Alejandro Muñoz, secretario General de la Asamblea, defendió la constitucionalidad del archivo del proyecto de Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocido como la ‘Ley Antipillos’.
En una rueda de prensa, el funcionario explicó que la legitimidad del archivo se ampara en los artículos 140 de la Constitución y 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La Asamblea Nacional de Ecuador negó y archivó el proyecto de norma, en una resolución adoptada el pasado 27 de noviembre con 84 votos a favor de la negativa y archivo. Este rechazo, realizado en el primer debate del proyecto, ha generado una nueva controversia entre el Legislativo y el Ejecutivo, encabezado por el presidente Daniel Noboa.
El Ejecutivo, por su parte, explora alternativas para que la propuesta entre en vigencia, incluso evaluando la posibilidad de promulgarla mediante el Ministerio de la Ley. Según José De La Gasca, ministro de Gobierno, «esto no ha muerto, esta discusión no está muerta».
En ese sentido, Muñoz detalló que los proyectos de ley urgentes en materia económica siguen el mismo procedimiento ordinario que cualquier otra iniciativa legislativa, diferenciándose únicamente en los plazos. En el caso de la Ley Antipillos, se resolvió su archivo en el primer debate, lo cual, explicó, es completamente legal y constitucional.
“La decisión del Pleno se fundamenta en el procedimiento legislativo ordinario. La negativa y el archivo del proyecto ya han sido publicados en el Registro Oficial, por lo que el trámite ha concluido”, afirmó Muñoz. Además, advirtió que cualquier intento del Ejecutivo por promulgar la ley sería considerado un acto ilegal, inconstitucional y un posible delito de usurpación de funciones públicas.
Controversia por el procedimiento
El Gobierno, sin embargo, cuestiona la legalidad del archivo antes de que se cumpliera el tiempo establecido para el tratamiento legislativo. En el espacio de entrevistas A Primera Hora, De La Gasca aseguró que el Legislativo fue precipitado, al aprobar el archivo sin dar paso al segundo debate. Según el Ejecutivo, esto deja abierta la posibilidad de promulgar la ley a través del Ministerio de la Ley si se considera que el Parlamento incumplió con los plazos.
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“El Ejecutivo analiza varias alternativas. Una de ellas es que, al cumplirse los 30 días que establece la Constitución para los proyectos económicos urgentes, este se publique por el Ministerio de la Ley”, señaló el ministro.
En respuesta, la Asamblea Nacional emitió un comunicado el 28 de noviembre reiterando que el proyecto ya fue archivado de manera definitiva. Según el Legislativo, cualquier acción por parte del Ejecutivo para promulgar la ley sería inconstitucional y contraria a la resolución adoptada.
“El Pleno de la Asamblea resolvió negar y archivar el proyecto conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo tanto, no podría ser promulgado ni publicado en el Registro Oficial”, señala el comunicado.
Muñoz también advirtió que cualquier funcionario que ignore esta resolución podría incurrir en el delito de usurpación y simulación de funciones públicas, según lo dispuesto en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal. (I)
