La Asamblea Nacional decidió archivar el proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos, conocido como ‘Ley Antipillos’, enviado por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente. Con 84 votos de las bancadas de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, la propuesta fue descartada debido a su carácter impositivo y falta de enfoque en el lavado de activos. Sin embargo, asambleístas de provincias fronterizas proponen medidas alternativas para reactivar la economía en sectores vulnerables.
Propuestas desde las provincias fronterizas
Pedro Velasco, asambleísta de Carchi, expresó su rechazo al proyecto del Ejecutivo y planteó que deben considerarse reformas con impacto directo en la población. “Propusimos incluir beneficios en la banca pública y privada, cooperativas de ahorro y los préstamos del BIESS, así como moratorias por la crisis energética”, señaló. Asimismo, destacó la importancia de un IVA diferenciado para los cantones de frontera, como establece el artículo 249 de la Constitución.
La iniciativa busca reducir temporalmente el IVA al 8% en provincias fronterizas como Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas, El Oro y Loja, amparándose en la necesidad de generar competitividad frente a economías vecinas. “La reducción del IVA permitiría reactivar negocios afectados por la pandemia, la crisis energética y las recesiones económicas. Esto no solo dinamizaría la economía, sino que brindaría un alivio a los pequeños emprendedores”, agregó.
La propuesta cuenta con el respaldo de sectores productivos y cámaras de comercio locales, quienes consideran que la medida fomentará la competitividad frente a países vecinos como Colombia, donde los costos de producción son más bajos. “Colombia tiene mano de obra y materia prima más barata; sus productos son más competitivos. Nosotros no podemos competir con esos precios sin medidas concretas”, enfatizó.
Críticas al manejo del proyecto archivado
La decisión de archivar la ‘Ley Antipillos’ fue defendida por varios asambleístas, quienes argumentaron que el proyecto incluía disposiciones que excedían su objetivo principal. Jorge Peñafiel, proponente del archivo, señaló que “el proyecto no atendía el problema real del lavado de activos y proponía impuestos confiscatorios”. Estas preocupaciones fueron compartidas por Vicente Taiano, del PSC, quien advirtió que la ley tenía tintes de persecución.
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El proyecto del Ejecutivo proponía incrementar impuestos, como un gravamen sobre vehículos usados, lo cual fue calificado como inconstitucional por analistas. “Cuando se envía un proyecto económico urgente, no puede incluir materias dispares. La falta de criterio de unidad de materia viola la Constitución”, subrayó un legislador.
Los críticos coincidieron en que cualquier nueva propuesta del Ejecutivo debería enfocarse exclusivamente en fortalecer la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y combatir el lavado de activos sin introducir cargas tributarias adicionales. “La UAFE no ha demostrado resultados positivos hasta ahora; es necesario fortalecerla para un combate real contra el crimen organizado”, dijo un asambleísta.
Velasco reconoció que su propuesta del IVA diferenciado podría generar una disminución en los ingresos del Estado, pero destacó que “el efecto positivo de la reactivación económica en las provincias fronterizas compensaría cualquier pérdida”. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Finanzas aún deben evaluar el impacto real de la medida. (I)
