La Corte Constitucional (CC) de Ecuador decidió admitir a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la denominada «Ley Antipillos» y, como medida cautelar, suspendió su aplicación de manera temporal. La decisión fue anunciada este viernes, 20 de diciembre de 2024.
Esta ley, oficialmente llamada Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, fue enviada al Registro Oficial por el presidente Daniel Noboa el pasado 9 de diciembre mediante Decreto Ley, luego de que la Asamblea Nacional archivara el proyecto.
La presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, respaldada por un grupo de asambleístas, presentó la demanda de inconstitucionalidad ante la sede de la Corte Constitucional en Quito el 18 de diciembre. La acción busca impugnar la promulgación de la norma, que consideran violatoria de los procedimientos legislativos.
El Primer Tribunal de Sala de Admisiones de la CC evaluó la demanda y determinó que cumple con los requisitos para ser admitida. Además, concluyó que existen «elementos de gravedad, verosimilitud e inminencia» que justifican la emisión de una medida cautelar que detiene temporalmente la aplicación de la ley.
La Corte aclaró que esta decisión no implica un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto, sino que busca prevenir posibles afectaciones mientras se analiza la constitucionalidad de la norma. La medida permanecerá vigente hasta que se emita un dictamen final.
Entre los aspectos más controvertidos de la «Ley Antipillos» está la imposición de un nuevo impuesto que oscila entre el 1,25% y el 5% sobre la compra y venta de vehículos valorados en más de $ 50 000. Este punto ha sido criticado por diversos sectores que consideran que perjudica a los ecuatorianos.
La ley también introduce reformas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y regula el funcionamiento de clubes deportivos, con el objetivo declarado de combatir el lavado de activos y fortalecer la recaudación tributaria del Estado.
Por su parte, la Asamblea Nacional celebró la suspensión de la ley. En un comunicado, Viviana Veloz calificó la normativa como un «paquetazo navideño» que sobrecarga de impuestos a los ciudadanos. Además, reiteró que el archivo del proyecto en primer debate fue una decisión válida y conforme a la ley.
El Ejecutivo, sin embargo, defendió la promulgación de la norma argumentando que los proyectos con carácter de económico urgente no pueden ser archivados en su primera instancia legislativa. Esta postura generó un conflicto jurídico que ahora está en manos de la Corte Constitucional.
La «Ley Antipillos» fue promovida por el Gobierno como una herramienta clave para prevenir y sancionar el ingreso de capitales ilícitos al país, con el objetivo de afectar la economía delincuencial y mejorar las finanzas públicas. No obstante, ha enfrentado resistencia tanto en el Legislativo como en sectores de la sociedad civil.
La decisión de la Corte Constitucional marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Gobierno y la Asamblea Nacional, y su resolución podría sentar un precedente sobre la relación entre ambas funciones del Estado. Por ahora, la aplicación de la «Ley Antipillos» queda suspendida hasta que el tribunal se pronuncie definitivamente.
Reacción del Gobierno fue inmediata
En un comunicado emitido la noche del 20 de diciembre de 2024, el Ministerio de Gobierno calificó la suspensión como “una peligrosa pausa” en la lucha contra el crimen organizado y señaló que la Ley es una herramienta esencial para combatir el financiamiento ilícito. Además, responsabilizó a la Asamblea de haber generado el problema al rechazar la normativa, obligando al Ejecutivo a corregir el proceso.
El Gobierno confirmó que presentará sus argumentos ante la Corte para defender la vigencia de la Ley y pidió al Tribunal Constitucional evaluar su impacto en la seguridad ciudadana. Tanto la Presidencia como la Procuraduría del Estado tienen tres días para intervenir en el proceso, mientras que la Asamblea deberá remitir la documentación relacionada con la Ley en el mismo plazo. (I)
