
Valentina Centeno, líder de la Bancada ADN, ofreció una declaración sobre la propuesta del bloque para crear una comisión ocasional que investigue las causas de violencia e inseguridad en Ecuador entre 2007 y 2023. Esta iniciativa surge en medio de una crisis de seguridad que ha afectado al país en los últimos años.
Según cifras oficiales, en 2023, Ecuador registró 8.237 muertes violentas, lo que se traduce en una tasa de 46,18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si bien en 2024 se observó una reducción del 16% en estos indicadores, con 6.964 muertes violentas y una tasa de 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes, las cifras son preocupantes.
La propuesta de Centeno busca analizar factores como la legalización de pandillas bajo discursos de pacificación, la implementación de una tabla de consumo de drogas y el desmantelamiento de unidades de inteligencia policial y militar. Estos elementos, según la asambleísta, podrían haber contribuido al incremento de la criminalidad en el país.
En 2024, a pesar de la reducción en la tasa de homicidios, Ecuador continuó enfrentando desafíos significativos en materia de seguridad. La violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado persistió, afectando diversas áreas del país y generando preocupación en la ciudadanía.
La comisión propuesta tendría un plazo inicial de 180 días para llevar a cabo la investigación, con posibilidad de extensión por el mismo período. El equipo estaría conformado por asambleístas con experiencia legislativa, incluyendo a Carlos Edilberto Vera Mora, Inés Margarita Alarcón Bueno, Rafael Antonio Dávila Eguez, Patricia Monserrat Mendoza Jiménez y Lucia Lizbeth Jaramillo Zurita.
La iniciativa de Centeno se enmarca en un contexto donde las políticas de seguridad han sido objeto de debate. En 2024, el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, movilizando a las Fuerzas Armadas para combatir a organizaciones delictivas. Esta medida resultó en una disminución temporal de los homicidios, aunque la violencia repuntó en meses posteriores.
Además, durante 2024, se registraron incidentes que evidencian la gravedad de la situación, como el atentado al canal TC Televisión en Guayaquil, atribuido a la banda Los Tiguerones. Este evento resaltó la capacidad operativa de las organizaciones criminales y su influencia en diversas esferas de la sociedad.
La propuesta de la asambleísta Centeno también busca evaluar las consecuencias de la expulsión de la base militar de Manta, que, según ella, ha contribuido al aumento de la trata de personas y de las muertes violentas. Este análisis pretende identificar las repercusiones de dicha decisión en la seguridad nacional.
Otro aspecto a investigar es la implementación de una tabla de consumo de drogas, que, según Centeno, ha llevado a un incremento en los niveles de adicción en la población. La comisión analizaría cómo esta política ha influido en la salud pública y en la seguridad ciudadana.
El desmantelamiento de las unidades de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas es otro punto crítico en la agenda de la comisión. La asambleísta sostiene que esta acción debilitó la capacidad del Estado para anticipar y contrarrestar actividades delictivas, permitiendo el fortalecimiento de organizaciones criminales.
La creación de esta comisión especializada e independiente se ampara en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que faculta al Pleno de la Asamblea para conformar comisiones ocasionales con objetivos específicos. La aprobación de esta propuesta dependerá de las deliberaciones y votaciones en las próximas sesiones del pleno.
La situación de inseguridad en Ecuador ha tenido repercusiones en diversos sectores, incluyendo la economía. El robo de combustible y otros actos delictivos han generado pérdidas significativas en la industria petrolera, afectando la producción y las finanzas del país.
La decisión final sobre la conformación de la comisión propuesta por la asambleísta Centeno será tomada en las próximas sesiones del pleno de la Asamblea Nacional. De aprobarse, esta comisión podría desempeñar un papel crucial en la identificación de las causas profundas de la violencia en Ecuador y en la formulación de políticas efectivas para combatirla. (I)