Por Pablo Salgado J.
Son innumerables las ocasiones en las cuales los artistas, gestores, colectivos y asociaciones culturales han propuesto a la Asamblea una serie de proyectos de leyes para beneficio de la cultura nacional. Lamentablemente, en la mayoría de ocasiones no fueron acogidos. Sus proyectos y propuestas fueron desechados. La propia Ley Orgánica de Cultura y ¨Patrimonio debió pasar un verdadero viacrucis para que fuera aprobada, finalmente, el último día del año 2016. Pero en seis años de vigencia, como sabemos, la mayoría de sus mandatos han sido incumplidos.
Sin embargo, los artistas y gestores culturales son necios y obstinados. De ahí que ahora mismo presentaron a la Asamblea Nacional dos propuestas legislativas. Un proyecto de reformas a la Ley orgánica de cultura y un proyecto para incluir 4 articulados en la Ley orgánica de inversiones que, con el carácter de urgente, remitió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.
Hoy me voy a referir a la propuesta realizada por la Corporación de productores y audiovisuales del Ecuador, COPAE.
El cine y el audiovisual es, sin duda, una de las grandes industrias culturales del mundo. Según cifras de la propia COPAE, la inversión mundial en el sector audiovisual es de 62 mil 300 millones de dólares, de los cuales 4 mil 100 se Invirtieron en América Latina. Países como Colombia, Chile, Argentina y, obviamente, Brasil han logrado establecer procesos de fomento que han permitido consolidar y desarrollar una importante industria audiovisual. En el caso de Colombia es un proceso que lleva ya más de 30 años, en los cuales han logrado constituir una industria audiovisual que representa el 1.71% del PIB.
En el caso de Ecuador, lamentablemente no ha sido posible darle continuidad a ningun proceso que permita generar una mínima industria cultural. Ecuador no tiene una industria editorial, o escénica, y ni siquiera audiovisual, porque, sencillamente, no se ha logrado constituir, peor consolidar, una cadena de valor que permita su desarrollo. En el caso del cine, la creación del Consejo Nacional de Cine y el establecimiento, en el 2007, de un Fondo de fomento generó un enorme salto cuantitativo y cualitativo para el cine nacional; que pasó de producir una película cada cinco años a producir más de 300 largos y cortometrajes, además del nacimiento de innumerables festivales y la participación de películas y documentales ecuatorianos en numerosas muestras, mercados y festivales intenacionales, incluido Cannes, uno de los más importantes del mundo.
Con la expedición de la Ley orgánica de cultura y patrimonio y de la Ley orgánica de comunicación parecía que, al fin, se iniciaba un proceso serio y de largo aliento para el fomento del cine y el audiovisual. La ley de cultura creó el Instituto para la creación del cine y el audiovisual, ICCA, y se fortaleció el Fondo de fomento. Y, efectivamente, se vivió un auge en el sector, incluso con el surgimiento de un gran número de productoras para solventar la demanda publicitaria que, por ley -artículo 98- debía producirse exclusivamente en Ecuador. Sin embargo, la ilusión duró muy poco. Con el advenimiento del gobierno de Lenín Moreno, no solo que se incumplió la Ley de cultura sino que se desmanteló la institucionalidad, al punto que desapareció, de manera inconstitucional, el ICCA. Decisión que dejó en acefalía y en la orfandad al sector audiovisual. Y por si fuera poco, se incumplió también la Ley de comunicación, cuyo Reglamento fue derogado por el presidente Lasso.
La pandemia profundizó la precaria situación laboral de todo el sector de la cultura. En un principio resultó paradógico, ya que el confinamiento generó un aumento significativo en el consumo de cultura, sobre todo de cine. La nula respuesta del Gobierno para apoyar a los artistas y gestores y la escasa reactivación del sector cultural, tiene a los artistas y gestores sumidos en una gran precariedad. El 55.76% de los artistas debe ejercer el pluriempleo para poder sostener sus ingresos que, en promedio, son de apenas 563 dólares, de acuerdo a la reciente encuesta de condiciones laborales realizada por el Observatorio de políticas y economía de la cultura de la Universidad de las Artes.
Esta situación, ya insostenible, ha llevado a la COPAE, y otros gremios, a plantear este articulado para ser incluido en la Ley orgánica de inversiones que está en trámite en la Asamblea Nacional. “El país está fuera del radar de la industria. No hay un modelo de incentivos. Se desaprovechan las condiciones geográficas y ventajas cllimáticas del país,” afirma Mariana Andrade, directora del COPAE.
La propuesta contiene cuatro articulados. El primero, busca establecer como sector prioritario a la actividad audiovisual. Esto incluye “el desarrollo, preproducción, producción, post producción y distribución de contenidos audiovisuales.” El segundo propone un “Certificado de inversión audiovisual en Ecuador.” Un certificado emitido por el SRI a favor de producciones nacionales o extranjeras hasta por el 37% de los costos y gastos que incurran en el Ecuador en servicios audiovisuales y logísticos. Este certificado podrá ser utilizado como crédito tributario del impuesto a la renta. El tercero, un Régimen especial de exoneración para la industria audiovisual a la importación de bienes para la producción audiovisual. Además exoneración del impuesto a la salida de divizas para la importación de equipos y bienes perecibles para la producción audiovisual, y para el pago de salarios, honorarios, viáticos y remuneraciones. Y cuarto, se propone una exoneración de impuesto a la renta en pagos al exterior para personas con residencia fiscal en el extranjero.
No olvidemos además, que la propia Ley orgánica de cultura establece como mandato para el Ministerio de Cultura, la creación de la Comisión Fílmica, que debería dedicarse a generar condiciones para el fomento y desarrollo de la producción audiovisual de productoras internacionales en nuestro país. Lamentablemente, es otro de los tantos incumplimientos del Ente rector. La Comisión Fílmica, durante el gobierno de Rafael Correa, fue incorporada al Ministerio de Turismo. Y con la expedición de la Ley de cultura esta Comisión Filmica Ecuatoriana debía incorporar a los “ámbitos productivo, turístico, de comercio exterior para desarrollar capacidades del sector audiovisual como proveedor y exportador de servicios y para promover el territorio ecuatoriano como destino para la producción cinematográfica internacional.” Simplemente, el Ministerio de Cultura y el actual IFCI han incumplido este mandato.
Recordemos también que el año pasado en la Ley orgánica de desarrollo ecónomico y sostenibilidad fiscal, se incorporaron incentivos para que, a través de patrocinios, el sector privado se anime a invertir en cultura, ciencia y deportes, a cambio de exenciones tributarias de hasta un 150%. En el caso de la cultura la normativa emitida es tan engorrosa que muy pocas empresas privadas se han sumado a esta posibilidad. El Ministerio del Deporte, consiente de esta realidad, estructuró una nueva normativa que ha posibilitado que muchos deportistas tengan acceso patrocinios de importantes empresas. No así en el caso de la cultura, el Ministerio del ramo no ha realizado las correcciones necesarias para que este incentivo sea efectivo y genere desde la empresa privada recursos para la actividad cultural.
Ahora bien, la Ley orgánica de inversiones remitida a la Asamblea de modo urgente es, al decir de analistas económicos, una ley de privatizaciones. El economista Jhon Cajas afirma: “Es una ley que institucionaliza la idea de que necesariamente el Estado debe recoger al sector privado para realizar sus actividades. Estamos a las puertas de una nueva aceleración a los procesos de privatización encubierta.” Esta sería la razón por la cual la Ley no contaría con los votos suficientes para ser aprobada. Lo sabremos en 10 días. Mariana Andrade ha dicho: “El articulado que hemos propuesto, mejora la Ley.” Sin duda. De ahí que esta propuesta cuenta con el apoyo del presidente de la Comisión de lo económico, Daniel Noboa, quien aseguró que se incluirá en el informe para que sea finalmente debatida en el pleno de la Asamblea.
De ser el caso -que la Ley sea negada- y ante la inacción del Ministerio de cultura, quizá lo que corresponda es incorporar este articulado al proceso de reformas a la Ley orgánica de cultura que pasó ya el primer debate y que, para el segundo, se incorporarán una serie de propuestas reformatorias que han sido presentadas desde varias instituciones, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y otros colectivos culturales.
Lo cierto es que el sector del cine y el audiovisual -y los otros sectores de la cultura- no pueden permanecer mas tiempo en la orfandad. Es necesario que se implementen éstas y otras medidas para reactivar el sector y, al fin, generar una industria que no solo cree empleo sino que promueva al país como un destino seguro y eficiente para la producción audiovisual, para las inversiones en cultura, para potenciar la marca país y activar el turismo.
