El sistema de salud de Ecuador se encuentra en una situación crítica, según denuncias de la Federación Médica Ecuatoriana (FME) que se hicieron públicas este viernes 18 de julio. Santiago Carrasco, presidente de la FME, alzó su voz este viernes para exponer la grave escasez de medicamentos y las complicaciones en los tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas y catastróficas.
Durante una rueda de prensa matutina, Carrasco hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, presidido por Daniel Noboa, para que tomara medidas inmediatas ante el desabastecimiento generalizado de insumos.
«Pedimos al Gobierno que se sensibilice, que tenga solidaridad y que entienda que la falta de insumos, de medicamentos, que la falta de todo lo necesario para tratar a los pacientes renales es sumamente grande», declaró Carrasco, enfatizando la magnitud del problema.
Un punto central de la denuncia fue la considerable deuda del Estado con los centros de diálisis, que, según Carrasco, superaba los USD 200 millones. Sin embargo, Kevin Valdez, vocero de los pacientes renales del Ecuador, cifró esta deuda en una suma aún mayor, alcanzando los USD 300 millones.
Más de 19.000 pacientes renales en Ecuador enfrentaron una grave crisis sanitaria debido a la falta de garantías para acceder a sus tratamientos de diálisis , generando un «terror» ante la imposibilidad de recibir atención vital.
Carrasco también urgió al presidente Noboa a no ceder el Ministerio de Salud Pública (MSP) a «cuotas políticas», solicitando una intervención decidida y profesional en el sector sanitario.
«No podemos seguir enlodados en esta porquería de la corrupción, hagan ya la intervención total para sacar adelante al país», sentenció Carrasco, demandando acciones contundentes contra la corrupción.
El presidente de la FME cuestionó la falta de diálogo por parte del Gobierno y denunció graves irregularidades en los hospitales públicos.
En una entrevista, Carrasco criticó duramente que la reciente Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) fue aprobada sin consulta alguna con los gremios médicos o la academia.
Ante la “crisis total en el sistema de salud” , agravada por la escasez de medicamentos, insumos, falta de personal y presuntos casos de corrupción , Carrasco exigió que se declarara la emergencia sanitaria para evitar un colapso inminente.
El dirigente gremial señaló que muchos hospitales estaban operando sin especialistas, obligando a los médicos generales a asumir funciones que no les correspondían.
Esta situación, según Carrasco, generaba la deficiencia en todo el tema de prevención en el sistema de salud, por lo que el gasto de bolsillo en salud se volvía elevado y los equipos no recibían mantenimiento o estaban dañados.
En un caso específico, Carrasco denunció que en el Hospital Docente de Calderón, en Quito, se habría designado como gerente a una persona sin título de tercer ni cuarto nivel.
Según el dirigente médico, la Ley de Carrera Sanitaria, que aún no había sido implementada, ya establecía los parámetros adecuados para el personal del sector, pero el Gobierno había optado por imponer nuevas normativas sin consenso.
El 16 de julio, FAPERPISEC y la Federación Médica Ecuatoriana acudieron a la Corte Constitucional para exigir la inconstitucionalidad de la LOIP , calificándola como una ley que precarizaba aún más al sector salud. Carrasco cuestionó la exigencia de excelencia en la evaluación del personal médico cuando, en muchos casos, no tenían “ni paracetamol”.
Kevin Valdez, en representación de los pacientes renales, hizo un llamado a la comunidad internacional para que, en coordinación con el gobierno nacional, se elaborara un plan emergente de atención para estos pacientes.
Esta invitación se extendió a organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), buscando apoyo para enfrentar esta crisis humanitaria. (I)
