La excandidata presidencial Luisa González deberá cumplir prisión preventiva por su presunta participación en un esquema de lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña electoral de 2023 de la Revolución Ciudadana (RC5). La decisión fue adoptada este viernes 23 de octubre de 2026 por un juez que acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado, tras una extensa audiencia de formulación de cargos desarrollada de manera reservada.
La medida cautelar también fue dictada contra el exasambleísta Santiago Díaz y Wendy Onofre, quienes figuran entre los investigados en el denominado caso Laberinto. En cambio, para Estefanía Molina, otra de las procesadas, la autoridad judicial dispuso medidas alternativas a la privación de libertad.
La resolución se conoció después de varias horas de diligencia judicial, que se instaló cerca de la medianoche del jueves 22 de octubre y se prolongó hasta alrededor del mediodía de este viernes. La audiencia se desarrolló de forma telemática, mientras González permanecía bajo custodia policial en el Cuartel Modelo de Guayaquil.
La dirigente correísta había sido detenida durante la madrugada del jueves en Canuto, parroquia del cantón Chone, provincia de Manabí. Su aprehensión formó parte de un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional en el marco de una investigación sobre el supuesto ingreso de dinero de origen ilícito a la campaña presidencial anticipada de 2023.
Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público expusieron los elementos recopilados en la investigación y defendieron la necesidad de mantener privadas de libertad a tres de las personas procesadas. Después de revisar los argumentos de las defensas, la Fiscalía ratificó su solicitud de prisión preventiva.
Para Estefanía Molina, el juez ordenó la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante la autoridad competente y la utilización de un grillete electrónico. La Fiscalía tomó en consideración que la investigada tiene bajo su cuidado a un hijo con una condición de salud que requiere su presencia.
Con esta resolución, González enfrenta una nueva etapa judicial mientras se investigan los movimientos financieros de la campaña que encabezó en 2023. La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una sentencia condenatoria ni determina la culpabilidad de los procesados.
Fiscalía investiga el origen de al menos USD 500.000 destinados a la campaña
El caso Laberinto busca establecer si la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana recibió recursos procedentes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos. La hipótesis de la Fiscalía apunta a una presunta estructura empresarial utilizada para movilizar dinero hacia gastos electorales sin transparentar su verdadero origen.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, las investigaciones se concentran en el financiamiento de publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023. En ese período se habría utilizado una red de personas jurídicas para canalizar aproximadamente USD 500.000, cuyo origen y destino son materia de investigación.
Las indagaciones también examinan posibles vínculos entre esos recursos y empresas de combustibles relacionadas con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien enfrenta otros procesos judiciales. La Fiscalía intenta determinar si parte del dinero investigado fue incorporado a las actividades proselitistas de la Lista 5 mediante operaciones que habrían ocultado su procedencia.
El expediente contiene información sobre transferencias bancarias, facturas, comunicaciones y movimientos económicos que las autoridades buscan contrastar para reconstruir la ruta del dinero. Según una revisión de la documentación judicial publicada por Primicias, el monto de las operaciones bajo análisis podría superar los USD 725.000, aunque esa cifra corresponde a una investigación más amplia y no equivale a dinero ilícito judicialmente comprobado.
El proceso también involucra a otras personas relacionadas con el manejo financiero y político de la campaña presidencial. Entre ellas consta Wendy Onofre, secretaria del movimiento RETO, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades en Guayas después de que se conocieran las investigaciones.
La Fiscalía deberá demostrar si los recursos investigados tenían un origen ilegal, quiénes intervinieron en su administración y qué conocimiento tenían los procesados sobre las operaciones. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, período en el que podrán incorporarse nuevos elementos de cargo y de descargo.
González rechaza acusaciones y cuestiona los argumentos fiscales
Durante su intervención en la audiencia, Luisa González rechazó los señalamientos en su contra y cuestionó la información presentada por la Fiscalía para sustentar su solicitud de prisión preventiva. Uno de los puntos de controversia estuvo relacionado con sus movimientos migratorios y los argumentos utilizados para evaluar su arraigo en Ecuador.
La excandidata sostuvo que la Fiscalía había mencionado 60 salidas del país sin precisar que correspondían a un período superior a una década. Según su explicación, presentar esa cifra sin el contexto temporal podía generar una interpretación equivocada sobre sus desplazamientos internacionales.
González también expuso sus vínculos familiares y laborales con el país, al indicar que su hijo estudia en Quito y que mantiene actividades en Chone. Estos elementos fueron presentados por su defensa para argumentar que cuenta con arraigo suficiente y que no era necesario imponerle una medida privativa de libertad.
Desde su detención, la exaspirante a Carondelet ha rechazado la investigación y sostiene que se trata de una acción de persecución política. En un pronunciamiento difundido desde sus redes sociales calificó de «absurda» la acusación por lavado de activos y denunció lo que considera un ataque a las libertades.
Tras conocerse la resolución judicial, en su cuenta oficial se difundió un video grabado durante la audiencia, en el que dirigió un mensaje a sus simpatizantes. «Hago un llamado a resistir, a no claudicar ni darse por vencidos», expresó la dirigente, quien mantuvo sus cuestionamientos al Gobierno del presidente Daniel Noboa.
Por su parte, el Gobierno ha señalado que la investigación corresponde a un presunto esquema de lavado de activos vinculado con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023. El Ejecutivo ha defendido la necesidad de esclarecer el origen de los recursos investigados, mientras el correísmo sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas.
Revolución Ciudadana anuncia movilizaciones y lleva su protesta a la Asamblea
La detención de González provocó una inmediata reacción de la dirigencia de Revolución Ciudadana, que el jueves 22 de octubre reunió a sus principales representantes para definir acciones políticas y jurídicas. Durante un pronunciamiento público, la presidenta de la organización, Gabriela Rivadeneira, convocó a la militancia y a organizaciones sociales a movilizarse para exigir la liberación de la excandidata presidencial.
La organización política también anunció su intención de acudir a instancias internacionales para denunciar lo que considera vulneraciones de derechos y actuaciones arbitrarias de las autoridades. Sus dirigentes cuestionaron las circunstancias de la detención y advirtieron que mantendrán acciones de protesta frente al proceso judicial.
LEA ADEMÁS: ‘Vamos a denunciar este secuestro con toda la fuerza’, anuncia dirigencia de Revolución Ciudadana
El rechazo también llegó a la Asamblea Nacional, donde legisladores de la Revolución Ciudadana desplegaron una extensa tela negra frente al pleno como representación del denominado «luto de la democracia ecuatoriana». Durante la protesta, los asambleístas corearon consignas como «¡Dictadura no, democracia sí!» y responsabilizaron políticamente al Ejecutivo por la situación de su exaspirante presidencial.
La decisión de ordenar prisión preventiva para González profundiza así el enfrentamiento entre el oficialismo y el principal movimiento de oposición, mientras el caso Laberinto avanza en los tribunales. La investigación deberá establecer si existió financiamiento electoral con recursos ilícitos y determinar las responsabilidades individuales, en medio de una creciente tensión política y de los llamados del correísmo a mantener las movilizaciones. (I)