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La pesca industrial en las puertas de un santuario natural; Galápagos bajo amenaza

Fotos: pexels.com

Concluye 2021 bajo una alerta que preocupa a las autoridades ambientales del mundo: la presencia de flotas pesqueras internacionales, especialmente chinas, en las proximidades de las Islas Galápagos.

La presencia de embarcaciones chinas en aguas internacionales cerca del archipiélago de Galápagos, Ecuador, comenzó a generar preocupación a partir de 2017. Sin embargo, adquirió mayor notoriedad en julio de 2020, cuando una flota de aproximadamente 260 barcos pesqueros chinos se situó al borde de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ecuador.

Estos eventos atrajeron la atención internacional debido a los riesgos que estas operaciones representaban para la biodiversidad marina de las Islas Galápagos, un Patrimonio Natural de la Humanidad. La preocupación se centraba en la pesca masiva de especies migratorias como el calamar gigante, esenciales para el ecosistema del Pacífico. Las autoridades ecuatorianas, en conjunto con organizaciones internacionales, han monitoreado de cerca estas flotas desde entonces.

El gobierno de Ecuador ha intensificado sus esfuerzos de vigilancia marítima, utilizando satélites y patrullas navales para proteger su ZEE y disuadir actividades de pesca ilegal.

Ha pasado más de un año y todavía no se han observado acciones para erradicar este problema de forma radical.  La flota pesquera china que operaba cerca de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Ecuador, particularmente en las proximidades de Galápagos, se centraba en la pesca masiva de calamar gigante, un recurso clave para el ecosistema marino.

Aunque actuaban en aguas internacionales, su cercanía al archipiélago generaba preocupaciones sobre el impacto en especies migratorias y endémicas. Además, se sospechaba que algunos barcos ingresaban ilegalmente a la ZEE ecuatoriana, siendo interceptados en ocasiones con fauna protegida, como tiburones en peligro de extinción.

La flota china, compuesta por alrededor de 350 barcos, se dedicaba principalmente a la pesca de calamar gigante. En declaraciones a medios de comunicación, el embajador chino en Ecuador, Chen Guoyo, señaló que estas naves cumplían con las regulaciones internacionales y no capturaban especies protegidas como tiburones.

En junio de 2018, el entonces ministro Tarsicio Granizo afirmó que, aunque estas embarcaciones se encontraban fuera de la ZEE y, por lo tanto, no violaban la soberanía ecuatoriana, el Gobierno mantenía un monitoreo constante para evitar incursiones ilegales en la reserva marina de Galápagos.

Estas actividades provocaron consecuencias al desequilibrar los ecosistemas marinos que afectaron la pesca artesanal local generando tensiones diplomáticas entre Ecuador y China. En respuesta, Ecuador fortaleció la vigilancia marítima con tecnologías satelitales y patrullas, buscando proteger su biodiversidad y mitigar los efectos de la pesca insostenible cerca de su territorio.  Estas embarcaciones operaban en aguas internacionales, pero su cercanía al archipiélago ecuatoriano encendió alarmas sobre posibles impactos en el frágil ecosistema marino.

Sin embargo, organizaciones de conservación y científicos expresaron su preocupación. En declaraciones al portal Mongabay, el biólogo Alex Hearn, de la Universidad San Francisco de Quito, señaló que la Reserva Marina de Galápagos actúa como un semillero de especies que migran hacia aguas internacionales, donde son vulnerables a la pesca intensiva.

La Armada ecuatoriana intensificó la vigilancia en la Zona Económica Exclusiva Insular (ZEEI) para prevenir incursiones ilegales. Unidades navales y aéreas monitoreaban constantemente la flota pesquera, que se encontraba a unos 413 kilómetros de las islas.

En 2017, Ecuador capturó al buque chino Fu Yuan Yu Leng 999 dentro de la Reserva Marina de Galápagos, transportando 300 toneladas de pesca, incluyendo especies protegidas. Este incidente resaltó la necesidad de fortalecer las medidas de control y vigilancia en la región.

La comunidad internacional también mostró inquietud. La organización Más Galápagos alertó sobre la cercanía de estas flotas y pidió acciones concretas para garantizar la protección del ecosistema marino.

El gobierno ecuatoriano, en respuesta, reforzó la cooperación con países vecinos y organismos internacionales para monitorear y regular la actividad pesquera en la región. Además, se exploraron medidas diplomáticas para abordar la situación con las autoridades chinas.

Pescadores locales manifestaron su preocupación por la disminución de las capturas y el impacto económico en sus comunidades. La sobreexplotación de recursos marinos en aguas adyacentes podría afectar la biodiversidad y, por ende, la sostenibilidad de la pesca artesanal.

La situación en Galápagos puso de relieve la necesidad de revisar y fortalecer las regulaciones internacionales sobre pesca en aguas internacionales. Expertos abogaron por la creación de áreas marinas protegidas más allá de las jurisdicciones nacionales para salvaguardar las rutas migratorias de especies clave.

La pesca no regulada en alta mar representa una amenaza no solo para la biodiversidad, sino también para las economías locales que dependen de recursos marinos saludables. La falta de supervisión efectiva en estas áreas dificulta la implementación de prácticas pesqueras sostenibles.

En respuesta a la creciente preocupación, se llevaron a cabo ejercicios conjuntos de vigilancia marítima entre Ecuador y países como Estados Unidos, Perú y Colombia. Estas operaciones buscaron mejorar la capacidad de respuesta ante actividades pesqueras ilegales y fortalecer la cooperación regional.

La comunidad científica enfatizó la importancia de la investigación para comprender el impacto de la pesca industrial en las especies migratorias. Estudios sobre patrones de movimiento y reproducción de estas especies son esenciales para desarrollar estrategias de conservación efectivas.

Organizaciones no gubernamentales lanzaron campañas de concientización para informar al público sobre la situación en Galápagos. La presión ciudadana es fundamental para impulsar políticas que protejan los ecosistemas marinos y promuevan la pesca responsable.

Los esfuerzos de conservación no solo deben centrarse en el control de las actividades pesqueras ilegales, sino también en fomentar acuerdos globales que incluyan sanciones efectivas para las naciones que violen las normativas internacionales.

Uno de los retos identificados por los expertos es la necesidad de implementar tecnologías avanzadas de monitoreo. Esto incluye el uso de sistemas satelitales y drones para rastrear las actividades de las flotas pesqueras en tiempo real y garantizar mayor transparencia.

Además, las comunidades locales, como los pescadores artesanales, han solicitado ser parte activa de las decisiones y estrategias de conservación. Argumentan que ellos, al depender directamente del mar, tienen una visión clara de los cambios que afectan la biodiversidad.

A nivel regional, países como Perú y Chile han expresado su interés en colaborar con Ecuador para crear corredores marinos protegidos que amplíen el alcance de las zonas de conservación en el Pacífico sur.

La presencia de la flotas pesqueras pone en evidencia los retos que enfrentan los países para proteger su biodiversidad frente a actividades masivas en aguas internacionales. Aunque estas flotas operan fuera de la jurisdicción ecuatoriana, su proximidad afecta a los ecosistemas sensibles y a especies migratorias que dependen de la región. Esto subraya la importancia de fortalecer la vigilancia marítima y fomentar la cooperación internacional para garantizar prácticas pesqueras sostenibles.

A nivel global, esta situación invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la explotación de recursos marinos y la conservación del medio ambiente. La pesca intensiva, sin regulaciones claras, amenaza no solo la biodiversidad, sino también los medios de vida de comunidades locales. La protección de áreas como Galápagos es una responsabilidad compartida, esencial para preservar el patrimonio natural y asegurar la sostenibilidad de los océanos para las generaciones futuras. Las autoridades y la misma sociedad civil tienen un gran reto para erradicar este atentado contra el entorno de una maravillosa y única área protegida. (O)

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