Con 80 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 10 de julio la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, una normativa enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa. La medida busca consolidar un marco legal que permita al Estado enfrentar amenazas ambientales y del crimen organizado.
El proyecto fue debatido en segundo y definitivo debate durante la sesión 17 del Legislativo, con la participación de 143 asambleístas al inicio, aunque al momento de la votación se registraron solo 109 presentes. Entre ellos, 23 legisladores votaron en contra y seis se abstuvieron.
La nueva ley establece una estructura legal que refuerza la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, prohíbe cualquier forma de extractivismo y garantiza la protección de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas asentados en estas zonas.
Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y proponente del informe, aseguró que la iniciativa busca proteger el patrimonio natural y profesionalizar la labor de los guardaparques, sin dar paso a la privatización de recursos estratégicos.
Durante su intervención, Centeno aclaró que la normativa prohíbe expresamente concesiones extractivas, turísticas o de otro tipo que afecten la integridad ecológica de las áreas protegidas. Además, se prohíbe la explotación de recursos no renovables.
Uno de los ejes centrales es la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, un nuevo organismo con autonomía para gestionar recursos nacionales e internacionales con fines de conservación.
La ley contiene ocho artículos principales, tres disposiciones generales, cinco transitorias y siete reformas a normativas como la Ley de Aviación Civil, el Código Orgánico Monetario, la Ley de Movilidad Humana, entre otras.
Se contempla también la participación comunitaria y privada en servicios no esenciales relacionados con las áreas protegidas, como mecanismos de conservación, bajo control y rectoría estatal.
En términos de seguridad, la normativa habilita acciones coordinadas —de carácter temporal y bajo supervisión civil— para contrarrestar la expansión de bandas delictivas en zonas rurales y bosques protegidos.
El objetivo es frenar delitos como la minería ilegal y la tala indiscriminada que amenazan la biodiversidad y a las comunidades locales. Para ello, se permitirá el despliegue del Bloque de Seguridad en estas áreas.
Durante el debate, 12 legisladores intervinieron para resaltar la urgencia de fortalecer institucionalmente al sistema ambiental y enfrentar la presencia de grupos del crimen organizado que operan en territorios protegidos.
La sesión también estuvo marcada por la salida del hemiciclo de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5), en protesta por señalamientos en su contra relacionados con otro proyecto de ley que generó polémica.
La asambleísta Nathaly Morillo (ADN) cuestionó la inacción del bloque correísta ante la denuncia contra el legislador Santiago D., acusado de presunta violación, lo que generó un cruce verbal con la asambleísta Viviana Veloz (RC5).
Organizaciones de la sociedad civil y expertos en conservación participaron en la comisión general previa a la votación. Tarcisio Granizo, del Fondo Mundial para la Naturaleza, sugirió incluir más garantías de rectoría estatal y respeto a derechos colectivos.
Por su parte, Juan Esteban Rivadeneira, en representación de los guardaparques, afirmó que la normativa representa un avance histórico al reconocer la labor de quienes resguardan el patrimonio ambiental del país.
En los próximos dos días hábiles, el texto aprobado deberá ser enviado al Ejecutivo para su sanción o veto parcial. La Asamblea espera que el presidente Noboa lo convierta en ley sin observaciones. (I)
