Durante los últimos meses de 2024, Ecuador se enfrentó a una de las crisis energéticas más severas en seis décadas. Los apagones programados de hasta 14 horas diarias marcaron la vida cotidiana de millones de personas y dejaron cicatrices profundas en la economía nacional.
La magnitud de las pérdidas es clara. El Banco Central estimó que los apagones provocaron un impacto de casi USD 2.000 millones, lo que equivale a una caída del 1,4% del PIB. El comercio fue el sector más golpeado: perdió USD 763 millones por ventas no realizadas y cierres obligados en horarios de máxima actividad.
La manufactura también sufrió. Se estima que este sector dejó de generar USD 380 millones por la interrupción de procesos industriales que dependen de energía continua. Los servicios no escaparon a la crisis. Empresas de telecomunicaciones, consultoras, bancos y actividades profesionales reportaron una caída de USD 374 millones.
En los hogares, la situación se tradujo en rutinas alteradas. Familias enteras pasaron tardes y noches a oscuras, con refrigeradores apagados y alimentos dañados, estudiantes incapaces de conectarse a clases virtuales y pacientes que vieron retrasada su atención médica.
Según cifras oficiales, la economía ecuatoriana se redujo un 2% en 2024. Una de las causas centrales de esa contracción fue el estiaje extremo y los prolongados cortes eléctricos. El consumo de los hogares, uno de los motores de la economía, se redujo en un 1,3%.
El gasto público cayó un 1,2%, reflejo de un Estado debilitado que, en medio de la crisis, priorizó subsidios eléctricos de emergencia en lugar de nuevas inversiones productivas. La inversión en construcción y maquinaria descendió un 3,8%, un indicador directo del freno empresarial ante la incertidumbre energética.
En total, 15 de los 20 sectores productivos del país cerraron 2024 en rojo. Solo la agricultura, las actividades financieras, los bienes raíces, la salud y la producción de alimentos lograron cifras positivas, aunque marginales.
La agricultura creció un 3,1%, sostenida por exportaciones como el banano y el camarón, que dependen menos del suministro eléctrico nacional.
En contraste, industrias intensivas en electricidad, como las acerías, las cementeras y las mineras, fueron obligadas a detener sus operaciones. El Gobierno priorizó el servicio residencial, dejando a la industria con apagones prolongados durante diciembre.
La medida salvó a los hogares de pasar las fiestas sin luz, pero se tradujo en pérdida de empleos y reducción de exportaciones. Solo en dos semanas, las industrias afectadas reportaron pérdidas por más de USD 100 millones y pusieron en riesgo 5.500 plazas laborales.
Los apagones también tuvieron un costo social. En hospitales, los generadores de emergencia no siempre funcionaron. Hubo cirugías suspendidas y tratamientos oncológicos reprogramados. El sistema educativo vio interrumpidas las clases en línea y redujo horas presenciales por falta de luz.
Pequeños negocios, desde panaderías hasta peluquerías, se vieron forzados a cerrar en jornadas claves, reduciendo ingresos familiares. La incertidumbre afectó la confianza ciudadana. Encuestas realizadas en enero de 2025 mostraron que 8 de cada 10 ecuatorianos creen que el país no está preparado para enfrentar otra crisis energética.
El panorama para 2025, en ciernes
El inicio de 2025 trajo un respiro temporal. Las lluvias de diciembre y enero elevaron los caudales de los ríos y permitieron recuperar el nivel de embalses como Mazar y Paute.
El embalse de Mazar, que llegó al borde del colapso en noviembre, empezó a llenarse a un ritmo récord: 150 metros cúbicos por segundo, frente a los apenas 0,8 metros cúbicos que registraba en el peor momento de la sequía.
Gracias a ello, el país completó 18 días consecutivos sin apagones en enero. El 69% de la electricidad nacional provino de hidroeléctricas, y Coca Codo Sinclair aportó en promedio 862 MW, equivalente al 57% de su capacidad.
Sin embargo, el alivio es frágil. Expertos advierten que Ecuador sigue dependiendo de las lluvias y que el sistema eléctrico está “muy sentido”. Los técnicos hablan de un déficit estructural. El país necesita incorporar al menos 1.300 MW adicionales para cubrir la creciente demanda y garantizar estabilidad.
El Cenace proyecta que el consumo nacional aumentará entre 300 y 400 MW por hora en 2025, presionando aún más la generación disponible. De los contratos de emergencia firmados por el Gobierno, solo una parte se ha concretado. Hasta enero, únicamente 100 MW de la barcaza turca Karpowership estaban en operación.
La central hidroeléctrica Toachi Pilatón logró sumar 136 MW, aunque sigue en pruebas. Otros proyectos, como los 341 MW prometidos por la empresa Progen, no han entrado en funcionamiento pese a que debieron hacerlo desde noviembre de 2024.
En la práctica, Ecuador comenzó 2025 con un déficit de al menos 744 MW, lo que equivale a la demanda de toda una ciudad como Quito durante varias horas de consumo intensivo. El panorama de mediano plazo no es alentador. Contratos para nuevas plantas de ciclo combinado, que aportarían 400 MW, podrían tardar hasta 18 meses en concretarse.
La dependencia de la importación de energía desde Colombia tampoco ofrece garantías. El país vecino podría restringir las ventas en época de sequía para cubrir su propia demanda. La ministra de Energía, Inés Manzano, reconoció que la crisis no está superada y que el “primer examen real” llegará con el estiaje de abril.
La mayor hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair, sigue mostrando problemas estructurales. Su producción es irregular, promediando apenas 800 MW, poco más de la mitad de su capacidad instalada.
Los retos para el gobierno de Daniel Noboa
El presidente Daniel Noboa inició 2025 en un escenario complejo. Por un lado, ofreció terminar con los apagones en diciembre de 2024. Cumplió parcialmente: las viviendas recuperaron el servicio, pero la industria quedó a oscuras.
Ahora, la promesa de estabilidad energética enfrenta un desafío doble: cumplir con contratos retrasados y evitar que el déficit energético se traduzca en nuevas pérdidas económicas. La economía, golpeada por la crisis de 2024, necesita crecer un 2,8% en 2025 para empezar a recuperarse, según proyecciones del Banco Central.
Pero ese objetivo depende de condiciones que no controlan del todo las autoridades: lluvias regulares, llegada a tiempo de equipos contratados y una gestión transparente en la política energética.
El Gobierno también tiene sobre la mesa un ajuste fiscal pendiente. Con un déficit público que se profundizó en 2024, Noboa debe balancear el gasto en subsidios, la inversión en seguridad y las urgentes necesidades del sector eléctrico. La inseguridad, otro de los factores que frenó la inversión el año pasado, sigue en aumento.
A eso se suma la necesidad de recuperar la confianza empresarial, dañada por la parálisis de proyectos productivos durante los apagones. El reto político no es menor. Noboa gobierna con un nuevo régimen constitucional que le exige resultados rápidos en medio de un país polarizado.
Cumplir con la promesa de modernizar el sector energético, diversificar las fuentes de generación y blindar al país frente a futuros estiajes será clave para sostener su legitimidad.
Los expertos coinciden: Ecuador necesita incorporar al menos 400 MW nuevos cada año para responder al crecimiento de la demanda. Sin esa inversión sostenida, el riesgo de volver a la oscuridad seguirá presente.
Los apagones de 2024 dejaron una lección clara: la electricidad no es solo un servicio público, es la columna vertebral de la economía moderna. El país ahora se enfrenta a la prueba de demostrar si aprendió de la crisis o si, una vez más, quedará atrapado en el ciclo de improvisación.
En las próximas semanas, cuando llegue el estiaje de abril, los ecuatorianos volverán a mirar al cielo con esperanza. Las lluvias o su ausencia decidirán, en gran medida, si las luces del país siguen encendidas o si regresa la sombra de los apagones. (I)
