Alberto Santillán, fiscal Distrital de Pichincha, abrió una investigación previa en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda (foto). En esta ocasión por el delito de delincuencia organizada.
El alcalde tiene pendiente un proceso penal por peculado, tras supuestas irregularidades en la adquisición 100.000 pruebas para detección de covid-19 a un costo de $ 4,2 millones. Yunda fue llamado a juicio el pasado 30 de abril.
En esta nueva investigación, según Fiscalía, el delito se habría originado en los contratos suscritos entre el Municipio de Quito con empresas privadas para varios proyectos de pavimentación en la capital.
La investigación se inició con base a denuncias presentadas por el concejal Fernando Morales y el político César Montúfar en torno a presuntas irregularidades que se habrían realizado para direccionar los contratos con las firmas privadas.
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En declaraciones anteriores, Montúfar señaló que se configuró una «triangulación» con la que se trató de evadir el sistema de contratación pública, para transferir a una empresa proyectos que superaron los $ 51 millones.
En la investigación previa también estarían señalados dos exgerentes de la Empresa de Obras Públicas de Quito (Epmmop); dos exgerentes de la Empresa Metropolitana de Agua Potable, así como titulares de las empresas privadas que participaron en la suscripción de los contratos.
El 15 de junio de 2020, el concejal Morales y Montúfar, presentaron la denuncia. Inmediatamente, el alcalde Yunda respondió en su cuenta de Twitter que tenía apertura para que la Fiscalía cumpla con las investigaciones. (I)
