“Han traído aquí a un reo de conciencia, acusado por sus actuaciones que entraron en conflicto con los poderes viejos y renovados”. Fueron las palabras de Pablo Celi, excontralor subrogante, que acudió a la Asamblea Nacional para encarar un juicio político en su contra.
El trámite se inició este lunes 16 de agosto, por la convocatoria de Guadalupe Llori, presidenta del Legislativo.
Celi fue señalado de arrogación de funciones, desvanecimiento de glosas entre otras faltas.
El exfuncionario llegó desde la cárcel N°4, donde se encuentra con prisión preventiva por presunta delincuencia organizada, dentro del caso «Las Torres».
Los asambleístas interpelantes, Juan Cristóbal Lloret (UNES) y Viviana Veloz, que instaron a los legisladores a censurar al exfuncionario y sustentaron las causales del juicio político.
Entre ellas, señalaron, la ilegalidad con la que se posesionó en el cargo 2017, para reemplazar al excontralor, Carlos Pólit, señalado en un caso de corrupción relacionada a la firma Odebrecht.
Además recordaron la firma de un contrato de más de $ 1 millón con la firma HDC Producciones, a cargo de Daniel Salcedo, también procesado por actos de corrupción.
Veloz explicó que varias glosas o responsabilidades civiles fueron desvanecidas por parte de Celi y recordó el denominado caso «Las Torres».
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En su espacio de descargo, el excontralor señaló que el proceso que se sigue en su contra no es justo e imparcial. Añadió que se trata de una contienda política para encubrir intereses.
Agregó que las acusaciones carecen de validez jurídica. Afirma que los actos administrativos deben ser resueltos en la sede competente, es decir en el Tribunal Contencioso Administrativo y no en la sede parlamentaria.
En esta diligencia, se necesita de una mayoría absoluta para lograr la censura del excontralor subrogante Pablo Celi.
Hasta las 14:00, el excontralor continuaba con su exposición de defensa.
Una denuncia ante la Fiscalía
Mientras se desarrolla el juicio político en el Parlamento, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado sobre una gran estructura de corrupción en la Contraloría.
En declaraciones a medios de comunicación indicó que hay 34 informes que confirman que en el organismo contralor -entre la administración de Carlos Pólit y Pablo Celi- operó una estructura delictiva cuyo fin principal era la desaparición de glosas, archivo de procesos.
Todo esto, dijo, acabó con el incendio del edificio, ocurrido en octubre de 2019, durante un paro nacional, en rechazo a las decisiones implementadas por el régimen de Lenín Moreno.
Villavicencio expresó que el juicio político es «una acción simbólica» y que «este es el verdadero juicio; esta es la verdadera acción y ningún otro legislador lo va a hacer», dijo. (I)
