La Asamblea Nacional aprobó este 17 de diciembre de 2024 iniciar un proceso de fiscalización por el presunto uso del malware Pegasus por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa. El objetivo es determinar si esta herramienta fue utilizada para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos, lo que ha despertado preocupación entre los legisladores.
Con 111 votos a favor de los 112 presentes, el Pleno resolvió delegar a la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, presidida por Inés Alarcón (Acción Democrática Nacional, ADN), la investigación del caso. La comisión tendrá un plazo de 30 días para presentar un informe con conclusiones y recomendaciones sobre el supuesto uso de Pegasus.
La propuesta fue presentada por el primer vicepresidente de la Asamblea, Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), quien mostró un video explicativo sobre qué es Pegasus y cómo ha sido denunciado a nivel internacional. Vera aclaró que si bien este software fue creado en Israel para combatir el terrorismo y el crimen organizado, su mal uso ha sido reportado por varias organizaciones de derechos humanos.
“Vemos con preocupación que los rumores sobre la adquisición y uso de Pegasus en Ecuador están creciendo. Es necesario determinar si el Gobierno ha adquirido esta herramienta y con qué propósito”, afirmó Vera, quien presentó la moción aprobada por el Pleno.
Como parte del proceso de fiscalización, la Asamblea también solicitó la comparecencia indelegable del director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi Contugi, quien deberá explicar en un plazo de 10 días si el Gobierno posee esta herramienta y cómo ha sido utilizada.
Además, la Asamblea dispuso oficiar al embajador de Israel en Ecuador, Tzach Sarid, para que proporcione información sobre Pegasus y su posible adquisición por parte del Estado ecuatoriano. Este pedido responde a las sospechas de que actores estatales o privados estarían involucrados en la utilización de esta herramienta de espionaje.
Durante el debate, el legislador Jorge Chamba (ADN), cuestionó la resolución al considerar que está basada en rumores y publicaciones de redes sociales. “No hay tal Pegasus y nunca lo habrá. El Gobierno ha invertido en seguridad, pero para dotar de armamento a la Policía, no para espiar”, señaló.
Sin embargo, la bancada oficialista ADN respaldó la fiscalización, sumándose a Revolución Ciudadana, PSC, Construye y algunos independientes. Esta unión refleja una preocupación compartida por los legisladores respecto a la posible vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Asamblea reiteró al Gobierno la importancia de respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y garantizar que no se realicen prácticas de espionaje ilegítimas. Asimismo, exhortó a las autoridades a implementar medidas para prevenir el uso de software malicioso tanto en el presente como en el futuro.
“No buscamos confrontar, solo queremos conocer la verdad. Si se ha adquirido Pegasus, debe ser utilizado de forma correcta y transparente”, enfatizó Otto Vera durante su intervención.
El malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido objeto de denuncias internacionales por su uso indebido para espiar a periodistas, activistas y líderes políticos. Originalmente diseñado para combatir el terrorismo, su implementación fuera de estos límites ha generado controversia global.
La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral tendrá la potestad de convocar a autoridades y entidades públicas pertinentes para esclarecer los hechos. El informe final será presentado al Pleno de la Asamblea, que decidirá los pasos a seguir con base en los hallazgos obtenidos.
Esta resolución se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad digital y la protección de la privacidad en Ecuador, temas que han cobrado relevancia en el debate político y social del país.
Por último, la Asamblea hizo un llamado a las autoridades a respetar el derecho a la privacidad y la legalidad en el uso de herramientas tecnológicas, garantizando que estas no vulneren los derechos de la ciudadanía ni se conviertan en instrumentos de persecución política o social. (I)
