El excontralor general de Ecuador, Carlos Ramón Pólit Faggioni, fue sentenciado a 10 años de prisión y a pagar la suma de $16.5 millones, tras ser hallado culpable de su participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero de alcance internacional. La sentencia fue dictada el 1 de octubre de 2024, luego de que se comprobó que Pólit recibió más de $10 millones en sobornos y blanqueó esos fondos en el sur de Florida.
De acuerdo con los documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, entre 2010 y 2015, Pólit, de 73 años, solicitó y recibió más de $10 millones en sobornos de Odebrecht S.A., la gigante constructora con sede en Brasil. Pólit, quien ocupaba el cargo de contralor general de Ecuador, tenía la responsabilidad de proteger los fondos públicos y combatir la corrupción, pero en lugar de ello, aceptó sobornos de Odebrecht a cambio de eliminar o no imponer sanciones a sus proyectos en Ecuador.
En 2015, Pólit también aceptó un soborno de un empresario ecuatoriano para ayudarle a obtener contratos con la empresa estatal de seguros de Ecuador. Además, entre 2010 y 2017, bajo las instrucciones de Pólit, otro miembro de la conspiración hizo desaparecer los fondos de los sobornos mediante el uso de empresas en Florida, registradas a nombre de amigos y asociados, muchas veces sin el conocimiento de estos. Parte de estos fondos fueron utilizados para adquirir y renovar propiedades inmobiliarias en Florida.
El pasado 23 de abril, Pólit fue declarado culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de lavado de dinero por ocultación, y dos cargos de transacciones con bienes de origen ilícito.
Este caso forma parte de una investigación más amplia relacionada con Odebrecht, que en diciembre de 2016 se declaró culpable de conspirar para violar las disposiciones anti-soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). En dicha confesión, la empresa brasileña admitió haber pagado casi $800 millones en sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluyendo Ecuador.
La condena fue anunciada por la Fiscal Principal Adjunta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicole M. Argentieri; el Fiscal General del Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe; y el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, Anthony Salisbury.
Estados Unidos reafirmó su compromiso con Ecuador tras la sentencia de 10 años contra el excontralor Carlos Pólit. A través de su cuenta oficial en X, la embajada estadounidense destacó la importancia de la cooperación bilateral en la lucha contra la corrupción. El embajador Art Brown resaltó que el caso de Pólit demuestra la necesidad de una determinación firme en la justicia y la colaboración internacional.
Además, reiteró que Estados Unidos seguirá trabajando con Ecuador para asegurar que los responsables enfrenten la justicia y fortalecer la lucha contra la corrupción global.
La Oficina de HSI en Miami llevó a cabo la investigación del caso, con el apoyo de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Asimismo, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos proporcionó asistencia significativa en la investigación, que también contó con la colaboración de las autoridades de Ecuador, Brasil, Panamá y Curazao.
El fiscal Jil Simon, el jefe adjunto Alexander Kramer de la Sección de Fraude de la División Criminal, y el abogado principal Michael N. Berger, del Distrito Sur de Florida, se encargaron de procesar el caso. Por su parte, las fiscales Nicole Grosnoff y Sandra Demirci, del mismo distrito, se encargan de las gestiones de confiscación de bienes.
Este caso es parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia para hacer cumplir la FCPA y prevenir la extorsión en el extranjero. Se pueden encontrar más detalles sobre las acciones de cumplimiento de la FCPA en la página web del Departamento de Justicia.
La sentencia de Pólit marca un precedente en la lucha contra la corrupción a nivel internacional, subrayando la cooperación entre diferentes países y organismos para combatir la impunidad y asegurar que los responsables de actos ilícitos rindan cuentas ante la justicia. (I)