntos relacionados con reglamentos, sistemas de producción y promoción del consumo alimentario. Núñez también advirtió sobre las dificultades que enfrenta la ganadería bovina y la necesidad de fortalecer las condiciones de producción.
En cuanto a la dimensión económica del sector, Grijalva estimó que Ecuador cuenta con alrededor de 300.000 productores de leche y aproximadamente 160.000 productores vinculados a la actividad porcina. El dirigente recalcó que una parte importante corresponde a pequeñas unidades productivas familiares. Se trata de cifras gremiales mencionadas durante el evento, que ilustran la amplitud de las actividades potencialmente relacionadas con la iniciativa, aunque no equivalen a un censo oficial actualizado.
No obstante, el articulado no contempla subsidios directos para ganaderos, transferencias económicas, cuotas de producción ni compras públicas obligatorias. La exposición de motivos aclara que los efectos económicos esperados serían indirectos, principalmente a través de la educación alimentaria, la actualización de las guías nacionales y una eventual mayor demanda de determinados alimentos. Por esa razón, los beneficios para los productores no pueden considerarse automáticos ni asegurados por la sola aprobación de la norma.
En materia presupuestaria, la segunda disposición general establece que la implementación deberá realizarse con los recursos institucionales existentes, sin crear nuevas estructuras administrativas ni asignaciones adicionales. La disposición transitoria única fija un plazo máximo de 180 días, contados desde la publicación de la ley en el Registro Oficial, para que la autoridad sanitaria nacional emita la normativa técnica necesaria para su aplicación.
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La propuesta también tiene relación con otros instrumentos legales y de planificación. Se fundamenta en los artículos 13, 32 y 281 de la Constitución, vinculados con el derecho a la alimentación, la salud y la soberanía alimentaria. Además, sus promotores la relacionan con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3 y 8, orientados a combatir la pobreza, el hambre, los problemas sanitarios y las dificultades económicas. El documento señala que podría tramitarse de manera complementaria al proyecto de ley sobre atención integral a personas con obesidad.
Respecto al proceso legislativo, Castillo confirmó que el texto ya fue ingresado mediante el sistema informático de la Asamblea Nacional. El siguiente paso será su revisión y calificación por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que deberá determinar su remisión a una comisión especializada. Entre las posibilidades mencionadas por el legislador se encuentran las comisiones de Salud y de Soberanía Alimentaria, debido a que la propuesta combina aspectos nutricionales, educativos y productivos. No se anunció una fecha definitiva para su primer debate.
La discusión legislativa deberá determinar si las medidas planteadas son suficientes para enfrentar problemas tan complejos como la desnutrición crónica infantil, la obesidad y las dificultades económicas que limitan el acceso a alimentos de calidad. El proyecto abre un debate sobre el papel de las proteínas en la alimentación nacional, pero su efectividad dependerá de la evidencia científica que respalde las recomendaciones, de la implementación institucional y de que las políticas públicas logren traducirse en mejoras concretas para los hogares ecuatorianos. (I)