34 cuerpos fueron identificados por personal de Criminalística de Policía Nacional, tras la masacre ocurrida el pasado viernes en la Penitenciaría del Litoral.
A medida que avanza el reconocimiento de 68 fallecidos, se determinó que entre las víctimas se encontraban protagonistas de connotados casos legales. Otros habían cumplido su sentencia, pero no les llegó la orden de excarcelación.
Ese fue el caso de Erick Christopher Ortiz Segura, sentenciado por un caso de tráfico de droga. El hombre cumplió su sentencia, pero los lentos trámites por parte del Servicio Nacional de Privados de Libertad (SNAI) impidieron que salga en libertad, antes del ataque a los internos, denunció la Fundación Dignidad.
Helen Brigette Maldonado Maldonado, una mujer trans quien fue brutalmente asesinada el pasado 12 de noviembre, también figuró como víctima de los ataques a los reos.
La mujer estaba en el pabellón 2, en donde se registró el mayor número de asesinatos y detonaciones de explosivos, según fuentes policiales.
Maldonado constó en la lista de fallecidos bajo nombre de mujer; estaba presa por posesión de drogas. Tuvo una sentencia de 30 meses y había cumplido los primeros 14 meses, cuando ocurrió la masacre.
La organización de mujeres trans “Vivir Libre” presentó un enunciado a través de su cuenta de Twitter para expresar su rechazo ante tal hecho.
Entre los casos de connotación nacional también fueron ubicados Víctor Fernando Chele Loor, exsubdirector de Medicamentos del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del Guasmo Sur.
Chele fue encarcelado por la comercialización irregular del fármaco Actemra, durante la pandemia del Covid-19.
Al igual que él, también fue asesinado Abraham Muñoz, quien también fue procesado por delincuencia organizada por venta del fármaco Actemra.
Muñoz y Chele estuvieron en contacto con Daniel Salcedo, quien se encuentra en prisión por varios delitos como peculado y fraude procesal.
Hay otros casos que también llaman la atención. El señor Víctor Guaillas, defensor del agua, fue criminalizado por el paro de octubre de 2019.
El ciudadano no tenía sentencia en firme. Y la audiencia de apelación era el 4 de enero de 2022.
La Fundación Yasunidos, a través de un comunicado, anunció que iniciará acciones legales en contra de esta muerte violenta.
También se debe mencionar a Mauricio Gavidia Orozco, asesinado y quemado en el ala F1 del pabellón 2.
De acuerdo a reportes preliminares, el hombre tenía discapacidad física.
Estos reconocimientos continúan mientras se mantienen los operativos de control dentro de la cárcel, por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
A través de un comunicado, la tarde de este martes, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó que tres personas privadas de libertad fueron rescatadas tras el ingreso de los agentes de la fuerza pública.
Sin especificar nombres, la Secretaría indicó que los internos rescatados se encuentran fuera de peligro.
Acciones del Gobierno
El presidente Guillermo Lasso anunció el Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria, en el que se incluye siete medidas:
1. Se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales.
2. Se enviará un proyecto de Ley de Defensa Ciudadana a la Asamblea Nacional, que será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado.
3. La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura coordinarán acciones en el ámbito de sus competencias para el ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados por aquellas personas privadas de la libertad (PPL).
4. Se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario, de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y la ley.
5. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de dialogó entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas.
6. Indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas que se encuentren en los centros penitenciarios.
7. Y, de igual manera, la Fiscalía General del Estado contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos. (I)
